Por soborno en actuación penal, Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, recibió una condena de 7 años de prisión.

El abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado en primera instancia a 7 años de prisión domiciliaria y al pago de 375 salarios mínimos legales por el delito de soborno en actuación penal en el caso relacionado con el paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Además, quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

La decisión fue emitida por el juez Fabián Moreno, tercero penal del circuito con función de conocimiento, quien determinó que Cadena sí intentó manipular el testimonio de Monsalve, ofreciendo beneficios jurídicos a cambio de que este se retractara de declaraciones que señalaban vínculos del expresidente Uribe con el paramilitarismo. Entre las ofertas hechas por Cadena estaban una acción de revisión de la condena de Monsalve y gestiones para facilitar su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En cambio, el juez lo absolvió de cargos relacionados con otro testigo, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, por considerar que había “duda razonable” frente a los señalamientos de soborno y fraude procesal en ese episodio.

Origen del caso

El proceso judicial contra Cadena se remonta al año 2012, cuando Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y, en lugar de eso, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que su entorno buscaba inducir retractaciones de exparamilitares con beneficios económicos o jurídicos.

En este contexto apareció Diego Cadena como operador clave, visitando cárceles y ofreciendo prebendas a los testigos para desvirtuar las acusaciones contra Uribe.

Testigos clave

• Juan Guillermo Monsalve: exparamilitar y testigo central. Aseguró que Uribe tuvo nexos con grupos armados ilegales en Antioquia. Cadena intentó que se retractara, lo que dio origen a la condena actual.
• Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”: también exparamilitar. La Fiscalía lo señaló de haber recibido pagos en nombre de Cadena, pero el juez absolvió al abogado por falta de pruebas concluyentes en este punto.

Relación con el caso contra Álvaro Uribe

El proceso contra Cadena se conecta directamente con el del expresidente. En julio de 2025, un juzgado de Bogotá condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, aunque esa sentencia está en apelación.

La condena de Cadena refuerza los hallazgos contra Uribe, pues confirma judicialmente que uno de sus abogados más cercanos sí incurrió en manipulación de testigos en el mismo entramado de hechos.

Dimensión política e histórica

El senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el proceso, recordó que Cadena ya tenía antecedentes disciplinarios y anunció que apelará la absolución en el caso de Vélez. Cepeda, hijo del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por paramilitares, es hoy una figura política clave y precandidato presidencial para 2026.

El fallo judicial conecta así dos planos:

1. La historia de violencia paramilitar en Colombia, en la que han estado envueltos los nombres de Uribe y su círculo.
2. La disputa política actual, donde las condenas contra Uribe y su abogado más cercano impactan directamente el debate democrático.

Lo que viene

La defensa de Cadena anunció que interpondrá apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras que la apelación de Uribe también está en curso. El desenlace de ambos procesos marcará un punto clave no solo para la situación jurídica de los procesados, sino también para el futuro político del país, en un escenario en el que la verdad sobre los vínculos entre política, paramilitarismo y justicia sigue siendo un tema central.

📌 En suma, la condena contra Diego Cadena representa un golpe judicial y simbólico al uribismo: confirma que existió manipulación de testigos en beneficio del expresidente, enlaza con la condena en primera instancia contra el propio Uribe y proyecta un debate de gran calado en torno a la memoria histórica, la verdad judicial y la lucha política en Colombia.