Los países nórdicos han atravesado en los últimos años un proceso de revisión de sus políticas migratorias y de asilo. Aunque cada Estado mantiene su propia legislación y no existe una reforma única y conjunta para toda la región, Finlandia, Suecia y Dinamarca, entre otros países del norte de Europa, han promovido cambios en la forma en que se reciben, procesan y gestionan las solicitudes de asilo.
Las modificaciones responden a distintos factores: la presión política para reducir la migración irregular, las preocupaciones sobre seguridad y control fronterizo, la necesidad de agilizar procedimientos administrativos y la entrada en vigor de un nuevo marco europeo sobre migración y asilo.
El resultado es una transformación progresiva de los sistemas nacionales. Mientras algunos gobiernos han puesto el énfasis en acelerar los procedimientos, otros han endurecido las condiciones para permanecer en el país durante el trámite o han reforzado los mecanismos de retorno para quienes reciben una decisión negativa.
Finlandia modificó su legislación para agilizar el sistema
Finlandia se convirtió en uno de los países nórdicos que impulsó cambios concretos en la normativa relacionada con el procesamiento de las solicitudes de asilo.
En mayo de 2025, el Gobierno finlandés anunció modificaciones a la Ley de Extranjería destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema de asilo. Las reformas entraron en vigor el 1 de junio de ese año y buscaron dar mayor importancia a la entrevista de asilo dentro del procedimiento, además de introducir medidas para prevenir lo que las autoridades consideran un uso indebido del sistema.
La reforma también se relacionó con la política de retorno. Las autoridades finlandesas han impulsado medidas para facilitar la ejecución de decisiones de expulsión y reforzar la obligación de cooperación de las personas que reciben una orden de salida del país. De acuerdo con los desarrollos recogidos por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, la legislación finlandesa estableció mayores obligaciones para quienes deben abandonar voluntariamente el territorio tras una decisión de retorno.
Sin embargo, el debate sobre el asilo en Finlandia no se limita a la rapidez administrativa.
Desde 2024, el país ha adoptado medidas excepcionales relacionadas con su extensa frontera con Rusia. En ese contexto, el Gobierno obtuvo facultades para limitar temporalmente la recepción de solicitudes de asilo en determinadas zonas fronterizas cuando considere que existe una situación de instrumentalización migratoria o una amenaza a la seguridad nacional.
Estas decisiones generaron críticas de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre los riesgos de restringir el acceso individual al procedimiento de protección internacional. El debate se ha centrado especialmente en la necesidad de mantener el principio de no devolución, que prohíbe devolver a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros riesgos graves.
Suecia avanza hacia un sistema migratorio más restrictivo
Suecia representa uno de los cambios más significativos dentro del panorama nórdico. El país fue durante décadas uno de los principales destinos europeos para solicitantes de protección internacional, especialmente durante la crisis migratoria de 2015.
Sin embargo, la política sueca ha cambiado de manera considerable durante los últimos años.
Los datos recogidos en informes especializados muestran que las solicitudes de protección internacional continuaron disminuyendo. En 2025 se registraron 6.737 solicitudes preliminares en Suecia, una reducción del 30 % frente al año anterior y una caída acumulada del 60 % desde 2022.
El Gobierno sueco ha atribuido parte de esta reducción al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas desde la llegada de la actual coalición de centroderecha, que cuenta con el respaldo parlamentario de los Demócratas de Suecia.
En junio de 2026 comenzó a aplicarse un nuevo marco europeo para la gestión de la migración y el asilo. La Agencia Sueca de Migración explicó que el sistema establece procedimientos diferenciados para el tratamiento de las solicitudes, incluyendo una fase inicial de registro y clasificación del caso antes de determinar el procedimiento aplicable. Como regla general, una persona puede manifestar su intención de solicitar protección durante el proceso de control y la solicitud debe ser registrada dentro del plazo previsto por la normativa.
Las autoridades suecas han insistido en que los nuevos procedimientos no modifican por sí mismos los criterios sustantivos para determinar si una persona necesita protección internacional. El cambio se concentra, principalmente, en la organización y gestión de los casos.
No obstante, Suecia también ha avanzado en otras reformas migratorias de carácter más restrictivo. Entre ellas figura la eliminación de una vía que permitía a algunos solicitantes de asilo rechazados cambiar hacia un permiso de residencia por trabajo sin abandonar previamente el país.
Además, el Gobierno anunció en 2026 su intención de exigir que los solicitantes de asilo residan en centros de acogida designados mientras se tramitan sus casos. La propuesta contempla consecuencias para quienes incumplan determinadas obligaciones de residencia y localización, dentro de una estrategia más amplia para reducir las permanencias irregulares y facilitar el seguimiento de las personas cuya solicitud ha sido rechazada.
Dinamarca mantiene una de las políticas migratorias más estrictas de Europa
Dinamarca ha seguido una línea diferente a la de otros países nórdicos, aunque comparte la tendencia hacia un mayor control migratorio.
El país mantiene una política que busca reducir el número de personas que reciben protección permanente y ha impulsado durante años mecanismos para revisar la situación de quienes ya cuentan con permisos de residencia.
En 2026, además, el nuevo Reglamento europeo de Gestión del Asilo y la Migración comenzó a aplicarse en la Unión Europea y en varios países asociados al sistema, entre ellos Noruega e Islandia. Este reglamento reemplazó en gran medida al anterior sistema de Dublín y busca determinar qué país es responsable de examinar una solicitud de asilo, evitando que un mismo caso sea analizado simultáneamente por varios Estados.
La situación danesa tiene particularidades jurídicas debido a su posición especial dentro de los acuerdos europeos en materia de justicia e interior. Por ello, las autoridades danesas explicaron que, mientras la nueva regulación no estuviera plenamente incorporada a su legislación nacional, continuarían aplicándose en términos generales las reglas del sistema de Dublín, salvo aquellas disposiciones ya autorizadas por la normativa interna.
Paralelamente, el Gobierno danés ha continuado evaluando medidas relacionadas con la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves, el seguimiento de las personas sujetas a órdenes de salida y la revisión de los permisos de protección. Reuters informó a comienzos de 2026 sobre nuevas iniciativas destinadas a endurecer las normas de deportación, en medio de un debate europeo cada vez más intenso sobre el equilibrio entre seguridad, control migratorio y derechos fundamentales.
Noruega e Islandia también se adaptan al nuevo marco europeo
Aunque Noruega e Islandia no forman parte de la Unión Europea, ambos países participan en mecanismos europeos relacionados con la determinación del Estado responsable de examinar una solicitud de asilo.
En junio de 2026, el Consejo de la Unión Europea autorizó la apertura de negociaciones para actualizar los acuerdos con Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, con el objetivo de permitir su participación en partes relevantes de la nueva normativa europea sobre gestión del asilo y la migración.
La importancia de estas negociaciones radica en que las decisiones tomadas por un país pueden afectar a los demás Estados participantes. Si una persona presenta solicitudes en diferentes países, las reglas europeas buscan establecer cuál de ellos debe asumir la responsabilidad principal del expediente.
Noruega también ha participado en los cambios administrativos derivados de la evolución de los flujos migratorios europeos. De acuerdo con la Agencia de Asilo de la Unión Europea, el país reanudó a finales de 2025 la evaluación de solicitudes de protección de ciudadanos sirios, después de que varios Estados europeos suspendieran temporalmente o revisaran sus procedimientos tras los cambios políticos ocurridos en Siria.
Islandia, por su parte, también forma parte del grupo de países asociados a los mecanismos europeos de responsabilidad sobre las solicitudes de protección y figura dentro de los procesos de adaptación al nuevo sistema.
Un cambio que responde tanto a la política interna como a las nuevas reglas europeas
El endurecimiento o la reorganización de los procedimientos de asilo en los países nórdicos no puede entenderse únicamente como una respuesta a la llegada de migrantes.
En Suecia y Dinamarca, por ejemplo, el debate migratorio se ha convertido en un asunto central de la política interna. Los gobiernos han argumentado que un sistema más estricto permite mejorar la integración, reducir los abusos administrativos y garantizar que las personas que no tienen derecho a permanecer en el país abandonen el territorio.
Los críticos, en cambio, advierten que algunas de estas reformas pueden dificultar el acceso efectivo a la protección internacional.
Organizaciones humanitarias y expertos en derecho migratorio han cuestionado especialmente las restricciones en las fronteras, la reducción de determinadas garantías procedimentales y las políticas que buscan acelerar los retornos. El principal punto de discusión es cómo combinar la gestión de las fronteras con las obligaciones internacionales de protección de refugiados.
El principio de no devolución continúa siendo uno de los elementos centrales del debate. En términos generales, los Estados no pueden devolver a una persona a un territorio donde existan motivos fundados para considerar que podría sufrir persecución o graves violaciones de sus derechos.
Por esa razón, las reformas nacionales deben coexistir con las obligaciones derivadas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el derecho europeo y otros tratados internacionales de derechos humanos.
Las solicitudes de asilo han disminuido en parte de la región
Uno de los elementos que acompañan estas reformas es la reducción del número de solicitudes en algunos países nórdicos.
Suecia registró en 2025 su nivel más bajo de solicitudes de asilo en varias décadas, según datos difundidos por el Gobierno y recogidos por Reuters. La reducción se produjo después de años de endurecimiento progresivo de las políticas migratorias.
En Finlandia, las autoridades también han proyectado cifras relativamente moderadas en comparación con las grandes crisis migratorias de la última década. Sin embargo, el país considera que su frontera oriental y la posibilidad de una utilización política de los flujos migratorios constituyen un factor de seguridad que requiere mecanismos excepcionales de respuesta.
Estas diferencias muestran que el debate nórdico no responde a una única realidad.
Suecia enfrenta las consecuencias políticas y sociales de haber sido uno de los principales receptores de solicitantes de asilo en Europa durante la última década. Finlandia concentra parte de sus preocupaciones en la seguridad fronteriza. Dinamarca mantiene desde hace años una estrategia orientada a limitar la inmigración y reforzar los retornos, mientras Noruega e Islandia deben adaptar sus sistemas a los cambios del marco europeo en el que participan.
Un equilibrio cada vez más complejo entre control y protección
Las modificaciones normativas impulsadas o evaluadas por los países nórdicos reflejan una transformación más amplia de la política migratoria europea.
El objetivo ya no se limita a decidir quién obtiene o no protección internacional. Los gobiernos están reformando todo el proceso: el registro inicial, la asignación del país responsable, la duración de los procedimientos, las condiciones de residencia durante la espera y la ejecución de las decisiones de retorno.
La entrada en funcionamiento del nuevo Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración añade una nueva etapa a este proceso. Suecia y otros Estados europeos ya han comenzado a adaptar sus procedimientos, mientras Dinamarca mantiene un régimen jurídico particular y Noruega e Islandia avanzan en la actualización de sus acuerdos con la Unión Europea.
En conjunto, las reformas muestran una tendencia clara: los países nórdicos están revisando la manera en que gestionan las solicitudes de asilo, aunque las medidas concretas varían según la situación política, jurídica y geográfica de cada nación.
El debate seguirá abierto entre dos objetivos que, en ocasiones, entran en tensión: por un lado, la voluntad de los gobiernos de ejercer un mayor control sobre sus fronteras y reducir la migración irregular; por otro, la obligación de garantizar que las personas que huyen de conflictos, persecuciones o riesgos graves puedan acceder a un procedimiento justo para solicitar protección.
La evolución de estas políticas será especialmente relevante en los próximos años, a medida que los Estados nórdicos terminen de adaptar sus sistemas al nuevo marco europeo y continúe el debate político sobre hasta dónde deben llegar las restricciones sin afectar las garantías fundamentales del derecho de asilo.