El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos de varios apartes del Decreto 802 de 2026, una decisión que impide, por el momento, que el Gobierno Nacional realice un traslado cercano a $4 billones del Presupuesto General de la Nación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de atender la emergencia provocada por el fenómeno de El Niño. La medida fue adoptada como una medida cautelar de urgencia mientras el alto tribunal estudia una demanda de nulidad contra el decreto.
La controversia gira en torno a que los apartes suspendidos facultaban al Ministerio de Hacienda para modificar partidas presupuestales mediante decreto. Según el análisis preliminar del Consejo de Estado, esas facultades podrían invadir competencias que la Constitución reserva al Congreso de la República, por lo que decidió frenar temporalmente su aplicación hasta emitir un fallo definitivo.
La demanda fue presentada por la senadora María Clara Posada, quien argumentó que el decreto otorgaba al Ejecutivo facultades para efectuar cuantiosos movimientos de recursos sin la autorización del Legislativo. El Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó la suspensión provisional de las disposiciones cuestionadas, aclarando que la decisión no resuelve el fondo del caso, sino que busca evitar posibles efectos jurídicos mientras se desarrolla el proceso.
Con esta decisión judicial, el Gobierno mantiene vigente la declaratoria de desastre nacional, pero queda limitado para ejecutar los traslados presupuestales previstos en el Decreto 802 bajo el mecanismo suspendido. En consecuencia, los recursos por aproximadamente $4 billones no podrán ser movilizados mediante esa vía hasta que el Consejo de Estado adopte una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto o se utilice otro mecanismo autorizado por la ley