Testigo clave del caso Ricardo Roa y apartamento 901 revela información ante autoridades de EE. UU.

La investigación por la compra del llamado apartamento 901, que involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, escaló a un nuevo nivel internacional luego de que un testigo clave del caso entregara información a autoridades de Estados Unidos. El hecho ha intensificado la presión política y judicial sobre el directivo de la petrolera estatal y abrió interrogantes sobre las implicaciones del proceso más allá de Colombia.

Según revelaciones de la Unidad Investigativa de El Tiempo, el testigo principal en el proceso —identificado como el exdirectivo de Hocol Luis Enrique Rojas— sostuvo contactos con autoridades estadounidenses para exponer las pruebas que dice tener sobre presuntas irregularidades relacionadas con la compra del inmueble y supuestas gestiones para favorecer a terceros en contratos del sector energético.

El origen del caso: la compra del apartamento 901

El expediente judicial se centra en la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, conocido públicamente como “apartamento 901”, operación que despertó sospechas por el precio de la transacción y los vínculos empresariales de los intermediarios involucrados.

La Fiscalía investiga si en esa negociación existieron favores cruzados o posibles actos de tráfico de influencias, especialmente en relación con contratos del sector de hidrocarburos. Según el expediente, el inmueble habría tenido un valor cercano a 2.700 millones de pesos, pero fue adquirido por alrededor de 1.800 millones, lo que generó dudas sobre el origen y las condiciones del negocio.

La investigación también examina si, después de la compra, se realizaron gestiones para favorecer a determinados empresarios en proyectos energéticos, incluyendo iniciativas relacionadas con gasificación y contratos con empresas vinculadas al sector.

El testigo clave y las pruebas presentadas

El nombre de Luis Enrique Rojas, exdirectivo de la filial petrolera Hocol, se convirtió en una pieza central del caso. Rojas ha asegurado tener audios, mensajes de chat y correos electrónicos que respaldarían su versión sobre presuntas presiones o solicitudes relacionadas con la adjudicación de contratos.

De acuerdo con los reportes periodísticos, el testigo decidió presentar parte de ese material ante autoridades estadounidenses, lo que podría abrir la puerta a una cooperación judicial internacional si se detectan posibles movimientos financieros o vínculos con jurisdicciones fuera de Colombia.

Además, el testigo habría denunciado haber recibido amenazas telefónicas, lo que elevó las preocupaciones por su seguridad y llevó a reforzar las medidas de protección mientras avanza el proceso judicial.

La situación judicial de Ricardo Roa

El caso del apartamento 901 se cruza con otras investigaciones en curso contra Roa. La Fiscalía General de la Nación ya anunció imputaciones por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y violación de topes electorales vinculados con la campaña presidencial de 2022.

Durante las audiencias preliminares, el presidente de Ecopetrol se declaró inocente y rechazó las acusaciones, afirmando que la compra del inmueble fue una transacción privada realizada dentro de los marcos legales.

Aun así, el caso sigue avanzando en la justicia y podría implicar nuevas diligencias, interrogatorios y análisis de pruebas documentales y digitales.

Impacto en Ecopetrol y el sector energético

El avance de la investigación ha generado tensión dentro de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia y una de las petroleras estatales más importantes de América Latina.

Analistas señalan que el caso podría tener repercusiones institucionales y reputacionales, especialmente si la investigación se amplía a instancias internacionales o si surgen nuevas pruebas sobre decisiones empresariales relacionadas con contratos del sector energético.

En medio del proceso, la junta directiva de la compañía y las autoridades judiciales siguen de cerca los desarrollos del caso, que se ha convertido en uno de los episodios judiciales más sensibles para la cúpula de la petrolera estatal en los últimos años.