MinHacienda desmiente el 5×1.000 y anuncia que emergencia económica busca recaudo focalizado en grandes patrimonios

El Ministerio de Hacienda explicó que la declaratoria de emergencia económica en Colombia, anunciada el 23 de diciembre de 2025, responde principalmente al hueco fiscal que dejó el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, así como a presiones adicionales en sectores clave como la salud y la seguridad nacional. En ese contexto, el ministro Germán Ávila aclaró de manera enfática que el Gobierno no contempla la implementación del 5×1.000, desmintiendo versiones que circularon en los últimos días.

Durante varias intervenciones en medios radiales, el ministro señaló que, tras la negativa del Congreso, el Ejecutivo enfrentó una disyuntiva central: incrementar el endeudamiento público o fortalecer los ingresos tributarios. Según explicó, el Gobierno optó por lo que calificó como la “opción más sana y razonable”, es decir, ampliar los ingresos vía tributación, con el objetivo de cumplir las obligaciones del Estado sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal ni la estabilidad macroeconómica del país.

En cuanto a las razones que sustentan la emergencia económica, el Ministerio de Hacienda enumeró varios factores de presión sobre las finanzas públicas. El principal es el vacío de recursos generado por el rechazo legislativo a la Ley de Financiamiento. A esto se suma el déficit de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, estimado en 3 billones de pesos, que compromete la financiación de la atención médica por afiliado y amenaza la estabilidad del sistema sanitario.

El Gobierno también incluyó dentro de sus argumentos las necesidades en materia de seguridad, relacionadas con la protección de la Fuerza Pública, el mantenimiento de su infraestructura, el fortalecimiento de su capacidad operativa y los mayores requerimientos presupuestales de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Asimismo, se mencionaron las emergencias previsibles, como desastres naturales —entre ellos posibles terremotos—, que demandan respuestas fiscales rápidas y recursos disponibles de forma inmediata.

Pese a este panorama, el ministro Ávila afirmó que 2025 ha sido un buen año en términos económicos, con resultados positivos en actividad productiva y crecimiento. No obstante, advirtió que el país enfrenta problemas estructurales en las finanzas públicas que, a su juicio, justifican la adopción de medidas excepcionales mediante la emergencia económica.

En el frente tributario, el Ministerio reiteró que no todos los colombianos asumirán una mayor carga impositiva. Insistió en que el 5×1.000 no está en los planes del Gobierno y, en su lugar, propuso un esquema de tributación progresiva enfocado en los mayores patrimonios. El modelo plantea tarifas escalonadas que van desde el 1 % para patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos, hasta un 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones, pasando por rangos intermedios del 2 % y 3 %.

Respecto a la venta y colocación de Títulos de Tesorería (TES) por un monto de 23 billones de pesos, el ministro explicó que la operación se realizó bajo criterios de prudencia financiera, con el objetivo de cerrar adecuadamente el ciclo económico de 2025. Indicó que la transacción se llevó a cabo con PIMCO, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, y descartó que esta operación sea una señal de desconfianza del mercado.

Por el contrario, sostuvo que la participación de inversionistas internacionales en la colocación de TES es una muestra de confianza en la economía colombiana, en un contexto de crecimiento y recuperación económica. Para el Gobierno, esta operación refuerza la percepción de estabilidad y respaldo internacional al manejo macroeconómico del país.

En conclusión, el Ministerio de Hacienda señaló que, aunque 2025 deja resultados económicos positivos, la emergencia económica busca proteger la estabilidad fiscal, cerrar los vacíos de financiación y garantizar los recursos necesarios para que el Estado pueda cumplir sus compromisos en salud, seguridad y atención de emergencias, sin recurrir a medidas que afecten de manera generalizada a la población.