El Valle del Cauca ha desembolsado alrededor de $1.200 millones en recompensas desde 2024, lo que ha permitido la captura de 168 delincuentes, entre ellos cabecillas como alias Nacho en Tuluá, Cacachi en Buenaventura y Santi en Palmira. Estos golpes han sido celebrados como victorias contra el crimen organizado y han devuelto cierta tranquilidad a comunidades golpeadas por la violencia.
No obstante, la estrategia abre un debate crítico: ¿hasta qué punto es sostenible depender de la información ciudadana financiada con recursos públicos? La bolsa de recompensas, aunque efectiva en el corto plazo, puede convertirse en un mecanismo costoso y permanente, que exige un flujo constante de dinero para mantener resultados inmediatos, sin atacar las raíces del problema.
El subsecretario de Seguridad y Gestión en Convivencia, Jaime Alberto Durán Charria, reconoce que el sistema ha sido útil para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, pero advierte que la inversión debe equilibrarse con políticas de prevención y programas sociales que reduzcan la reproducción del delito. “Las recompensas son un instrumento, no la solución definitiva”, ha señalado en distintos escenarios.
La Tasa de Seguridad también financia tecnología, infraestructura y apoyo logístico para la Fuerza Pública, lo cual representa un avance. Sin embargo, la crítica apunta a que el énfasis en recompensas puede terminar siendo un paliativo que posterga la construcción de un modelo integral de seguridad.
En conclusión, los resultados son visibles y las capturas relevantes, pero el reto está en evitar que la Tasa de Seguridad se convierta en un desangre económico. El Valle necesita que cada peso invertido no solo produzca capturas, sino que contribuya a un sistema más sólido, capaz de prevenir y reducir la criminalidad de manera estructural.