CELAG advierte sobre falencias en el preconteo del formulario E-14: «queda en manos de contratistas privados»

El informe de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica analiza el sistema de preconteo electoral en Colombia y advierte sobre varias debilidades en el proceso de transmisión de resultados preliminares. Según el estudio, aunque el resultado oficial de una elección lo determinan los escrutinios posteriores, el preconteo tiene un enorme peso político y mediático porque es la primera información que conoce el país tras el cierre de las urnas.

El análisis explica que el proceso consta de siete etapas que van desde el diligenciamiento del formulario E-14 en las mesas de votación hasta la publicación de boletines preliminares. Uno de los principales problemas identificados aparece desde el inicio: el llenado del formulario E-14 por parte de los jurados electorales. La cartilla oficial no obliga a realizar una verificación cruzada entre las tres copias del documento, por lo que en la práctica muchas veces cada jurado llena hojas distintas por separado. Esto puede generar inconsistencias y errores, especialmente en elecciones complejas como las legislativas de 2022, cuando el formulario del Senado llegó a tener once páginas.

El informe sostiene que, después de diligenciar el E-14, gran parte del proceso deja de estar directamente bajo control estatal y pasa a depender de contratistas privados. Los resultados son transmitidos por teléfono por operadores contratados y luego digitados manualmente por otros operadores en los llamados Centros de Recepción Telefónica (CRT). Esto implica una segunda transcripción de datos sin una comparación inmediata con el documento original, aumentando el riesgo de equivocaciones.

Otro punto crítico señalado es la falta de supervisión por parte de los partidos políticos dentro de los CRT. Mientras en las mesas de votación y en los escrutinios oficiales existen testigos electorales acreditados, en los centros donde se reciben y transcriben los resultados preliminares no habría un mecanismo equivalente de vigilancia. Según el informe, esto reduce la transparencia del proceso.

El estudio también menciona la figura del “patinador”, una persona encargada de transportar físicamente formularios dentro de los centros operativos. De acuerdo con el análisis, esta función no está claramente regulada en normas públicas y su existencia se conoce principalmente por testimonios de personas que han trabajado como contratistas del sistema electoral.

Después de la recepción telefónica, los formularios son escaneados y procesados mediante software de reconocimiento de imágenes. Sin embargo, cuando el sistema no logra leer correctamente ciertos datos, las correcciones se hacen manualmente. El informe advierte que tampoco existiría un mecanismo automático que permita verificar esas modificaciones contra el acta original, lo que deja espacio para errores operativos.

El documento subraya además que el preconteo no tiene una regulación específica dentro del Código Electoral colombiano. Según CELAG, tampoco existe un protocolo técnico y operativo completamente público que establezca estándares obligatorios de auditoría, trazabilidad y control. Aunque los resultados preliminares no tienen efectos jurídicos definitivos, sí influyen fuertemente en la percepción pública y en la narrativa política de la jornada electoral.

Como comparación, el informe analiza el sistema mexicano PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), considerado uno de los más avanzados de América Latina. A diferencia del modelo colombiano, el PREP está regulado expresamente por la ley mexicana y cuenta con protocolos técnicos públicos antes de cada elección. Además, el sistema mexicano reduce las transcripciones manuales porque digitaliza directamente las actas desde las mesas de votación e incorpora mecanismos de verificación cruzada y trazabilidad digital mediante identificadores criptográficos.

La comparación destaca que en México es posible rastrear cada dato publicado hasta el acta original con controles verificables, mientras que en Colombia todavía predominan procesos manuales y la participación de operadores privados en varias etapas sensibles del preconteo.

El debate sobre estas fallas aparece en un contexto de fuerte polarización política en Colombia y de cuestionamientos sobre la transparencia electoral, especialmente después de las elecciones legislativas de 2022. En esos comicios, el escrutinio oficial modificó de manera importante los resultados preliminares anunciados la noche electoral, generando controversias y desconfianza en algunos sectores.

Finalmente, el informe aclara que no existen pruebas públicas de un fraude sistemático derivado de estas vulnerabilidades. Sin embargo, sostiene que la acumulación de errores potenciales, vacíos normativos y procedimientos manuales puede afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral colombiano. Por ello, plantea la necesidad de modernizar integralmente el mecanismo de transmisión de resultados, fortalecer los controles públicos y aumentar la transparencia y trazabilidad del preconteo electoral.