La administración de Donald Trump ha intensificado su confrontación con la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer nuevas sanciones contra su presidenta, la magistrada japonesa Tomoko Akane, y contra Abdoulaye Seye, abogado principal de la Oficina del Fiscal. La medida, anunciada el 18 de agosto de 2026, constituye una nueva escalada en la campaña estadounidense contra el tribunal con sede en La Haya y profundiza un conflicto que enfrenta dos visiones opuestas sobre la jurisdicción internacional, la soberanía de los Estados y la independencia de la justicia.
Las nuevas designaciones no significan que Estados Unidos haya sancionado simultáneamente a Akane y a otros 11 magistrados. Esos 11 funcionarios de la CPI habían sido objeto de sanciones en medidas anteriores durante 2025. Con la incorporación de Akane y Seye, la cifra asciende actualmente a 13 integrantes y funcionarios de la Corte afectados por sanciones estadounidenses, entre ellos nueve de los 18 jueces que integran el tribunal.
Tomoko Akane, la presidenta de la Corte, entra en la lista de sancionados
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó formalmente a Tomoko Akane y Abdoulaye Seye en su lista de personas sancionadas. La decisión se tomó bajo la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Donald Trump en febrero de 2025 y diseñada específicamente para imponer restricciones a personas relacionadas con determinadas actuaciones de la Corte Penal Internacional.
Akane, magistrada japonesa y presidenta de la CPI, tiene principalmente funciones institucionales y de representación dentro del tribunal. Su sanción supone, por tanto, un paso especialmente significativo: Estados Unidos ya no solo está castigando a fiscales o jueces vinculados con decisiones concretas, sino que ha alcanzado a la máxima autoridad institucional de la Corte.
Junto a ella fue sancionado Abdoulaye Seye, jurista senegalés y abogado principal de la Oficina del Fiscal. De acuerdo con la información publicada sobre su trabajo, Seye ha estado vinculado a investigaciones relacionadas con la situación en Palestina, incluidas cuestiones sobre asentamientos israelíes en Cisjordania y otros posibles delitos bajo examen de la Fiscalía.
¿Qué implican las sanciones?
Las sanciones estadounidenses tienen consecuencias que van más allá de una declaración política. Los activos que las personas designadas posean dentro de la jurisdicción estadounidense pueden quedar bloqueados y las restricciones afectan su capacidad para realizar operaciones que involucren al sistema financiero de Estados Unidos.
OFAC incluso emitió una licencia temporal para permitir el cierre de determinadas transacciones relacionadas con Akane y Seye hasta septiembre de 2026, lo que refleja el alcance financiero y administrativo de la medida.
En la práctica, este tipo de sanciones puede generar dificultades para utilizar servicios bancarios, realizar determinadas transacciones internacionales o relacionarse con entidades que, aun estando fuera de Estados Unidos, prefieran evitar cualquier riesgo de incumplir las restricciones estadounidenses.
Las medidas anteriores contra miembros de la CPI ya habían provocado problemas en la vida profesional y cotidiana de funcionarios afectados, especialmente por el peso del sistema financiero estadounidense y la cautela de bancos y empresas internacionales ante cualquier operación relacionada con personas incluidas en listas de sanciones.
La posición de Washington: defensa de la soberanía de Estados Unidos e Israel
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las nuevas sanciones acusando a la CPI de actuar contra funcionarios de gobiernos que no han aceptado la jurisdicción del tribunal. La posición de Washington es que la Corte ha excedido su autoridad al investigar, intentar procesar o emitir órdenes contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de esos países.
Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional, y tampoco lo es Israel. La administración Trump sostiene que permitir que la CPI ejerza jurisdicción sobre nacionales de países que no han aceptado formalmente la autoridad del tribunal constituye una amenaza para la soberanía estadounidense y para la de sus aliados.
El conflicto con Israel es uno de los principales detonantes de la actual escalada. La CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, en relación con presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza. Israel rechaza la jurisdicción de la Corte y niega las acusaciones, mientras Estados Unidos ha respaldado firmemente la posición israelí frente al tribunal.
¿Por qué la CPI sostiene que sí puede investigar?
La posición de la Corte es diferente. Aunque Estados Unidos e Israel no sean miembros del Estatuto de Roma, la cuestión jurídica no depende exclusivamente de la nacionalidad de las personas investigadas.
La CPI puede ejercer jurisdicción, entre otros supuestos, cuando los presuntos crímenes se cometen en el territorio de un Estado parte o de un Estado que haya aceptado su jurisdicción. El Estado de Palestina se incorporó al sistema del Estatuto de Roma en 2015, lo que abrió la puerta a investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en territorio palestino.
Ese punto se encuentra en el centro de la disputa. Para Washington, la Corte no debería poder extender su actuación hacia ciudadanos de países que no han reconocido su jurisdicción. Para la CPI y quienes respaldan su interpretación jurídica, la nacionalidad del sospechoso no elimina automáticamente la competencia territorial del tribunal cuando los presuntos delitos se habrían cometido en un territorio sometido a su jurisdicción.
Una campaña que comenzó antes de la sanción contra Akane
La sanción contra la presidenta de la Corte es la continuación de una serie de medidas adoptadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El primer gran paso se produjo con la Orden Ejecutiva 14203, firmada en febrero de 2025. Poco después, el entonces fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, fue sancionado. Posteriormente, el 5 de junio de 2025, Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro magistrados: Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou y Beti Hohler. Washington vinculó esas medidas con decisiones relacionadas con investigaciones sobre personal estadounidense y con las actuaciones de la Corte respecto a autoridades israelíes.
En agosto de 2025, la administración estadounidense amplió nuevamente la lista y sancionó a otros dos jueces —Kimberly Prost y Nicolas Yann Guillou— y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang.
La siguiente ronda llegó en diciembre de 2025, cuando fueron sancionados los magistrados Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin. En ese momento, la cifra de funcionarios de la CPI afectados por las medidas estadounidenses ascendió a 11.
Con las designaciones de Tomoko Akane y Abdoulaye Seye en agosto de 2026, el total pasó a 13 funcionarios y miembros de la institución, de los cuales nueve son jueces. La propia CPI confirmó esta cifra al condenar públicamente la última decisión estadounidense.
La respuesta de la Corte: “un ataque flagrante” contra su independencia
La Corte Penal Internacional rechazó con dureza las nuevas sanciones y las calificó como un ataque contra la independencia de una institución judicial que actúa bajo el mandato otorgado por sus Estados miembros.
En su respuesta oficial, la CPI subrayó que atacar a jueces, fiscales y funcionarios por el trabajo realizado dentro de sus competencias representa una amenaza para el Estado de derecho y para la capacidad de la justicia internacional de actuar sin presiones políticas.
La Corte fue creada en 2002 para juzgar algunos de los crímenes más graves de preocupación internacional, entre ellos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión. Su funcionamiento se basa en el Estatuto de Roma y en la cooperación de los Estados parte, ya que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar directamente sus órdenes de arresto.
Esta dependencia de la cooperación internacional hace especialmente delicada la actual confrontación. La Corte puede emitir órdenes y tomar decisiones judiciales, pero necesita que los Estados colaboren para detener a sospechosos, facilitar pruebas y hacer efectivas sus actuaciones.
Japón y Europa cuestionan la decisión estadounidense
La sanción contra Tomoko Akane también provocó una reacción especialmente sensible en Japón. El Gobierno japonés calificó la decisión estadounidense como “muy desafortunada” y reafirmó su respaldo al papel de la Corte Penal Internacional. Japón es uno de los Estados que históricamente ha apoyado al tribunal y la situación coloca a Tokio ante un nuevo punto de fricción con uno de sus principales aliados.
Los Países Bajos, país anfitrión de la sede de la CPI en La Haya, también expresó su desacuerdo con las medidas y reiteró su respaldo a la institución. La respuesta internacional refleja la división existente entre Washington y numerosos Estados que consideran que las sanciones contra jueces y fiscales pueden establecer un precedente peligroso para la independencia judicial internacional.
El conflicto trasciende a Gaza y alcanza a la justicia internacional
Aunque la investigación sobre la situación en Palestina y las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant son elementos centrales de la actual confrontación, el desacuerdo entre Estados Unidos y la CPI es más amplio.
Washington también ha rechazado durante años las investigaciones relacionadas con las acciones de ciudadanos estadounidenses en Afganistán. Para la administración Trump, la posibilidad de que funcionarios o militares estadounidenses puedan quedar sometidos a actuaciones de un tribunal al que Estados Unidos no pertenece representa una vulneración inaceptable de su soberanía.
Sus críticos, sin embargo, consideran que sancionar a jueces y fiscales por decisiones adoptadas dentro de un proceso judicial constituye una forma de presión política sobre una institución creada precisamente para investigar los crímenes más graves cuando los mecanismos nacionales no actúan o no pueden hacerlo.
La controversia también ha llegado a los tribunales estadounidenses. Organizaciones de derechos humanos presentaron en agosto de 2026 una demanda contra la administración Trump para cuestionar la legalidad de las sanciones y sus efectos sobre quienes colaboran con la justicia internacional.
Una institución bajo una presión sin precedentes
La CPI ha enfrentado críticas y resistencias desde su creación. Rusia, por ejemplo, también ha reaccionado contra el tribunal después de que este emitiera una orden de arresto contra Vladimir Putin por la situación en Ucrania. La Corte, por tanto, opera en un escenario en el que sus decisiones pueden provocar respuestas políticas de gobiernos con un enorme poder internacional.
Sin embargo, la sanción de Estados Unidos contra su presidenta supone un nuevo nivel de confrontación. Tomoko Akane no es únicamente una jueza involucrada en una decisión específica: es la máxima representante institucional de la Corte.
Por ello, el episodio tiene una dimensión que va más allá de las personas afectadas. El debate de fondo es si una potencia puede utilizar herramientas financieras y diplomáticas para castigar a los responsables de un tribunal internacional por decisiones que considera contrarias a sus intereses, o si hacerlo pone en riesgo la independencia de una institución judicial creada para actuar, precisamente, frente a los crímenes que afectan a la comunidad internacional.
Un nuevo capítulo en la disputa entre poder y justicia
Las sanciones contra Tomoko Akane y Abdoulaye Seye consolidan una campaña que ya había afectado a 11 funcionarios de la Corte Penal Internacional durante 2025. Ahora, con la presidenta del tribunal incluida en la lista, el número de personas vinculadas directamente a la CPI sancionadas por Estados Unidos asciende a 13, entre ellas nueve de los 18 jueces del organismo.
Washington mantiene que actúa para defender su soberanía y proteger a Estados Unidos e Israel de lo que considera una extralimitación de la Corte. La CPI, por su parte, sostiene que las sanciones constituyen una presión directa contra la independencia judicial y que continuará ejerciendo el mandato recibido de sus Estados miembros.
El resultado es uno de los enfrentamientos más profundos de los últimos años entre Estados Unidos y la justicia penal internacional. La disputa ya no se limita a una investigación o a una orden de arresto concreta: ha llegado hasta la presidencia de la Corte y abre un debate de largo alcance sobre los límites de la jurisdicción internacional, la soberanía nacional y la posibilidad de que jueces y fiscales puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias políticas o económicas.
La evolución de este conflicto será determinante para el futuro inmediato de la CPI. Mientras Estados Unidos mantiene su ofensiva y cuestiona la legitimidad del tribunal para investigar a nacionales de Estados no miembros, la Corte y buena parte de sus Estados aliados defienden que ceder ante este tipo de presiones podría debilitar uno de los principales mecanismos internacionales creados para perseguir los crímenes más graves del mundo.