La justicia colombiana emitió un nuevo pronunciamiento sobre uno de los episodios más emblemáticos de las protestas sociales en el país. Un tribunal declaró la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que falleció tras recibir el impacto de un proyectil disparado por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las manifestaciones de noviembre de 2019.
El caso de Dilan Cruz se convirtió en un símbolo de las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y abrió un amplio debate nacional sobre los protocolos de intervención policial en contextos de protesta social.
¿Quién era Dilan Cruz?
Dilan Cruz Medina nació en Bogotá el 7 de marzo de 2001. Era estudiante del colegio Ricaurte IED y estaba próximo a graduarse de bachillerato. Sus familiares y compañeros lo describieron como un joven con aspiraciones de acceder a la educación superior y mejorar sus condiciones de vida.
El 23 de noviembre de 2019 participó en las movilizaciones del Paro Nacional, una serie de protestas que se desarrollaron en distintas ciudades del país contra diversas políticas del Gobierno del entonces presidente Iván Duque. Entre las exigencias de los manifestantes figuraban mayores garantías para la educación, mejores condiciones laborales y reformas institucionales.
El día de los hechos
Durante las manifestaciones en el centro de Bogotá, unidades del ESMAD intervinieron para dispersar a los manifestantes. En medio de los disturbios, el capitán Manuel Cubillos disparó una escopeta calibre 12 que utilizaba municiones conocidas como «bean bag», catalogadas como armas menos letales.
Uno de estos proyectiles impactó a Dilan Cruz en la cabeza, provocándole graves lesiones cerebrales. El joven fue trasladado al Hospital Universitario San Ignacio, donde permaneció en estado crítico durante dos días antes de fallecer el 25 de noviembre de 2019.
La muerte del estudiante generó una profunda conmoción en el país y desencadenó multitudinarias manifestaciones en Bogotá y otras ciudades, en las que miles de personas exigieron justicia y cambios en la actuación policial.
La investigación y los hallazgos forenses
El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la muerte de Dilan Cruz fue de carácter violento y la clasificó como homicidio. Posteriormente, diferentes investigaciones y peritajes independientes, entre ellos análisis desarrollados por expertos internacionales, cuestionaron la versión inicial de que el disparo había sido un accidente inevitable.
Las investigaciones pusieron el foco sobre los protocolos de actuación del ESMAD, la capacitación de los agentes y el uso de armamento considerado «menos letal», pero que puede producir consecuencias fatales cuando es utilizado de manera inadecuada.
Como consecuencia del caso, las autoridades ordenaron retirar del servicio el tipo de escopeta involucrada en los hechos, argumentando la necesidad de revisar los procedimientos de intervención en manifestaciones públicas.
El fallo del tribunal
La decisión judicial que declara responsable a la Policía Nacional representa un avance significativo para la familia de Dilan Cruz y para las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado el caso durante años.
El tribunal concluyó que existió una responsabilidad institucional derivada de las actuaciones policiales y de las fallas en los mecanismos de prevención y protección de los derechos fundamentales de los manifestantes.
Aunque el fallo tiene un alcance jurídico específico, también posee un enorme peso simbólico, ya que reconoce que el Estado debe responder por las consecuencias derivadas de actuaciones irregulares de sus agentes en escenarios de protesta social.
La familia de Dilan ha insistido durante años en la necesidad de obtener verdad, justicia y garantías de no repetición, señalando que el caso trascendió el ámbito individual para convertirse en un símbolo de las víctimas de violencia policial en Colombia.
Un caso que cambió el debate nacional
La muerte de Dilan Cruz marcó un punto de inflexión en la discusión sobre el manejo de las protestas en Colombia. Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos cuestionaron el uso de la fuerza por parte de los cuerpos antidisturbios y solicitaron reformas estructurales en los protocolos policiales.
El caso también influyó en el debate público sobre la transformación del ESMAD, unidad que posteriormente fue reemplazada por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), creada con el propósito de implementar nuevos enfoques de intervención y diálogo en escenarios de protesta.
Para numerosos sectores de la sociedad colombiana, Dilan Cruz se convirtió en un símbolo de la defensa del derecho a la protesta y de las exigencias de reformas institucionales orientadas a garantizar el respeto por los derechos humanos.
Reacciones tras la decisión
Tras conocerse el fallo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos señalaron que la decisión constituye un precedente importante para otros casos relacionados con presuntos abusos de la fuerza pública.
Por su parte, la familia de Dilan reiteró que continuará buscando el esclarecimiento integral de los hechos y la adopción de medidas que impidan que situaciones similares vuelvan a repetirse.
El caso sigue siendo uno de los episodios más recordados de las protestas de 2019 y permanece como un referente en el debate sobre la responsabilidad estatal, la protección de los derechos humanos y los límites del uso de la fuerza en contextos de movilización social en Colombia.