Venezolano es acusado de homicidio en Moniquirá, Boyacá

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Adrián José Valderrama González, a quien señalan como el presunto responsable del homicidio agravado del servidor judicial Javier Sánchez Medina. Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2025 en la vereda Monjas Bajo, en Moniquirá, Boyacá. La víctima, un abogado sustanciador del Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá, fue hallado con signos de violencia en su lugar de residencia, mientras que su vehículo apareció abandonado en la zona urbana.

Los elementos probatorios de la Fiscalía indican que Valderrama González, un ciudadano venezolano, habría acompañado al servidor judicial hasta su casa. Una vez allí, presuntamente le causó la muerte y escapó. Posteriormente, ante la presión de la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se presentó voluntariamente en la estación de policía de Moniquirá. A pesar de que se entregó, la Fiscalía pudo recolectar suficientes pruebas para imputarle el delito.

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Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Valderrama González el delito de homicidio agravado. Solicitó la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, a lo que el juez de control de garantías accedió. El crimen de un servidor judicial es un hecho de gran gravedad que conmociona a la comunidad, y el sistema judicial colombiano está tomando medidas para que el presunto responsable responda por sus actos.

El asesinato de Javier Sánchez Medina se suma a una serie de hechos de violencia que han afectado a los servidores judiciales en Colombia, a quienes a menudo amenazan o atacan por sus roles en la administración de justicia. Estos crímenes no solo afectan a las víctimas y sus familias, sino que también socavan el Estado de derecho y la confianza en las instituciones. La Fiscalía trabaja para investigar y judicializar a los responsables de estos crímenes.

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La captura y judicialización de Valderrama González es un paso fundamental en la búsqueda de justicia para la víctima. Las autoridades deben continuar investigando a fondo el caso para determinar si hay otros implicados o si el crimen está relacionado con la labor profesional de la víctima. Por lo tanto, el sistema judicial debe garantizar un proceso transparente y justo para el acusado, mientras que la sociedad debe rechazar la violencia contra quienes dedican sus vidas a hacer cumplir la ley.