Un juez federal de los Estados Unidos ha frenado en seco una de las medidas migratorias y laborales más controvertidas de la administración Trump. La polémica tarifa de 100.000 dólares para la solicitud de visas H-1B, impuesta mediante una proclama presidencial, ha sido declarada ilegal y anulada en su totalidad.
La decisión judicial representa un gran alivio para el sector tecnológico, universidades, hospitales y miles de profesionales altamente cualificados que veían en este arancel una barrera económica insalvable para trabajar en el país norteamericano.
El fallo del tribunal: El presidente «no tiene poder para imponer impuestos»
La resolución fue dictada por el Juez de Distrito de EE. UU. Leo Sorokin, en Massachusetts, tras una demanda conjunta interpuesta por una coalición de 20 fiscales generales estatales de tendencia demócrata, liderados por California.
El magistrado concluyó de forma tajante que la multimillonaria tarifa de 100.000 dólares no constituye una simple «tasa administrativa» o una «penalización», sino un impuesto encubierto. Según la Constitución de los Estados Unidos, el poder de fijar y recaudar impuestos recae exclusivamente en el Congreso, no en el poder ejecutivo.
«La sustancia y la aplicación del pago de 100.000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se le llame», dictaminó el juez Sorokin en su fallo de 42 páginas.
Adicionalmente, el tribunal determinó que la medida violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) por ser «arbitraria y caprichosa», ya que la administración no ofreció una justificación razonada ni midió el impacto negativo que causaría en el tejido económico y académico del país.
¿Por qué se había implementado la tarifa de 100.000 dólares?
La administración de Donald Trump introdujo este drástico incremento con el objetivo explícito de desincentivar la contratación de profesionales extranjeros y obligar a las corporaciones a priorizar la mano de obra local.
El impacto del visado H-1B antes y después de la medida:
Costo tradicional: Antes de la proclama, patrocinar una visa H-1B le costaba a un empleador entre 2.000 y 7.500 dólares en tasas regulatorias Estatales.
El cambio radical: El arancel de Trump disparó la cifra a los 100.000 dólares por petición, volviendo el proceso prohibitivo para pequeñas empresas, startups médicas y centros de investigación.
Resultados de la política: Debido al colosal costo, el programa prácticamente se congeló. Reportes judiciales revelaron que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) apenas había recibido 85 pagos bajo este concepto.
Sectores afectados respiran aliviados
El programa de visas H-1B (que anualmente otorga 65.000 visados generales y 20.000 adicionales para personas con posgrados en EE. UU.) es la principal vía de entrada para ingenieros de software, científicos y personal de salud.
Los estados demandantes celebraron la resolución, argumentando que el gravamen estaba provocando «daños en cascada».
Educación y Ciencia: Las universidades públicas reportaban serios problemas para reclutar profesores e investigadores científicos de alto nivel.
Salud Pública: Múltiples hospitales regionales alertaron sobre una agudización en la escasez de médicos y enfermeros especializados.
Sector Tecnológico: El ecosistema de Silicon Valley y la industria tecnológica global —donde los profesionales de origen indio representan casi el 70% de los beneficiarios— recuperan la estabilidad competitiva.
¿Qué pasará ahora? La respuesta de la Casa Blanca
Como era de esperarse, el gobierno de Donald Trump ha manifestado su absoluto rechazo al fallo judicial. Portavoces oficiales calificaron la sentencia como un acto de «activismo judicial flagrante» y defendieron que el presidente posee la autoridad legal para restringir la entrada de extranjeros si considera que afecta los intereses nacionales.
La Casa Blanca ya ha adelantado que apelará la decisión ante un tribunal superior para intentar reinstaurar la tarifa. Por lo tanto, aunque la batalla legal continuará en los próximos meses, por ahora la tarifa de 100.000 dólares queda completamente suspendida y sin efecto a nivel nacional.
