Abelardo De La Espriella vendió durante meses la idea de una campaña financiada con su patrimonio, pero ahora su propio contador certifica que no aportó ni un peso

Una certificación firmada por el contador de Defensores de la Patria abrió una explosiva contradicción alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella. Aunque durante meses sostuvo que su proyecto presidencial se financiaba con recursos propios, el documento oficial afirma que no realizó aportes personales ni en dinero ni en especie.
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El relato de la campaña de Abelardo de la Espriella fue “sin dueños”, insistiendo durante meses en que su carrera hacia la Casa de Nariño dependía de recursos propios, de su patrimonio y de créditos respaldados por ese músculo financiero. Ahora, la certificación suscrita por el contador oficial de su campaña sostiene exactamente lo contrario, que no se recibieron aportes propios, ni en dinero ni en especie, del entonces candidato durante la primera y la segunda vuelta presidencial.

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El documento está fechado el 21 de agosto de 2026 y fue firmado por Alfonso Soler Casteblanco, quien se identifica como contador designado de la campaña presidencial del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria para el periodo 2026-2030. La frase no deja espacio para interpretaciones. Allí se certifica que “durante la Campaña a la Presidencia de la República en Primera y Segunda Vuelta no se recibieron aportes a título de Recursos Propios en dinero ni en especie del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero”. La afirmación choca frontalmente con lo que la propia campaña había sostenido públicamente antes de las elecciones.

Durante meses, varios medios nacionales informaron que la organización de De la Espriella reiteró que su campaña se financiaba “exclusivamente con recursos propios” y que no recibía donaciones. Según aquellas comunicaciones, los recursos provenían “exclusivamente del patrimonio del candidato y de créditos adquiridos para su financiación”, que posteriormente serían cubiertos con la eventual reposición estatal de votos.

No fue una expresión aislada. En abril, la campaña volvió a insistir en esa narrativa al anunciar una auditoría internacional de sus finanzas. Defensores de la Patria señaló que la candidatura funcionaba con “recursos propios y con algunos créditos bancarios”, presentando ese esquema precisamente como una garantía de independencia frente a terceros. La contradicción es todavía más llamativa porque el propio De la Espriella habló públicamente de gastos que aseguraba haber pagado de su bolsillo.

Durante la campaña afirmó que financió personalmente el multitudinario evento realizado en el Movistar Arena de Bogotá. Según declaraciones recogidas por El Tiempo, el alquiler del escenario habría costado aproximadamente entre $280 millones y $300 millones, una suma que el entonces candidato aseguró que salió directamente de su propio patrimonio. También sostuvo que parte del sostenimiento provenía de la comercialización de tenis, prendas, vino, llaveros y gorras asociadas a la campaña.

Incluso su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, defendió públicamente esa estructura financiera. En marzo aseguró en Caracol Radio que era preferible adelantar una campaña “con el dinero propio del candidato Abelardo de la Espriella”, precisamente para evitar compromisos posteriores con financiadores externos. Restrepo explicó además que la financiación se estructuraba sobre la base del patrimonio del candidato y deuda que posteriormente podría pagarse con reposición de votos.

Por eso el documento firmado por Soler Casteblanco golpea directamente una de las principales banderas políticas con las que De la Espriella construyó su imagen de independencia. No se trata simplemente de una diferencia semántica.

Si los recursos salieron del patrimonio del candidato y entraron formalmente a la campaña como aportes personales, tendría que existir una trazabilidad contable compatible con esa versión. Si, por el contrario, la certificación es correcta y no hubo aportes propios de ninguna naturaleza durante primera ni segunda vuelta, surge entonces la necesidad de explicar con precisión cómo fueron registrados los recursos que financiaron una campaña nacional de enorme despliegue publicitario y logístico.

El propio documento incorporado entre la información patrimonial del presidente confirmó que Alfonso Soler certificó que la campaña no recibió recursos propios “en dinero ni en especie” de Abelardo de la Espriella. La discusión adquiere todavía más fuerza después de las recientes correcciones hechas a la declaración de bienes y rentas del mandatario.

La primera publicación generó controversia porque consignaba más de $10.272 millones bajo el apartado de ingresos, pero no reportaba bienes patrimoniales, inversiones, sociedades ni siquiera a Ana Lucía Pineda como cónyuge. Posteriormente, el documento fue corregido y apareció un escenario financiero radicalmente distinto, con bienes patrimoniales superiores a $20.455 millones, siete cuentas bancarias distribuidas entre Colombia, Estados Unidos e Italia, obligaciones superiores a $3.590 millones y participación accionaria en Cosenza SAS.

La nueva versión reportó además alrededor de $546 millones en ingresos correspondientes a 2025, incluyendo $30 millones por honorarios y más de $516 millones clasificados como otros ingresos y rentas. Es decir, la controversia sobre las cuentas personales del presidente ya venía creciendo cuando apareció un segundo interrogante aún más sensible sobre los recursos utilizados en la campaña que lo llevó al poder.

Y existe otro detalle que hace todavía más necesario despejar las dudas. Durante la contienda, De la Espriella llegó a insistir en que no recibía “un solo peso” para su campaña de terceros y explicó que había cuentas bloqueadas precisamente para impedir consignaciones externas. También afirmó haber contratado una auditoría internacional para revisar cada peso que entraba y salía del proyecto político.

Por eso una explicación pública y documentada resulta indispensable. La certificación no demuestra por sí sola que hubiera financiación irregular, mucho menos que existieran recursos ilegales. Tampoco permite afirmar quién financió concretamente cada gasto de campaña. Pero sí deja establecida una contradicción verificable entre el discurso público de autofinanciación y un documento firmado por el contador oficial en el que consta que el candidato no realizó aportes propios en dinero ni en especie.

Ahora falta responder lo elemental. Cómo se contabilizaron los créditos mencionados durante la campaña, quién figuró jurídicamente como deudor, qué ocurrió con los recursos que De la Espriella decía sacar personalmente de su patrimonio, bajo qué categoría fueron reportados gastos como el Movistar Arena y cómo se concilia todo aquello con una certificación que registra cero aportes propios.