Paloma Valencia «El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos»

Paloma Valencia, candidata presidencial, en su cuenta en X anunció demanda contra Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026 expedido por el gobierno de Gustavo Petro, al considerar que vulnera la libertad de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad del sector productivo en Colombia.

«Le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos»

Según Valencia, la normativa otorga a los sindicatos facultades desproporcionadas al permitirles acceder a información financiera sensible de las empresas, incluyendo datos estratégicos y secretos empresariales.

El decreto contempla acuerdos de confidencialidad y la candidata advirtió que estos mecanismos
serían insuficientes para proteger a las compañías frente a posibles filtraciones o usos indebidos de la información.

La norma establece la participación de los sindicatos en una sola mesa de negociación cuando existan varios y deja en claro las reglas para los representantes de estas organizaciones. También se refiere al pago de la cuota sindical.

Paloma cuestionó la implementación de negociaciones sindicales por sectores o grupos de empresas, cuyos acuerdos serían obligatorios para todas las compañías, sin considerar sus condiciones particulares.

«Esto ignora realidades como crisis financieras, procesos de insolvencia o esfuerzos por evitar la
quiebra, imponiendo cargas que muchas empresas no podrán asumir»

Empleados obligados a pagar cuota a los sindicatos:

Otro de los puntos críticos es la obligatoriedad del pago de cuotas sindicales por parte de todos los trabajadores, estén o no afiliados.

Valencia calificó esta medida como una violación a la libertad individual y la comparó con un “nuevo impuesto” que beneficiaría a los sindicatos.

Alertó que el decreto limitaría la capacidad de negociación directa entre empresas y trabajadores, subordinándola a acuerdos sectoriales, lo que —según afirmó— “ata de manos al empresariado y otorga un poder excesivo a las organizaciones sindicales”.

Finalmente, Valencia sostuvo que esta decisión representa “un ataque directo al aparato productivo” y anunció acciones legales inmediatas para frenar su implementación, reiterando su llamado a proteger el empleo, la inversión y la libertad económica en el país.

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