Carlos Amaya, gobernador y Johanna Alejandra Hernández, ingeniera/foto: archivo particular.
Una controversia rodea al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, luego de que Johanna Alejandra Hernández denunciara que su nombramiento como directora territorial del Instituto Nacional de Vías (Invías) fue presuntamente modificado tras informar su estado de embarazo. La ingeniera sostiene que la decisión representó un acto de discriminación, mientras que la Gobernación afirma que el proceso se ajustó a la normatividad vigente para un cargo de libre nombramiento y remoción.
Proceso
De acuerdo con Hernández, en junio de 2025 el Invías remitió a la Gobernación una terna integrada por los aspirantes con los mejores puntajes dentro del concurso público para proveer el cargo.
Posteriormente, el gobernador Carlos Amaya anunció públicamente su elección, destacando su perfil profesional y experiencia en el área de infraestructura vial. Sin embargo, la posesión nunca se concretó.
En agosto del mismo año, el Invías volvió a enviar la terna a la Gobernación en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro de una acción de tutela relacionada con el proceso de selección. La entidad explicó que esta actuación obedeció exclusivamente a decisiones de un juez de la República, por lo que no se trató de una modificación arbitraria del procedimiento administrativo.
Denuncia
La ingeniera Hernández señaló que en septiembre notificó formalmente tanto a la Gobernación como al Invías sobre su estado de embarazo. Según su versión, después de esa comunicación, la decisión inicial fue modificada y se designó a otro integrante de la terna sin que ella fuera nuevamente convocada a entrevista, sin solicitud de actualización de documentos y sin notificación oficial del cambio.
Por su parte, la Gobernación de Boyacá sostiene que se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que la autoridad competente podía elegir entre los integrantes de la terna enviada por el Invías. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento judicial que determine si hubo discriminación o si el cambio en la designación estuvo relacionado con la condición de la aspirante.
El caso ha generado debate sobre los procesos de selección en la administración pública y la protección de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación.