Corte Suprema aprieta el cerco en caso UNGRD: Manrique y Manzur ya están en manos de las autoridades

La congresista Karen Manrique y el congresista Wadith Manzur se entregaron a las autoridades colombianas luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos judiciales y políticos más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.

La decisión judicial fue emitida el 11 de marzo de 2026, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal consideró que existen indicios suficientes para vincular a los congresistas con un presunto esquema de cohecho impropio, relacionado con el direccionamiento de contratos y el apoyo legislativo a operaciones de crédito del Gobierno.

Entrega voluntaria ante las autoridades

La congresista Karen Manrique, elegida por las llamadas curules de paz, se presentó voluntariamente ante la Policía en el municipio de Tame, Arauca, para ponerse a disposición de la justicia tras conocerse la decisión de la Corte Suprema.

De acuerdo con reportes judiciales, la parlamentaria acudió a las instalaciones de la Sijín, donde inició el proceso para formalizar su situación jurídica y posteriormente sería trasladada a Bogotá para continuar el procedimiento ante el alto tribunal.

Por su parte, Wadith Manzur, político del Partido Conservador y recién elegido senador en las elecciones legislativas de marzo de 2026, también se presentó ante las autoridades para cumplir la medida judicial emitida en su contra.

La defensa de ambos congresistas ha indicado que analizará la decisión del tribunal y evaluará la interposición de recursos legales contra la medida de aseguramiento.

El escándalo de corrupción en la UNGRD

El proceso judicial se enmarca en el escándalo de corrupción de la UNGRD, una trama que salió a la luz pública en 2024 y que involucra el presunto uso irregular de recursos destinados a la atención de desastres naturales.

Según las investigaciones, funcionarios y congresistas habrían participado en un sistema mediante el cual contratos millonarios y proyectos regionales se ofrecían a cambio de apoyo político dentro del Congreso de la República.

En el caso específico de Manrique y Manzur, la Corte Suprema investiga si, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían apoyado operaciones de endeudamiento del Estado a cambio de beneficios contractuales en proyectos financiados con recursos de la UNGRD.

Las obras que presuntamente harían parte del acuerdo político incluían proyectos en Córdoba, Arauca y Bolívar, que serían impulsados como contraprestación por el respaldo legislativo.

Otros congresistas y funcionarios investigados

La decisión judicial no solo involucra a Manrique y Manzur. La Corte Suprema también vinculó a otros legisladores en el mismo proceso, entre ellos Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán respondiendo ante la justicia mientras avanza el caso.

El escándalo también ha salpicado a altos funcionarios del Gobierno y exdirectivos de la UNGRD, incluidos el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes han entregado testimonios clave que permitieron avanzar en las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, este entramado habría sido utilizado para canalizar recursos públicos y asegurar apoyos políticos, lo que convirtió el caso en uno de los mayores escándalos de corrupción durante el actual gobierno.

Impacto político y debate sobre la “silla vacía”

La captura y entrega de los congresistas ha generado un fuerte impacto político, especialmente porque ambos fueron reelegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

La situación abrió un debate jurídico sobre la posibilidad de aplicar la figura constitucional de la “silla vacía”, mecanismo mediante el cual una curul puede quedar sin reemplazo cuando el congresista es investigado por delitos relacionados con corrupción o vínculos con estructuras criminales.

Mientras el proceso judicial avanza, la Corte Suprema continuará evaluando las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía y los implicados, en un caso que podría tener profundas repercusiones en el Congreso y en la política colombiana.