Periodista denuncia pesadilla de acoso y hostigamiento psicológico en Caracol Televisión

Una nueva y contundente denuncia por presunto acoso laboral sacude los cimientos de Séptimo Día, el emblemático programa de investigación de Caracol Televisión. Una periodista, quien solicitó la protección de su identidad por temor a represalias, relató cómo su paso por el formato se transformó en una experiencia traumática marcada por hostigamientos constantes y presiones psicológicas. Aunque ingresó por méritos propios en octubre de 2021 y demostró resultados con altos índices de audiencia, la comunicadora describe un ambiente que degeneró rápidamente hacia la vigilancia y el miedo. Según su testimonio, la productora y la subdirectora del programa crearon una dinámica de persecución que incluyó la supuesta instalación de micrófonos bajo su mesa de trabajo y comentarios descalificativos que fracturaron su estabilidad emocional.

El relato detalla tácticas de manipulación profesional y logística que buscaban entorpecer el desempeño de la reportera. La denunciante asegura que la productora le asignaba tareas ajenas a su rol periodístico y retenía información vital para sus investigaciones, exponiéndola a inconsistencias frente a sus fuentes. Además, la subdirectora habría respaldado estas acciones, llegando a increpar a la periodista cuando esta mencionó la posibilidad de acudir a Recursos Humanos. Por otro lado, la desaparición misteriosa de discos de trabajo y documentos firmados de su escritorio configuró un entorno de sabotaje que la obligó a asumir costos injustificados. Estas situaciones, validadas por testigos como conductores y camarógrafos del equipo, evidencian una estructura de presión que trascendía las exigencias normales de un medio de comunicación.

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La salida de la periodista del canal ocurrió de manera abrupta y sin justa causa, justo después de que el director del programa elogiara su potencial como futura presentadora. Horas antes de su despido, la subdirectora le solicitó los contactos de sus fuentes de investigación mientras celebraba con risas el ambiente del día. Posteriormente, tras su retiro, la afectada descubrió que la dirección del programa presuntamente prohibió a sus antiguos compañeros mantener contacto con ella, bajo amenaza de consecuencias laborales. El periodista Diego Urrea autorizó mencionar su presencia en reuniones donde se impartieron estas directrices, lo que refuerza la tesis de un veto profesional que incluso afectó sus posibilidades de participar en futuras producciones dramáticas del canal.

Este caso se suma a un historial de quejas similares que han circulado en redes sociales y medios independientes sobre la cultura organizacional dentro de programas de alto impacto en Colombia. Investigaciones previas de portales de transparencia laboral y denuncias en plataformas como X (antes Twitter) sugieren que los entornos de alta presión en el periodismo investigativo a menudo cruzan la línea hacia el maltrato. Por tal razón, diversos colectivos de comunicadores exigen a Caracol Televisión una revisión profunda de sus protocolos de ética y el funcionamiento de sus comités de convivencia. De igual manera, las facultades de periodismo del país instan a las empresas de medios a garantizar espacios seguros donde el mérito profesional no sucumba ante conflictos personales o abusos de poder de los mandos medios.

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Finalmente, la periodista reflexiona sobre el daño irreparable que estas experiencias causan en las carreras de las mujeres jóvenes en los medios nacionales. Su sueño de consolidarse como presentadora parece ahora lejano debido al impacto emocional y a la presunta campaña de desprestigio que sufrió tras su despido. Ella decidió romper el silencio para evitar que otros colegas vivan situaciones de ansiedad, paranoia y llanto sistemático en el ejercicio de su profesión. De esta manera, la denuncia busca transformar la indignación en un llamado a la salud mental y la dignidad laboral en la industria televisiva colombiana. La verdad sobre lo que ocurre detrás de las cámaras de Séptimo Día queda ahora bajo el escrutinio del público y de las autoridades competentes que deben velar por el bienestar de los trabajadores.