Suiza se prepara para una decisión que podría redefinir los límites de una de las características más reconocibles de su política exterior. El próximo 27 de septiembre de 2026, los ciudadanos suizos acudirán a las urnas para decidir si la Constitución debe incorporar una definición mucho más estricta de la neutralidad del país.
La propuesta, conocida como Iniciativa sobre la Neutralidad o “Salvaguardar la neutralidad suiza”, pretende establecer constitucionalmente que la neutralidad helvética sea “perpetua y armada”, además de limitar la posibilidad de que el país coopere con alianzas militares, participe en determinados conflictos internacionales o imponga sanciones contra Estados involucrados en guerras.
El asunto ha generado una discusión política que va mucho más allá de la relación de Suiza con Rusia, Ucrania o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En el fondo, está en juego una pregunta más amplia: ¿debe la neutralidad suiza ser un principio rígido, con límites constitucionales precisos, o debe mantenerse como una herramienta flexible de política exterior que permita al Gobierno reaccionar ante las crisis internacionales?
Aunque en ocasiones se presenta como un debate que apenas comienza en el Parlamento, las cámaras federales ya analizaron la iniciativa durante marzo y finalmente la rechazaron. Ahora, el enfrentamiento político se traslada al conjunto del electorado suizo.
Una neutralidad con siglos de historia
La neutralidad es uno de los elementos centrales de la identidad política de Suiza, pero su origen es anterior a la creación del Estado federal moderno.
La tradición de no intervenir militarmente en las guerras europeas se fue desarrollando durante varios siglos. La Confederación Suiza logró mantenerse al margen de la Guerra de los Treinta Años y, posteriormente, la neutralidad adquirió una importancia cada vez mayor como instrumento para preservar la independencia de un territorio situado en el corazón de Europa.
El reconocimiento internacional llegó en 1815, después de las guerras napoleónicas. El Congreso de Viena y el Tratado de París reconocieron la neutralidad permanente de Suiza y garantizaron la inviolabilidad de su territorio.
Posteriormente, con la creación del Estado federal en 1848, la neutralidad quedó incorporada al marco constitucional como una responsabilidad de las autoridades federales. La Constitución establece que el Consejo Federal y la Asamblea Federal deben adoptar medidas para salvaguardarla.
Además, el concepto de neutralidad suiza no depende únicamente del derecho nacional. Las obligaciones de los Estados neutrales están reguladas por el derecho internacional, especialmente a través de las Convenciones de La Haya de 1907.
En términos generales, un Estado neutral no puede participar militarmente en una guerra entre otros Estados, proporcionar apoyo militar a los países beligerantes ni permitir que su territorio sea utilizado por las partes en conflicto.
El punto de quiebre: las sanciones contra Rusia
La discusión actual tiene uno de sus principales antecedentes en la decisión adoptada por Suiza después de la invasión rusa de Ucrania en 2022.
El 28 de febrero de 2022, el Consejo Federal suizo decidió adoptar las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia. Para Berna, esta decisión no significaba abandonar la neutralidad militar, ya que Suiza continuaba sin participar directamente en las operaciones bélicas ni suministrando apoyo militar a una de las partes.
El Gobierno suizo sostuvo que la neutralidad debe distinguir entre el derecho de neutralidad, que establece obligaciones internacionales concretas, y la política de neutralidad, que proporciona al Gobierno cierto margen para decidir cómo proteger los intereses del país y mantener la credibilidad de su posición neutral.
Según la propia diplomacia suiza, las sanciones contra Rusia fueron consideradas compatibles con las obligaciones derivadas de la neutralidad.
Esta interpretación, sin embargo, fue cuestionada por sectores políticos que consideran que adoptar sanciones contra una de las partes de un conflicto internacional contradice la esencia de una política neutral.
La controversia se convirtió así en uno de los principales argumentos de quienes impulsan una definición más estricta de la neutralidad.
¿Qué propone exactamente la Iniciativa sobre la Neutralidad?
La iniciativa impulsada por Pro Schweiz y representantes de la Unión Democrática del Centro (SVP) pretende modificar la Constitución para establecer una concepción más rígida de la neutralidad.
Entre sus principales propuestas se encuentran cuatro elementos.
Neutralidad “perpetua y armada”
El texto busca incorporar explícitamente a la Constitución la idea de una neutralidad permanente y armada.
La parte relativa a la neutralidad armada implica que Suiza debe mantener la capacidad militar necesaria para defender su territorio y su independencia.
En este punto existe una diferencia importante: la propuesta no pretende convertir a Suiza en un Estado neutral por primera vez. Su objetivo es hacer más estrictos y explícitos los límites constitucionales de una neutralidad que ya existe.
Límites a la cooperación militar
La iniciativa también busca impedir que Suiza ingrese en alianzas militares o de defensa y restringir significativamente su cooperación con este tipo de organizaciones.
La excepción contemplada sería una situación en la que Suiza fuera atacada o existiera una amenaza inminente de ataque.
Este aspecto es especialmente relevante porque, aunque Suiza no pertenece a la OTAN, en los últimos años ha profundizado determinados mecanismos de cooperación y coordinación con países occidentales.
Los partidarios de una neutralidad más estricta consideran que esa cooperación puede terminar debilitando la independencia militar del país.
Los detractores, en cambio, sostienen que esperar hasta que un ataque sea inminente para establecer mecanismos de cooperación sería demasiado tarde desde el punto de vista de la seguridad nacional. El ministro de Exteriores, Ignazio Cassis, ha defendido precisamente esa posición.
Prohibición de determinadas sanciones
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de limitar la capacidad de Suiza para imponer sanciones contra Estados beligerantes.
De aprobarse la iniciativa, Suiza no podría imponer este tipo de sanciones salvo en los casos contemplados por las Naciones Unidas y determinadas medidas destinadas a evitar la elusión de sanciones.
Esto supondría un cambio considerable respecto a la práctica adoptada desde 2022 frente a Rusia, ya que Suiza ha seguido buena parte de los paquetes de sanciones de la Unión Europea.
La neutralidad como instrumento de mediación
La iniciativa también plantea que Suiza utilice su condición neutral para fortalecer su papel como mediadora internacional.
Esto conecta con una de las funciones históricas que Berna ha desarrollado en política exterior: los llamados “buenos oficios”, mediante los cuales Suiza facilita el diálogo entre países o actores enfrentados.
La diplomacia suiza considera que la neutralidad puede reforzar la confianza necesaria para desempeñar ese papel, aunque sostiene que la neutralidad no es una condición indispensable para ejercer labores de mediación.
El Parlamento ya rechazó la iniciativa
La discusión parlamentaria no es una cuestión que apenas esté comenzando.
El Consejo Nacional, una de las dos cámaras del Parlamento suizo, debatió la iniciativa durante varias horas en marzo. El 5 de marzo votó 128 en contra frente a 60 a favor de la propuesta.
La mayoría parlamentaria consideró que no era necesario convertir la neutralidad en un conjunto de reglas constitucionales mucho más rígidas.
Durante el debate, varios representantes argumentaron que la neutralidad debe ser entendida como un instrumento de la política exterior y no como un objetivo que limite automáticamente todas las decisiones internacionales del país.
También hubo preocupación por las consecuencias que una definición demasiado estricta podría tener sobre la seguridad y la capacidad de Suiza para reaccionar ante futuras crisis.
El Consejo de los Estados, la cámara alta, había defendido inicialmente un contraproyecto que buscaba introducir una referencia más explícita a la neutralidad en la Constitución. Sin embargo, después de varias discusiones entre ambas cámaras, el Parlamento terminó renunciando al contraproyecto.
El 19 de marzo, las cámaras federales acordaron que la iniciativa original fuera sometida directamente al voto popular, sin una propuesta alternativa del Parlamento.
Gobierno y Parlamento defienden una neutralidad más flexible
El Consejo Federal, órgano ejecutivo de Suiza, también se opone a la iniciativa.
La posición oficial de Berna es que la neutralidad suiza no está desapareciendo y que no existe necesidad de sustituir el sistema actual por una definición rígida.
El ministro de Exteriores, Ignazio Cassis, ha insistido en que Suiza seguirá siendo neutral, pero considera que esa neutralidad debe conservar suficiente flexibilidad para afrontar nuevos desafíos internacionales.
El Gobierno sostiene que la capacidad de adaptación ha sido precisamente una de las razones por las que la neutralidad suiza ha sobrevivido durante más de dos siglos.
Desde esta perspectiva, convertir en obligaciones constitucionales determinadas decisiones de política exterior podría reducir demasiado el margen de maniobra de las autoridades.
La preocupación no es únicamente económica o diplomática. También existe una dimensión de seguridad.
En un escenario internacional marcado por la guerra de Ucrania, las tensiones entre Rusia y Occidente y el creciente debate europeo sobre defensa, el Gobierno considera que Suiza necesita poder cooperar con otros Estados incluso antes de que una amenaza llegue directamente a su territorio.
Los defensores de la iniciativa hablan de recuperar la neutralidad tradicional
Los promotores de la propuesta tienen una interpretación diferente.
Para ellos, el problema no es la existencia de la neutralidad, sino que consideran que los Gobiernos recientes la han interpretado de manera demasiado flexible.
La adopción de sanciones contra Rusia y el incremento de la cooperación de seguridad con países de la OTAN son utilizados como ejemplos de una política exterior que, según sus defensores, se ha alejado de la tradición suiza.
Desde esta perspectiva, establecer reglas constitucionales claras permitiría impedir que futuras mayorías políticas modifiquen de facto la neutralidad sin una reforma constitucional.
El argumento central es que una neutralidad que pueda modificarse dependiendo de las circunstancias políticas corre el riesgo de perder su credibilidad.
¿Qué dice el Gobierno sobre las sanciones?
La posición oficial suiza parte de una distinción jurídica fundamental.
Para Berna, neutralidad no significa indiferencia frente a todas las violaciones del derecho internacional.
El derecho de neutralidad impide la participación militar de Suiza en guerras entre terceros Estados, pero la política de neutralidad permite al país adoptar determinadas medidas económicas y diplomáticas.
El Gobierno sostiene que las sanciones ampliamente respaldadas contra un Estado que ha cometido una agresión internacional pueden contribuir a fortalecer el orden internacional y la paz. Por esa razón, considera compatible con la neutralidad suiza participar en determinados regímenes de sanciones.
Esta interpretación es precisamente uno de los puntos que la iniciativa pretende limitar.
El debate también afecta a la relación de Suiza con Europa
Aunque Suiza no es miembro de la Unión Europea, mantiene una relación económica y política estrecha con el bloque.
Por eso, cualquier modificación importante de su política de neutralidad podría tener repercusiones en sus relaciones exteriores.
Las sanciones europeas son un ejemplo evidente. Si Suiza quedara constitucionalmente impedida para adoptar determinadas medidas que sí aplica la Unión Europea, podrían aumentar las diferencias entre Berna y sus principales socios europeos.
El Gobierno considera que mantener capacidad de coordinación internacional es importante para proteger los intereses económicos y de seguridad del país.
Los partidarios de la iniciativa responden que precisamente la independencia frente a los bloques militares y políticos es lo que permite a Suiza desempeñar un papel particular en Europa.
Una decisión que no significa abandonar la neutralidad
Un aspecto fundamental del próximo referéndum es que los suizos no decidirán si el país deja de ser neutral.
La neutralidad ya forma parte de la tradición constitucional y política del Estado suizo y cuenta con reconocimiento internacional.
Lo que estará en juego es cómo debe aplicarse en el futuro.
La propia Administración Federal explica que la iniciativa no cuestiona la existencia de la neutralidad, sino que propone una práctica mucho más estricta.
La diferencia puede parecer jurídica, pero sus consecuencias políticas serían importantes.
Una aprobación limitaría considerablemente el margen del Gobierno y del Parlamento para responder a determinadas crisis internacionales mediante sanciones o cooperación militar.
Un rechazo, por el contrario, permitiría mantener el modelo actual, en el que las autoridades pueden adaptar su política de neutralidad según las circunstancias.
Las encuestas apuntan actualmente al rechazo
A poco más de un mes del referéndum, las primeras encuestas no favorecen a los promotores de la iniciativa.
Un sondeo publicado el 19 de agosto mostró que 62 % de los encuestados se oponía a endurecer constitucionalmente la neutralidad, mientras que el 32 % estaba a favor.
Una segunda encuesta difundida el 21 de agosto mostró nuevamente una ventaja del rechazo, aunque algo menor: 54 % en contra y 42 % a favor, según el estudio realizado por GFS Bern para la radiotelevisión pública SRG.
Estos datos no determinan el resultado. Suiza tiene una larga tradición de referendos en los que las campañas, los acontecimientos internacionales y la movilización de los distintos sectores políticos pueden modificar la opinión pública antes de la votación.
Sin embargo, ambos sondeos muestran actualmente un escenario complicado para quienes buscan endurecer la definición constitucional de la neutralidad.
El referéndum será el verdadero punto decisivo
Después de meses de debates parlamentarios, el futuro de la iniciativa está ahora en manos de los ciudadanos.
La votación está prevista para el 27 de septiembre de 2026.
Si la propuesta es aprobada, Suiza avanzaría hacia una definición constitucional mucho más rígida de su neutralidad, con importantes restricciones a la cooperación militar y a la imposición de sanciones contra países beligerantes.
Si es rechazada, se mantendrá el modelo vigente y el Consejo Federal conservará un mayor margen para determinar cómo aplicar la neutralidad frente a las diferentes crisis internacionales.
El resultado tendrá además una importancia simbólica considerable.
Durante más de dos siglos, la neutralidad ha permitido a Suiza diferenciarse de las grandes potencias militares europeas y construir una reputación como país capaz de actuar como intermediario y sede de negociaciones internacionales.
Pero el contexto europeo ha cambiado radicalmente.
La guerra de Ucrania, el deterioro de la seguridad europea, las nuevas dinámicas entre Rusia y Occidente y el debate sobre el papel de los países europeos en materia de defensa han obligado a Berna a preguntarse cuánto puede adaptarse su tradicional política de neutralidad sin perder su esencia.
Una disputa sobre el significado de la neutralidad en el siglo XXI
En última instancia, el debate suizo no gira solamente alrededor de Rusia, Ucrania, las sanciones o la OTAN.
La cuestión de fondo es qué significa ser neutral en un mundo en el que las fronteras entre seguridad, economía y política exterior son cada vez más difíciles de separar.
Para quienes apoyan la iniciativa, una neutralidad verdaderamente creíble necesita reglas claras que impidan al Gobierno alinearse con determinados bloques o sancionar unilateralmente a países involucrados en conflictos.
Para sus detractores, una neutralidad demasiado rígida podría convertirse precisamente en una debilidad: limitaría la capacidad de Suiza para defender sus intereses, responder a violaciones graves del derecho internacional y cooperar con otros países antes de que una amenaza llegue a sus fronteras.
El Parlamento ya tomó posición contra la iniciativa. Ahora será la ciudadanía suiza la que tendrá la última palabra.
El 27 de septiembre de 2026, Suiza decidirá si quiere mantener la flexibilidad de su modelo actual o convertir algunos de los principios más estrictos de su histórica neutralidad en obligaciones constitucionales.
El resultado podría marcar uno de los debates más importantes sobre la política exterior suiza en décadas y definir cómo interpreta el país su neutralidad en una Europa cada vez más condicionada por los conflictos y las tensiones geopolíticas.