Estados Unidos ha intensificado su confrontación con la Corte Penal Internacional (CPI) mediante una nueva ronda de sanciones contra integrantes de la dirección y la estructura judicial del tribunal con sede en La Haya. Las medidas incluyen restricciones financieras que pueden congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y limitar el acceso de los funcionarios designados al sistema financiero vinculado a Estados Unidos.
La escalada ha generado preocupación entre Naciones Unidas, gobiernos europeos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten que las sanciones contra funcionarios judiciales pueden afectar la independencia de una institución creada para investigar y juzgar algunos de los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional.
La decisión forma parte de un conflicto que lleva años, pero que se ha profundizado especialmente a raíz de las investigaciones de la CPI relacionadas con la guerra en Gaza, las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes y las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán, incluidos hechos en los que podían estar involucrados ciudadanos estadounidenses.
La nueva escalada: la presidenta de la CPI entre los sancionados
La campaña estadounidense contra la Corte Penal Internacional volvió a escalar en agosto de 2026, cuando Washington impuso sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y a otro alto integrante de la estructura judicial del tribunal, Abdoulaye Seye.
Las medidas se sumaron a sanciones anteriores contra jueces y fiscales de la Corte. En la práctica, las personas designadas pueden ver congelados los bienes que posean en Estados Unidos o que estén bajo control de entidades estadounidenses. Además, las sanciones pueden dificultar el acceso a servicios financieros y operaciones internacionales que dependan, directa o indirectamente, del sistema financiero estadounidense.
La importancia de estas restricciones va más allá de la posibilidad de que un funcionario posea una cuenta bancaria o bienes en territorio estadounidense. Debido al peso de Estados Unidos en el sistema financiero global, las sanciones pueden provocar que bancos, proveedores y otras instituciones adopten medidas preventivas para evitar exponerse a riesgos legales.
La propia presidenta de la Corte ha advertido sobre las consecuencias personales e institucionales de estas medidas. La presión, sin embargo, no ha llevado a la CPI a anunciar un cambio en sus investigaciones.
La más reciente ronda de sanciones fue recibida con preocupación por Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su seria preocupación por la decisión estadounidense, mientras que el organismo reiteró la importancia de respetar la independencia judicial.
¿Por qué Estados Unidos está sancionando a funcionarios de la CPI?
El centro del conflicto está en una cuestión fundamental: Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional y rechaza que el tribunal tenga autoridad para investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de Washington.
La CPI fue creada mediante el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002. Su mandato incluye la investigación y el enjuiciamiento de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.
Sin embargo, la jurisdicción de la Corte no depende exclusivamente de que la nacionalidad del investigado pertenezca a un Estado miembro. En determinadas circunstancias, la CPI puede investigar hechos ocurridos en el territorio de un Estado parte o situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Esta interpretación ha provocado tensiones con Estados Unidos y también con Israel, otro país que tampoco forma parte del Estatuto de Roma.
La administración de Donald Trump sostiene que las actuaciones de la Corte contra ciudadanos estadounidenses e israelíes constituyen una amenaza contra la soberanía y los intereses nacionales de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado al tribunal de actuar contra Estados Unidos e Israel y ha defendido las sanciones como una respuesta a lo que Washington considera actuaciones ilegítimas de la Corte.
Gaza y las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes
Uno de los principales detonantes de la actual confrontación es la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la guerra en Gaza.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, dentro de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto.
Las decisiones provocaron una fuerte reacción de Israel y de Estados Unidos, que rechazaron la autoridad de la Corte para actuar contra funcionarios israelíes.
Para Washington, el hecho de que la CPI avance contra líderes de un país que no reconoce la jurisdicción del tribunal representa una extralimitación. Para la Corte y sus defensores, en cambio, el funcionamiento de la jurisdicción internacional debe analizarse a partir del territorio donde presuntamente ocurrieron los hechos y de las normas previstas en el Estatuto de Roma.
La disputa, por tanto, no es únicamente política. También representa un choque jurídico sobre hasta dónde puede llegar la jurisdicción de un tribunal internacional cuando los países de los que proceden los investigados no son miembros de la institución.
En este contexto, Estados Unidos ya había sancionado en 2025 a varios jueces y fiscales vinculados a decisiones relacionadas tanto con Israel como con investigaciones anteriores sobre Estados Unidos. Entre los funcionarios afectados estuvieron Nicolas Yann Guillou, Nazhat Shameem Khan, Mame Mandiaye Niang y Kimberly Prost.
Afganistán: el otro gran punto de ruptura
La confrontación entre Washington y la CPI no comenzó con la guerra en Gaza.
Uno de los episodios más importantes se produjo a raíz de la investigación sobre Afganistán. La Corte autorizó una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto afgano, incluyendo denuncias relacionadas con miembros de las fuerzas estadounidenses.
Ese proceso generó una fuerte respuesta durante el primer mandato de Donald Trump. En 2020, Estados Unidos impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales colaboradores.
Posteriormente, la administración de Joe Biden revocó aquellas sanciones. Sin embargo, el regreso de Trump a la Casa Blanca reactivó la política de presión contra la Corte.
La actual estrategia estadounidense, por tanto, representa una continuación —y una ampliación— de un conflicto que tiene más de una década de tensiones diplomáticas y judiciales entre Washington y el tribunal de La Haya.
¿Qué significan realmente las restricciones financieras?
Las sanciones estadounidenses pueden tener consecuencias que van más allá de la prohibición de viajar a Estados Unidos.
Cuando una persona es incluida en un régimen de sanciones financieras, los activos que estén bajo jurisdicción estadounidense pueden quedar bloqueados. Además, ciudadanos y entidades de Estados Unidos tienen prohibido realizar determinadas transacciones con las personas sancionadas.
En un sistema financiero internacional donde muchas operaciones tienen algún vínculo con bancos, compañías o servicios estadounidenses, las consecuencias pueden extenderse indirectamente a otros países.
Reuters informó que las sanciones impuestas a funcionarios de la CPI congelan los activos estadounidenses que puedan poseer y, en la práctica, pueden excluirlos del sistema financiero estadounidense. La medida ha despertado preocupación sobre posibles dificultades para el funcionamiento cotidiano del tribunal y de la Fiscalía.
El problema institucional es especialmente relevante porque una corte internacional necesita contratar proveedores, utilizar sistemas tecnológicos, mantener relaciones bancarias y realizar operaciones en múltiples jurisdicciones.
De hecho, la posibilidad de que Estados Unidos ampliara las sanciones a la institución en su conjunto ya había provocado preocupación dentro de la Corte. Informaciones publicadas en 2025 señalaron que la CPI comenzó a analizar alternativas para reducir su vulnerabilidad ante posibles restricciones sobre servicios bancarios, tecnológicos y otros proveedores.
La respuesta de la Corte Penal Internacional
La CPI ha rechazado las sanciones y las ha interpretado como un intento de interferir con su independencia judicial.
Tras las diferentes rondas de medidas estadounidenses, la institución ha pedido a sus Estados miembros y a los países que defienden el Estado de derecho que mantengan su apoyo a la Corte.
El tribunal sostiene que sus jueces y fiscales actúan dentro del marco jurídico establecido por el Estatuto de Roma y que las decisiones judiciales no deberían convertirse en motivo de represalias económicas o políticas.
En agosto de 2026, la Corte calificó las nuevas medidas como un ataque contra su independencia y reiteró que continuaría ejerciendo su mandato. La respuesta institucional recibió respaldo de diferentes actores internacionales que consideran que las sanciones contra jueces y fiscales pueden establecer un precedente peligroso para la justicia internacional.
Naciones Unidas y Europa reaccionan
La Organización de las Naciones Unidas ha sido una de las instituciones que ha expresado preocupación por la ofensiva estadounidense.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que las sanciones pueden imponer obstáculos significativos al trabajo de la Fiscalía de la Corte y afectar el funcionamiento de un organismo que considera importante dentro del sistema de justicia internacional.
Desde Europa también se han producido críticas a la política de Washington. Francia y otros actores europeos han defendido el papel de la Corte como instrumento para combatir la impunidad por los delitos internacionales más graves.
La discusión es especialmente sensible porque la CPI mantiene investigaciones abiertas en diferentes partes del mundo, incluyendo la guerra de Rusia contra Ucrania, Sudán, Myanmar, Venezuela y otros escenarios de conflicto y crisis humanitarias.
Para los defensores del tribunal, debilitar su funcionamiento no solo afecta las investigaciones relacionadas con Estados Unidos o Israel, sino que podría tener consecuencias sobre todas las causas que actualmente se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte.
Un tribunal sin fuerza policial propia
Uno de los elementos que ayuda a entender la vulnerabilidad de la CPI es que la institución no cuenta con una fuerza policial propia.
La Corte depende de la cooperación de los Estados para ejecutar órdenes de arresto, recopilar pruebas y facilitar otros procedimientos judiciales.
Esto significa que incluso sin sanciones económicas, el tribunal enfrenta dificultades para hacer cumplir algunas de sus decisiones.
Las restricciones financieras introducen un nuevo nivel de presión. Mientras una orden de arresto puede depender de la voluntad de un Estado para ser ejecutada, una sanción financiera puede afectar directamente la vida cotidiana de los funcionarios y la capacidad administrativa de la institución.
Por esta razón, organizaciones internacionales y expertos en derecho internacional han advertido que las medidas estadounidenses podrían tener un efecto que trascienda a los individuos directamente sancionados.
La presión de Washington se amplía
La política estadounidense contra la CPI ha ido creciendo progresivamente.
Primero se dirigió contra funcionarios específicos vinculados a investigaciones sobre Afganistán. Más adelante, el conflicto se intensificó por las actuaciones relacionadas con la guerra en Gaza y las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes.
En 2025, Estados Unidos ya había sancionado a varios jueces y fiscales. En agosto de 2026, la campaña escaló nuevamente con la inclusión de la presidenta Tomoko Akane y otro alto funcionario judicial.
Según informaciones recientes, la ofensiva estadounidense ha generado una creciente preocupación sobre el futuro de la Corte y sobre la posibilidad de que la presión política y financiera afecte la capacidad de la institución para continuar sus investigaciones.
Una disputa que pone a prueba la justicia internacional
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional refleja una tensión más amplia entre dos visiones del orden internacional.
Por un lado, Washington defiende la idea de que la CPI no puede ejercer autoridad sobre ciudadanos estadounidenses y cuestiona sus actuaciones contra Israel. Por otro, la Corte y sus defensores sostienen que la justicia penal internacional debe poder investigar los crímenes más graves incluso cuando los casos afectan a ciudadanos de potencias que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
La discusión adquiere una importancia todavía mayor porque las sanciones ya no se limitan a declaraciones diplomáticas o desacuerdos políticos. Ahora afectan directamente a jueces, fiscales y miembros de la dirección de la institución.
El resultado de esta confrontación podría tener consecuencias que vayan mucho más allá de las relaciones entre Estados Unidos y la CPI. La cuestión de fondo es si los tribunales internacionales pueden actuar con independencia cuando sus decisiones afectan a Estados poderosos o a sus aliados.
Por ahora, Washington mantiene su estrategia de presión y la Corte insiste en que continuará ejerciendo su mandato. La disputa sigue abierta, mientras Naciones Unidas, gobiernos europeos y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las sanciones financieras contra funcionarios judiciales pueden convertirse en un desafío directo para la independencia de la justicia internacional.
La escalada de agosto de 2026, con la inclusión de la presidenta de la Corte Penal Internacional entre las personas sancionadas, confirma que el conflicto ha entrado en una nueva fase: una en la que las diferencias jurídicas y políticas se están trasladando directamente al terreno financiero y al funcionamiento cotidiano de una de las principales instituciones de justicia penal internacional.