El Gobierno Senegal busca endurecer las penas contra la homosexualidad

El Gobierno de Senegal, bajo la dirección del primer ministro Ousmane Sonko, avanza en una propuesta legislativa para duplicar las penas de prisión contra las personas condenadas por actos homosexuales. Durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado miércoles, la administración aprobó un proyecto de ley que eleva las sanciones máximas de cinco a diez años de cárcel para quienes realicen actos «contra natura». Por esta razón, el Ejecutivo busca armonizar el Código Penal con los valores tradicionales y religiosos que rigen a la mayoría de la sociedad senegalesa. Asimismo, el texto incluye un aumento sustancial en las multas financieras, las cuales podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA frente a los 1,5 millones actuales, estableciendo un cerco legal más estricto contra la comunidad LGBTQI+ en el país.

Respecto a la estructura de la norma, el proyecto redefine los delitos bajo el Artículo 319 para incluir no solo los actos individuales, sino también la promoción o el fomento de estas relaciones por parte de organizaciones civiles. De igual manera, la propuesta responde a la presión de colectivos conservadores y líderes religiosos que exigen una criminalización explícita desde hace varios años tras el fracaso de intentos parlamentarios previos. Por tal motivo, el primer ministro advirtió que Senegal no aceptará presiones externas ni agendas internacionales que contravengan la identidad cultural de la nación africana. Además, las autoridades locales justifican esta medida como una herramienta de protección de la moral pública, a pesar de las crecientes críticas de organismos defensores de los derechos humanos.

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Por otra parte, diversas fuentes oficiales de la ONU y analistas internacionales en la red social X resaltan que esta decisión ocurre en un contexto de creciente hostilidad y arrestos masivos en ciudades como Dakar. Diversos portales de noticias con alta reputación informan que, a principios de febrero de 2026, la policía capturó a doce hombres bajo cargos de homosexualidad, lo que avivó el discurso de odio en los medios locales. Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal canceló recientemente eventos de temática LGTBI organizados por diplomacias europeas, alegando que dichas actividades violan la soberanía cultural del país. Igualmente, las redes sociales reflejan una polarización extrema entre quienes apoyan el endurecimiento de la ley y quienes temen por la integridad física de las minorías sexuales.

En cuanto a las salvaguardas legales, el proyecto de ley contempla castigos de hasta tres años de prisión para aquellas personas que denuncien falsamente a otros por homosexualidad sin presentar pruebas contundentes. Por consiguiente, el Gobierno intenta mitigar los linchamientos públicos y las represalias privadas que han proliferado en las últimas semanas debido a la paranoia social. Por otro lado, la comunidad internacional observa con preocupación cómo Senegal se suma a la tendencia de otros países de África subsahariana que endurecen su legislación contra la diversidad sexual. De este modo, la aprobación definitiva del texto queda ahora en manos de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo cuenta con un respaldo mayoritario para convertir esta propuesta en ley vigente antes de que finalice el primer semestre del año.

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Mientras los activistas locales denuncian un clima de persecución constante, el primer ministro Sonko mantiene su postura firme de no permitir lo que denomina «propaganda extranjera» en territorio nacional este 24 de febrero de 2026. La transparencia en el debate parlamentario resultará vital para determinar el alcance real de las nuevas restricciones y su impacto en la cooperación diplomática con las potencias occidentales. De igual modo, los expertos sugieren que esta maniobra política consolida la base electoral del Gobierno ante los sectores más tradicionalistas de la población. Así, la jornada cierra con una nación en vilo, donde la defensa de los valores culturales choca frontalmente con los estándares universales de protección a las minorías en pleno siglo XXI.