Escándalo por Petro título mina de oro ligada a denuncias del Ejército

La reciente revelación de un video en el que el presidente Gustavo Petro aparece entregando un título minero ha desatado una fuerte controversia en el país. El hecho cobra especial gravedad porque la concesión corresponde a una mina de oro ubicada junto al Batallón Rifles No. 31, en el municipio de Cáceres, que ha sido señalada por actividades presuntamente ilegales desde años atrás.

El origen del caso: un evento oficial en Caucasia

El episodio se remonta al 11 de abril de 2024, durante la “Asamblea Popular por la Paz y la Vida” realizada en Caucasia. Allí, el Gobierno nacional adelantó un proceso de formalización minera en el que se entregaron varios títulos de explotación.

En ese acto público, Petro —junto a funcionarios como el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho— hizo entrega directa de una concesión minera a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien figura como titular del contrato del predio conocido como “La Mandinga”.

El video, revelado por una investigación periodística, muestra claramente el momento en que el mandatario participa en la entrega del título, lo que ha generado cuestionamientos políticos y legales sobre la verificación previa del caso.

Una mina bajo sospecha desde 2022

Lo más polémico del caso es que, según documentos oficiales, el Ejército Nacional ya había advertido desde diciembre de 2022 sobre la existencia de actividades mineras ilegales en ese mismo predio.

El informe militar alertaba sobre:

• Devastación ambiental en la zona
• Uso de mercurio en fuentes hídricas
• Remoción masiva de tierra y afectación del ecosistema
• Explotación sin estudios técnicos ni licencias adecuadas

A pesar de estas advertencias, la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó la concesión en 2024, lo que hoy genera dudas sobre posibles fallas institucionales en los procesos de control.

El contexto más grave: minería ilegal junto a una base militar

El caso tomó aún más relevancia tras una investigación internacional que evidenció que la mina “La Mandinga” no solo opera cerca del batallón, sino que incluso habría invadido zonas del mismo.

Un reportaje periodístico documentó cómo la explotación ilegal se desarrolla a pocos metros —e incluso dentro— del perímetro del Batallón Rifles, con presencia de maquinaria, uso de químicos y afectación ambiental severa.

Además, se ha señalado que estructuras criminales como el Clan del Golfo podrían estar vinculadas a la explotación del oro en esa zona, lo que conecta el caso con economías ilícitas de alto impacto en Colombia.

¿Por qué se otorgó el título?

Una de las principales preguntas que surgen es por qué se otorgó un título minero en un área que ya tenía denuncias por ilegalidad.

De acuerdo con la información revelada:

• La beneficiaria solicitó formalización minera como trabajadora tradicional
• La zona no estaba catalogada como área protegida ni restringida
• Existían múltiples solicitudes de legalización en el área

Sin embargo, esto no explica por qué no se detuvo el proceso ante las alertas previas del Ejército y autoridades ambientales.

Incluso, en los últimos días, la ANM ordenó revisar el caso y reasignó el expediente para seguimiento especial.

Reacciones y consecuencias

El escándalo ha generado:

• Cuestionamientos al Gobierno sobre control territorial
• Dudas sobre la coordinación entre entidades estatales
• Debate sobre la formalización minera en zonas con presencia ilegal
• Investigación administrativa sobre el título otorgado

El propio presidente Petro ha reconocido la gravedad del problema de la minería ilegal en Colombia, señalando que el oro se ha convertido en una de las principales economías ilícitas del país.

Un caso que refleja un problema estructural

Más allá del video, este caso evidencia un problema más profundo: la dificultad del Estado colombiano para controlar territorios donde convergen minería ilegal, grupos armados y debilidad institucional.

La coexistencia de una mina ilegal junto a una base militar, sumada a la posterior legalización parcial de la explotación, pone en evidencia fallas en:

• Supervisión ambiental
• Control de economías ilícitas
• Coordinación entre entidades del Estado