Un reciente informe de inteligencia revela que varios grupos armados en Colombia han iniciado un proceso de reconfiguración táctica. Entre alianzas estratégicas y confrontaciones abiertas, las organizaciones buscan controlar corredores de narcotráfico, minería ilegal y extorsión en al menos 13 departamentos y tres grandes regiones del país.
En el norte fronterizo de Catatumbo (Norte de Santander), se presenta una compleja disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) —bajo la dirección de alias “Calarcá Córdoba”—, además del enfrentamiento conjunto con la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o “Clan del Golfo”). Este choque ha provocado desplazamientos forzados y ha puesto en alerta tanto a las fuerzas públicas como a organismos de derechos humanos.
En el sur del país, en el Sur de Bolívar, el ELN y el EMBF mantienen una alianza táctica, mientras el Clan del Golfo intenta arrebatar su dominio territorial y económico. Esta triple dinámica —alianzas, traiciones y competencia— se juega alrededor del oro: solo en esta zona se estima una producción anual de 500 toneladas entre legal e ilegal.
En el Bajo Cauca (Antioquia), una situación similar se presenta: el ELN y el EMBF actúan en alianza circunstancial, pero chocan con el Clan del Golfo para asegurarse rutas del narcotráfico y de la minería. El impacto en civilidad es grave: familias desplazadas, víctimas atrapadas entre combates e incluso ataques directos contra las fuerzas del Estado.
En la zona de Arauca, se destaca una triple confrontación simultánea entre el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) —disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC bajo alias “Iván Mordisco”— y la Segunda Marquetalia (liderada por alias “Iván Márquez”). Las comunidades en territorios rurales limítrofes con Venezuela están siendo las más afectadas, según alertas de la Defensoría del Pueblo.
En los departamentos de Vichada y Guainía, la disputa se centra en la explotación de minerales estratégicos como coltán y estaño, en los que se han identificado tanto alianzas como enfrentamientos entre el ELN y la Segunda Marquetalia.
En la región pacífica del Chocó el panorama combina alianzas entre el ELN y la banda Los Shottas con enfrentamientos del ELN vs. Clan del Golfo por el control de corredores fluviales y marítimos. Las consecuencia humanas incluyen confinamientos masivos y severas afectaciones a la movilidad de la población civil.
En el Cauca, se reportan vínculos fluctuantes entre disidencias de las FARC (EMC y Segunda Marquetalia) con alianzas y choques simultáneos con el ELN. La presencia de múltiples alertas tempranas refleja el alto riesgo para comunidades en todas las subregiones del departamento.
En el Nariño, se identifican alianzas entre la Segunda Marquetalia y la estructura local Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), que se enfrenta al EMC. Esta mezcla de actores fragmentados limita la capacidad de gobiernos locales de ejecutar sus planes de desarrollo y de garantizar seguridad.
En los corredores del Putumayo y Caquetá, aunque no se han detectado alianzas firmes, existen múltiples enfrentamientos entre el EMC, la Segunda Marquetalia y el EMBF. La escalada incluye combates en zonas de selva profunda donde se superponen intereses de narcotráfico, tierras y ruta amazónica.
Al norte, en la Guajira y el Magdalena, la rivalidad principal es entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN o “Los Pachenca”), que disputan el control de corredores de migración, narcóticos y extorsión. El impacto sobre menores de edad, secuestros y violencia colectiva se intensifica.
Por último, en el Valle del Cauca, una región clave para el suroccidente, se documentan alianzas entre la Segunda Marquetalia y una facción de disidencias llamadas Frente 57 Yair Bermúdez, al tiempo que enfrentan al ELN, al Clan del Golfo y al EMC. Un atentado con explosivo en la capital departamental dejó múltiples víctimas.
Este nuevo mapa delictivo indica una fragmentación creciente de los actores armados tradicionales, junto con una lógica más pragmática de alianzas temporales para sostener economías ilegales, dificultando así la acción del Estado y generando mayor vulnerabilidad para la población civil.