Cisjordania atraviesa una de sus peores crisis sanitarias de los últimos años. La retención de ingresos fiscales por parte de Israel ha profundizado el déficit de la Autoridad Palestina, que acumula una deuda millonaria con hospitales, proveedores y farmacéuticas. El resultado ya se refleja en centros de salud que funcionan de manera limitada, falta de medicamentos, salarios incompletos y miles de procedimientos médicos aplazados.
La crisis financiera de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) está teniendo consecuencias directas sobre el sistema sanitario de Cisjordania. La falta de recursos ha reducido la capacidad de los hospitales públicos para atender a pacientes, mientras que las restricciones de movilidad y los controles militares complican todavía más el acceso a los servicios médicos.
El problema no es completamente nuevo. Sin embargo, durante 2026 la situación se ha deteriorado hasta un punto en el que organizaciones humanitarias, organismos de Naciones Unidas y autoridades sanitarias advierten de que el sistema se encuentra al borde del colapso.
Un informe divulgado esta semana por Physicians for Human Rights Israel (PHRI), citado por Associated Press, señala que aproximadamente el 75 % de los centros sanitarios públicos han reducido sus operaciones y funcionan solamente uno o dos días por semana. La organización atribuye parte importante de esta situación a la crisis financiera provocada por la retención de ingresos fiscales palestinos.
¿Por qué Israel retiene fondos destinados a la Autoridad Palestina?
Para comprender la crisis sanitaria es necesario entender primero cómo funciona el sistema financiero palestino.
La Autoridad Palestina no controla plenamente las fronteras, puertos y puntos de entrada de mercancías. En virtud de los acuerdos económicos establecidos durante el proceso de Oslo, Israel recauda determinados impuestos y aranceles correspondientes a los bienes destinados a los territorios palestinos y posteriormente debe transferir esos ingresos a la ANP.
Estos recursos, conocidos como ingresos de compensación o clearance revenues, representan una fuente fundamental de financiación para la administración palestina y permiten pagar salarios públicos, proveedores y servicios esenciales.
El problema es que Israel ha retenido una parte considerable de esos recursos en distintos momentos y bajo diferentes argumentos políticos, de seguridad y financieros.
Según Associated Press, Israel había retenido al menos 2.500 millones de dólares de estos ingresos desde 2023 hasta junio de 2026, de acuerdo con datos del International Crisis Group. La agencia también señala que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dejó de transferir mensualmente los ingresos de compensación a la ANP el año pasado.
El diario El País, por su parte, sitúa la cifra acumulada desde 2019 en aproximadamente 4.000 millones de euros en impuestos y aranceles retenidos. Las cifras no son necesariamente contradictorias: corresponden a periodos y cálculos diferentes sobre los fondos retenidos y las deducciones aplicadas.
La consecuencia es que la ANP dispone de mucho menos efectivo para sostener sus instituciones.
Una administración palestina cada vez más endeudada
La falta de ingresos ha obligado a la Autoridad Palestina a operar bajo fuertes restricciones presupuestarias.
En marzo de 2026, el Gobierno palestino aprobó un presupuesto de emergencia que contempla una reducción del gasto y prioriza servicios básicos como salud, educación y protección social. El propio Gobierno advirtió que, si continúa la retención de los ingresos de compensación, el déficit fiscal podría alcanzar alrededor del 70 %.
El Banco Mundial también ha descrito la situación financiera de la ANP como una crisis grave. En su monitor económico de mayo de 2026 señaló que, si los ingresos de compensación permanecían suspendidos, el déficit podría aumentar hasta unos 3.800 millones de dólares, con un impacto directo sobre el pago parcial de salarios y el aumento de las deudas con proveedores y fondos públicos.
La situación se traslada inevitablemente al sistema sanitario.
Según la información publicada por El País, el Ministerio de Sanidad de la ANP acumula una deuda aproximada de 2.600 millones de séqueles, equivalentes a unos 747 millones de euros, con empresas farmacéuticas, importadores y hospitales privados a los que el sistema público deriva pacientes cuando no puede atenderlos directamente.
La deuda equivale a una parte enorme del presupuesto sanitario palestino y dificulta que los hospitales puedan mantener un suministro regular de medicamentos y materiales.
Hospitales públicos obligados a priorizar las emergencias
El deterioro financiero está afectando directamente a la atención médica.
La Organización Mundial de la Salud ya había advertido en mayo de 2026 que la crisis financiera de la Autoridad Palestina estaba limitando severamente la atención sanitaria en Cisjordania y que los hospitales públicos estaban ofreciendo principalmente servicios de emergencia y tratamientos destinados a salvar vidas.
La situación descrita en los últimos días muestra que el problema se ha profundizado.
Los centros sanitarios tienen dificultades para mantener plantillas completas porque los trabajadores reciben salarios reducidos o acumulan retrasos en sus pagos. Según El País, algunos profesionales médicos han llegado a tener el equivalente a 18 meses de salarios pendientes, mientras que las vacantes producidas por jubilaciones tampoco son cubiertas adecuadamente.
Associated Press informó además que el ministro palestino de Salud, Majed Abu Ramadan, señaló que algunos trabajadores que no reciben su salario completo han dejado de acudir a sus puestos, provocando acumulación de pacientes y retrasos en cirugías que no son consideradas de emergencia.
Esto genera un círculo difícil de romper: menos dinero significa menos personal, menos personal implica menor capacidad de atención y la reducción de servicios provoca que más pacientes recurran a los pocos centros que continúan funcionando.
Faltan medicamentos esenciales y suministros médicos
Uno de los efectos más preocupantes es la escasez de medicamentos.
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicado en junio, indicó que el Ministerio de Salud palestino había alertado sobre una creciente falta de medicamentos, materiales de laboratorio y suministros médicos.
Según ese informe, más de un tercio de los medicamentos esenciales habían llegado a niveles de existencias de cero.
La cifra incluía:
- 180 de los 520 medicamentos incluidos en la lista de medicamentos esenciales.
- 50 de los 97 medicamentos utilizados para tratamientos contra el cáncer.
- Un total de 726 productos farmacéuticos y suministros médicos fuera de stock.
- 265 suministros médicos especializados agotados.
- 79 productos de laboratorio sin existencias.
La situación pone en riesgo especialmente a pacientes que necesitan tratamientos continuos, entre ellos personas con cáncer y pacientes sometidos a diálisis.
La escasez no solamente afecta tratamientos complejos. También alcanza medicamentos utilizados para enfermedades crónicas, lo que puede convertir una enfermedad controlable en una emergencia.
Más de 11.000 cirugías aplazadas durante 2026
La falta de medicamentos y materiales, combinada con la reducción del personal, también ha repercutido en la actividad quirúrgica.
Según OCHA, más de 11.000 cirugías programadas habían sido aplazadas desde comienzos de 2026 debido a los efectos de la crisis financiera y la falta de suministros.
Los pacientes con enfermedades que requieren seguimiento permanente son particularmente vulnerables.
Entre ellos están los enfermos de cáncer, personas con insuficiencia renal que necesitan diálisis y pacientes con problemas cardiovasculares.
El retraso de una cirugía o la interrupción de un tratamiento no siempre produce consecuencias inmediatas, pero puede agravar progresivamente la enfermedad y aumentar el riesgo de complicaciones.
La atención primaria también está funcionando de manera limitada
La crisis no se limita a los hospitales.
Los centros de atención primaria, que deberían funcionar como primera línea del sistema sanitario, también han reducido considerablemente sus horarios.
El informe sanitario de 2025 de la OMS citado por El País señala que el 63 % de los centros de atención primaria de Cisjordania funcionaban parcialmente, y muchos solamente abrían un día por semana. Antes de la actual crisis, algunos de estos centros podían prestar servicios seis días a la semana.
La reducción de horarios significa que una persona con una enfermedad crónica puede tener dificultades para obtener una consulta, renovar una receta o recibir un medicamento.
Cuando la atención primaria deja de funcionar adecuadamente, más pacientes terminan recurriendo a hospitales, aumentando todavía más la presión sobre instalaciones que ya tienen problemas de personal y suministros.
La crisis financiera se combina con las restricciones de movilidad
La situación económica no es el único problema.
Cisjordania también enfrenta una extensa red de puestos de control, barreras y restricciones de movimiento que pueden dificultar el desplazamiento de pacientes, ambulancias y trabajadores sanitarios.
OCHA informó en julio que las operaciones militares, las restricciones de movimiento, la violencia de colonos, la escasez de medicamentos y la falta de financiación seguían limitando las operaciones sanitarias en el territorio. En ese momento, los actores humanitarios mantenían una red de 870 puntos de prestación de servicios sanitarios, entre ellos hospitales, centros de atención primaria y clínicas móviles.
Para algunos pacientes, llegar hasta un hospital puede convertirse en un problema tan importante como conseguir una cita.
Associated Press informó que durante julio se produjeron casos de mujeres que dieron a luz en ambulancias después de encontrarse con puestos de control cerrados. La agencia también recogió denuncias sobre otras muertes relacionadas con retrasos para llegar a centros hospitalarios.
El Ejército israelí ha negado que exista una política destinada a impedir la atención médica de civiles y sostiene que los retrasos están relacionados con procedimientos de seguridad y coordinación en los puestos de control. En uno de los casos mencionados por AP, las autoridades militares dijeron que una ambulancia no había completado la coordinación requerida antes de llegar al punto de control.
Las clínicas móviles intentan llenar el vacío
Ante el deterioro del sistema público, organizaciones humanitarias están ampliando las clínicas móviles.
Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en Iktaba, cerca de Tulkarem, en el norte de Cisjordania.
Una clínica móvil de Physicians for Human Rights Israel atendió esta semana a cientos de pacientes que buscaban medicamentos, consultas y tratamientos que no habían podido conseguir en centros públicos o farmacias privadas. AP informó que la organización ha visto aumentar aproximadamente al doble el número de personas que acuden diariamente a sus clínicas móviles durante los últimos dos años: de unas 250 a alrededor de 500.
La demanda también ha aumentado en centros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), aunque la propia organización enfrenta limitaciones financieras que dificultan ampliar sus servicios.
Estas clínicas no sustituyen a un sistema hospitalario funcional. Su objetivo es cubrir parcialmente las necesidades de comunidades que tienen dificultades para acceder a los centros médicos convencionales.
Un sistema sometido a varias crisis simultáneas
La situación sanitaria de Cisjordania no puede atribuirse únicamente a un problema presupuestario.
La crisis financiera se superpone con otros factores: las operaciones militares israelíes, las restricciones de movimiento, el desplazamiento de población, la violencia de colonos, las dificultades para importar determinados suministros y la reducción de la capacidad de organizaciones humanitarias.
La OMS ha advertido que las restricciones de movimiento en Cisjordania están afectando el acceso a los servicios médicos y que la crisis financiera de la Autoridad Palestina está limitando gravemente la capacidad de los hospitales públicos.
OCHA, por su parte, continúa registrando dificultades para que las organizaciones sanitarias lleguen a comunidades vulnerables y señala que los problemas de financiación y la escasez de medicamentos siguen afectando las operaciones humanitarias.
Por eso, aunque la retención de ingresos fiscales es uno de los principales elementos de la crisis financiera, no es el único factor que explica el deterioro del sistema sanitario.
El impacto sobre los pacientes
El problema finalmente termina trasladándose a las personas.
Associated Press documentó el caso de Bassam Musleh, de 70 años, un paciente con marcapasos que pasó meses buscando medicamentos para la presión arterial y el corazón. Al no encontrarlos en los dispensarios públicos y no poder pagar los precios de las farmacias privadas, terminó recurriendo a una clínica móvil en Iktaba.
El País también recogió testimonios de pacientes que deben decidir entre comprar medicamentos y cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.
Para las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas y las familias desplazadas, la combinación de pobreza, falta de medicamentos y dificultades de transporte puede tener consecuencias especialmente graves.
La atención sanitaria deja de ser únicamente una cuestión de disponibilidad médica y se convierte también en un problema económico y logístico.
Una crisis que amenaza con profundizarse
El Gobierno palestino ha intentado mantener los servicios esenciales mediante presupuestos de emergencia, reducción del gasto y apoyo internacional.
El Banco Mundial ha advertido que la crisis fiscal de la Autoridad Palestina tiene consecuencias directas sobre la prestación de servicios básicos y ha reclamado resolver el problema de los ingresos de compensación y aumentar el apoyo financiero externo.
La organización también ha movilizado financiación para ayudar a la Autoridad Palestina a mantener servicios como salud y educación en Cisjordania.
Sin embargo, mientras continúe el déficit de financiación, el sistema sanitario seguirá dependiendo de medidas de emergencia, organizaciones humanitarias y clínicas móviles.
El riesgo es que la crisis pase de una situación de funcionamiento limitado a una interrupción cada vez mayor de servicios esenciales.
Una emergencia sanitaria que trasciende los hospitales
La crisis presupuestaria de Cisjordania muestra cómo una disputa financiera y política puede terminar teniendo consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población.
Los miles de millones de dólares retenidos, el déficit de la Autoridad Palestina y la deuda acumulada con proveedores se traducen en problemas concretos: médicos que no reciben su salario completo, centros que reducen sus horarios, medicamentos que desaparecen de los almacenes, cirugías que deben aplazarse y pacientes que recorren largas distancias para encontrar atención.
A esto se suman los controles militares, las restricciones de movilidad, el desplazamiento de comunidades y el deterioro de las condiciones económicas.
La OMS y Naciones Unidas han advertido sobre la gravedad de la situación, mientras organizaciones humanitarias intentan mantener una red paralela de atención para evitar que miles de personas queden completamente excluidas del sistema.
El desafío para Cisjordania, por tanto, no consiste solamente en conseguir más medicamentos o reabrir determinadas clínicas. La recuperación del sistema sanitario depende también de resolver la profunda crisis fiscal de la Autoridad Palestina y garantizar que los servicios médicos puedan funcionar de manera estable y accesible.