Por primera vez en la historia, las madres comunitarias son empleadas públicas del Estado colombiano

El Gobierno de Gustavo Petro puso en marcha un proceso histórico de formalización laboral de las madres comunitarias en Colombia, con el objetivo de reconocer su trabajo como empleo público y garantizarles derechos laborales y acceso a la seguridad social.

Este proceso inició con respaldo legal en el artículo 68 de la Ley 2466 de 2025, que ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vincular progresivamente a madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles a su planta de personal. La medida fue reglamentada mediante los decretos 0586 y 1398 de 2025, que establecen que estas trabajadoras serán consideradas empleadas públicas de nivel asistencial, con contratos a término indefinido y un salario mínimo como base.

Como parte de este avance, se crearon 2.353 cargos oficiales, y para inicios de 2026 ya se habían vinculado alrededor de 2.300 personas. Sin embargo, el Gobierno proyecta formalizar cerca de 40.000 trabajadores antes de 2029, lo que evidencia que el proceso aún requiere una expansión significativa para cumplir su meta.

Paralelamente, el Gobierno implementó medidas para apoyar a las ex madres comunitarias que no lograron pensionarse. Desde 2023, el ICBF entrega un bono pensional dirigido a mujeres mayores de 57 años con al menos 10 años de servicio. Este bono varía según el tiempo trabajado:

• Entre 10 y 15 años: aproximadamente $928.000 mensuales.
• Entre 15 y 20 años: cerca de $1.044.000 mensuales.
• Más de 20 años: alrededor de $1.102.000 mensuales, equivalente al 95 % del salario mínimo.

La meta del Gobierno es alcanzar 36.351 beneficiarias de este bono al cierre de 2026, mediante una ampliación progresiva de cupos desde 2023. Además, se destinaron cerca de $297.810 millones para fortalecer el subsidio de aportes a pensión (PSAP), beneficiando también a madres comunitarias activas.

Para quienes no cumplen los requisitos del bono pensional, el Gobierno aumentó el subsidio de subsistencia, que pasó de $498.000 a $1.102.000 mensuales, beneficiando a más de 5.000 personas, lo que representa una mejora significativa en sus condiciones de vida.

Actualmente, en Colombia hay 40.469 madres y padres comunitarios, quienes atienden a más de 454.000 niñas, niños y adolescentes, lo que muestra la magnitud del impacto social de esta labor. No obstante, las vinculaciones realizadas hasta ahora representan solo el inicio de un proceso que deberá ampliarse considerablemente en los próximos años.

En conclusión, esta política busca saldar una deuda histórica con quienes han sostenido durante décadas el sistema de cuidado infantil en el país, permitiéndoles acceder a derechos laborales, cotizar para su pensión y mejorar sus condiciones de vida, tanto en su etapa activa como en la vejez.