Jurado de votación denuncia acoso por parte de una delegada en Bogotá

Un ciudadano bogotano denunció públicamente este martes 10 de marzo de 2026 una serie de atropellos y acoso laboral sufridos durante la pasada jornada electoral del 8 de marzo. A través de un video difundido en la plataforma TikTok, el joven relató cómo una delegada de la Registraduría, plenamente identificada como Laura Alejandra Rodríguez Castro, lo hostigó mientras él cumplía su deber como jurado en el puesto 18 de la localidad de Barrios Unidos. Por esta razón, el denunciante decidió romper el silencio y exponer los detalles de una vigilancia que calificó como asfixiante e injustificada desde las primeras horas de la mañana. Asimismo, el afectado señaló que la funcionaria lo perseguía incluso hasta la puerta de los baños y le gritaba de forma despectiva frente a otros ciudadanos y familiares, transformando una obligación civil en una experiencia traumática.

Respecto a los momentos de mayor tensión, el joven aseguró que la delegada amenazó con negarle el certificado de jurado de votación cuando él salió a almorzar en un turno acordado con sus compañeros de mesa. De igual manera, el relato describe un nivel de persecución digital alarmante, pues la funcionaria supuestamente presionó a los otros jurados para que rastrearan las redes sociales del denunciante y contactaran su emprendimiento personal. Por tal motivo, sus compañeros de equipo actuaron como testigos de cómo la mujer buscaba al ciudadano «como loca», generando un ambiente de zozobra que afectó el desempeño normal de la mesa de votación número 12. Además, el joven expresó que hablar sobre el acoso siendo hombre le genera una profunda pena, pero considera necesario visibilizar estas conductas para que ninguna otra persona sufra intimidaciones similares por parte de servidores públicos.

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Por otra parte, diversas fuentes de la Personería de Bogotá y reportes verificados en las cuentas oficiales de la Registraduría Nacional resaltan que los delegados de puesto tienen funciones de supervisión técnica, pero carecen de autoridad para hostigar o vigilar la vida privada de los jurados. Diversos portales de noticias de alta reputación informan que la entidad ya recibió la queja formal y evalúa la apertura de un proceso disciplinario contra la funcionaria implicada en este presunto caso de abuso de poder. Adicionalmente, el Código General Disciplinario de Colombia establece sanciones severas para los servidores que utilicen su cargo para maltratar o perseguir a ciudadanos que prestan un servicio público transitorio. Igualmente, las autoridades electorales recuerdan que el certificado de votación constituye un derecho legal que nadie puede retener por criterios personales o represalias.

En cuanto al impacto emocional de la denuncia, el ciudadano reveló que su pasado marcado por situaciones de acoso lo impulsó a no minimizar más estos comportamientos despectivos. Por consiguiente, el video no solo funciona como una prueba testimonial, sino también como una herramienta de empoderamiento para otros hombres que temen denunciar la persecución laboral debido a prejuicios sociales. Por otro lado, la Registraduría Nacional enfrenta ahora el reto de garantizar que sus delegados reciban capacitaciones más estrictas en relaciones humanas y respeto al ciudadano antes de las próximas elecciones presidenciales de mayo. De este modo, el caso de Barrios Unidos se convierte en un precedente sobre la importancia de mantener entornos laborales seguros y respetuosos durante los procesos democráticos más importantes del país.

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Mientras la Registraduría adelanta las investigaciones internas este martes de marzo, el joven agradece el apoyo masivo que ha recibido en redes sociales tras la publicación de su testimonio. La transparencia en la resolución de este conflicto resulta vital para que los bogotanos mantengan la confianza en las instituciones encargadas de custodiar los votos de la nación. De igual modo, los expertos sugieren que las grabaciones y los testimonios de los compañeros de mesa serán piezas fundamentales para que la Procuraduría General determine la responsabilidad de Rodríguez Castro. Así, la jornada de denuncias post-electorales en Bogotá cierra con un llamado a la dignidad, reafirmando que cumplir con la patria no debe significar nunca renunciar al respeto personal y a la tranquilidad mental.