Presidente Petro ordena a la Policía rastrear e incautar medicamentos acaparados por EPS en todo el país

Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional realizada en la Escuela General Santander, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro impartió una orden directa a la Fuerza Pública para que identifique, rastree e incauté medicamentos que estarían siendo acaparados por algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y actores privados en distintas regiones del país. El mandatario vinculó esta instrucción con la defensa del derecho fundamental a la salud y con una visión más amplia de la seguridad, centrada en la protección de la vida y no en la contabilización de muertos.

Ante oficiales ascendidos y sus familias, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno nacional ya ha pagado medicamentos que hoy no están llegando a los pacientes, especialmente a los más pobres. Según Petro, parte de la crisis de abastecimiento no se debe a la falta de recursos, sino a prácticas de almacenamiento indebido, reventa a precios más altos y desvío ilegal de medicinas, incluso hacia otros países. En ese contexto, pidió a la Policía colaborar activamente en la identificación de bodegas, farmacias y puntos donde se estarían reteniendo medicamentos, siempre dentro del marco legal, pero con firmeza frente al acaparamiento.

En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, el presidente afirmó que es deber de los policías recorrer farmacias y bodegas para determinar dónde están guardadas medicinas esenciales, como antibióticos, que el Estado ya compró y que deberían estar disponibles para los pacientes. Criticó que estos productos, en lugar de llegar a los enfermos, terminen alimentando negocios ilegales o siendo vendidos a precios más altos, lo que —según él— profundiza la desigualdad y castiga a quienes dependen del sistema público de salud.

Petro también aprovechó el escenario para cuestionar a los grandes grupos económicos y a los gremios empresariales, señalando una contradicción entre las exigencias que hacen al Estado y lo que están dispuestos a conceder a los trabajadores. Recordó que algunos sectores piden incrementos de hasta el 17 % en rubros relacionados con la salud y las rentas financieras, mientras proponen aumentos salariales de apenas el 7 %. A juicio del mandatario, esa lógica evidencia una falta de solidaridad social y contribuye a que los recursos públicos “se fuguen” sin traducirse en una mejor atención para la población.

El evento de ascensos sirvió también para que el presidente planteara un cambio profundo en la forma de entender y evaluar la seguridad en Colombia. En la ceremonia, 97 mayores fueron ascendidos a tenientes coroneles y 208 capitanes al grado de mayor. Allí, Petro destacó que los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el suyo registran las tasas de homicidio más bajas desde 1993, pero insistió en que no basta con compararse con administraciones anteriores.

El mandatario propuso que la seguridad deje de medirse por el número de bajas o muertes y pase a evaluarse por la cantidad de vidas salvadas y la reducción efectiva de la violencia en los territorios. Señaló que le produciría mayor orgullo ascender a oficiales que puedan demostrar que disminuyeron los homicidios en sus zonas de responsabilidad, y no a quienes acumulen resultados basados en la muerte.

En ese punto, hizo una crítica explícita a prácticas del pasado que, según dijo, llevaron a graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales. Petro afirmó que premiar a los miembros de la Fuerza Pública por el número de muertos generó una degradación moral y una “inmundicia” institucional, y recalcó que el nuevo indicador de éxito debe ser la defensa de la vida.

Con este discurso, el presidente articuló tres ejes centrales: una Policía comprometida con garantizar que los medicamentos lleguen efectivamente a los ciudadanos; un sistema de salud que priorice a los pacientes por encima del negocio; y una política de seguridad que se mida por la protección de la vida humana. Según Petro, este enfoque hace parte de su apuesta por convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”, tanto en el ámbito social como en el de la seguridad.