Las recientes propuestas de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos podrían afectar no solo el estatus legal de miles de inmigrantes, sino también el acceso a la vivienda pública de familias con integrantes indocumentados.
De acuerdo con especialistas en inmigración, las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno estadounidense contemplan restringir que personas sin un estatus migratorio regular puedan habitar viviendas subsidiadas por el Estado, incluso cuando compartan el hogar con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explicó que, bajo las normas actuales, las llamadas «familias mixtas» —integradas por ciudadanos, residentes e inmigrantes indocumentados— pueden acceder a programas de vivienda pública, aunque la ayuda económica se ajusta según el número de integrantes elegibles. Sin embargo, la propuesta busca impedir que los indocumentados residan en estos inmuebles, lo que obligaría a muchas familias a elegir entre mantener el beneficio de vivienda o permanecer unidas.
La especialista advirtió que alrededor de 80.000 familias podrían verse afectadas si la iniciativa entra en vigor. Además, señaló que diversas agencias federales han intensificado la cooperación con las autoridades migratorias como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre los inmigrantes en situación irregular.
Ante este panorama, los expertos recomiendan que las personas que hayan obtenido un nuevo estatus migratorio, como un permiso de trabajo, residencia permanente o ciudadanía, actualicen de inmediato su información ante las autoridades de vivienda. Esto permitiría evitar errores en los registros y reducir el riesgo de perder los beneficios.
Asimismo, los abogados aconsejan que ninguna familia tome decisiones apresuradas, como abandonar su vivienda o separar a alguno de sus integrantes, sin antes recibir asesoría legal especializada. En muchos casos, existen alternativas para regularizar el estatus migratorio que aún no han sido exploradas.