España afronta una nueva etapa en la protección de sus terrenos agrícolas después de la aprobación a nivel europeo de la Directiva (UE) 2025/2360 sobre vigilancia y resiliencia del suelo, una norma que establece por primera vez un marco común para evaluar la salud de los suelos de los Estados miembros.
La medida adquiere especial relevancia para zonas agrícolas como Andalucía, donde el olivar ocupa una superficie extensa y constituye una actividad económica fundamental. Sin embargo, hay una precisión importante: no se trata de una directiva aprobada exclusivamente por España ni de una norma que prohíba de inmediato determinados plaguicidas en los olivares. La norma fue aprobada por la Unión Europea y deberá ser incorporada a la legislación nacional de los Estados miembros.
Su objetivo es mucho más amplio: mejorar la vigilancia de los suelos, detectar contaminación, combatir su degradación y avanzar hacia terrenos agrícolas más saludables y resistentes. La directiva establece como aspiración que los suelos europeos alcancen un buen estado de salud para 2050.
Una nueva legislación europea para vigilar la salud del suelo
La Directiva (UE) 2025/2360 fue adoptada el 12 de noviembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de noviembre de ese mismo año. Su finalidad es establecer un marco común para que los países europeos puedan medir y evaluar de una manera comparable el estado de sus suelos.
La normativa contempla distintos factores que pueden determinar si un suelo se encuentra en buenas condiciones. Entre ellos aparecen la erosión, la compactación, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, el exceso de nutrientes, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la capacidad del terreno para retener e infiltrar agua.
Esto significa que la protección del suelo deja de centrarse únicamente en evitar la contaminación más evidente. También busca conocer cómo las prácticas agrícolas y otros usos del territorio afectan progresivamente a la capacidad de los terrenos para producir alimentos y mantener sus funciones ambientales.
¿Qué papel tendrán los plaguicidas?
Uno de los aspectos relevantes de la nueva normativa es precisamente la contaminación del suelo por sustancias químicas, entre ellas los plaguicidas, sus metabolitos y otros contaminantes considerados potencialmente peligrosos.
La directiva establece que los Estados miembros deberán desarrollar sistemas de vigilancia capaces de detectar sustancias contaminantes que puedan representar riesgos para la salud humana, el medioambiente o la propia resiliencia del suelo. La normativa europea incluye expresamente a los plaguicidas dentro de los contaminantes que deberán ser considerados en estos mecanismos de seguimiento.
Esto no significa que todos los productos fitosanitarios utilizados actualmente en los olivares vayan a quedar prohibidos. La legislación establece mecanismos de seguimiento, evaluación y gestión del riesgo, mientras que la autorización concreta de cada producto depende de la normativa europea y nacional correspondiente.
En España, además, ya existe un sistema específico para regular los productos fitosanitarios. El Ministerio de Agricultura mantiene un Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario y señala que únicamente pueden comercializarse productos autorizados que cumplan las condiciones establecidas.
España ya cuenta con normas para el uso sostenible de fitosanitarios
La nueva legislación europea sobre el suelo no parte de cero en España.
El país ya aplica desde hace años medidas destinadas a reducir los riesgos derivados de los productos fitosanitarios. El Ministerio de Agricultura explica que la Directiva 2009/128/CE, relacionada con el uso sostenible de plaguicidas, fue incorporada al ordenamiento español mediante diferentes normas, entre ellas el Real Decreto 1311/2012 y el Real Decreto 1702/2011.
Estas disposiciones establecen, entre otras cuestiones, la promoción de la Gestión Integrada de Plagas, que busca reducir la dependencia de los productos químicos y priorizar, cuando sea posible, métodos alternativos de control.
España también cuenta con un Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios. El Ministerio señala que actualmente existe un plan correspondiente al periodo 2023-2027, que fue prorrogado en febrero de 2025.
Por tanto, las nuevas obligaciones europeas sobre salud del suelo se incorporarán a un sistema regulatorio que ya dispone de instrumentos para controlar el uso de fitosanitarios.
El olivar, uno de los cultivos donde el suelo resulta especialmente importante
La relación entre suelo y producción de aceite de oliva es particularmente importante en España. Andalucía concentra una parte esencial de la producción olivarera española y cuenta con extensas zonas de olivar, incluidas explotaciones situadas en terrenos con pendientes pronunciadas.
En estos lugares, uno de los problemas ambientales más importantes es la erosión. Cuando el suelo permanece descubierto, las lluvias pueden arrastrar partículas de tierra y reducir progresivamente la capa fértil.
Investigaciones realizadas en Andalucía han mostrado precisamente la importancia de mantener cubiertas vegetales en los olivares. Un estudio difundido por la Fundación Descubre encontró que la presencia de determinadas cubiertas vegetales permitió incorporar entre 10,5 y 14,5 toneladas de materia orgánica por hectárea durante cuatro años, además de ayudar a proteger el suelo frente a la erosión provocada por la lluvia.
La investigación también observó mejoras relacionadas con elementos como carbono, nitrógeno y potasio, mientras que las cubiertas vegetales ayudaron a reducir las señales de erosión presentes en zonas donde el terreno permanecía descubierto.
No todo se reduce a prohibir productos químicos
Uno de los puntos que conviene aclarar sobre la nueva normativa es que la estrategia europea no consiste simplemente en sustituir todos los plaguicidas por otros productos.
La protección del suelo contempla un conjunto más amplio de medidas. Entre ellas se encuentran la vigilancia de sus propiedades, la identificación de zonas degradadas, la evaluación de terrenos potencialmente contaminados y la adopción de medidas para reducir los riesgos cuando se detecten problemas.
Además, la Unión Europea plantea que los Estados miembros proporcionen apoyo a propietarios y gestores de terrenos mediante asesoramiento, formación e información científica sobre las medidas que pueden mejorar la salud y resiliencia del suelo.
En el caso del olivar, esto puede favorecer prácticas como una gestión más precisa de los tratamientos fitosanitarios, la utilización de métodos de control integrado, el mantenimiento de cubiertas vegetales y otras técnicas destinadas a conservar la estructura y fertilidad del terreno.
¿Cuándo tendrá que aplicar España la nueva directiva?
Este punto es fundamental para entender el alcance real de la noticia.
La Directiva (UE) 2025/2360 no implica que todas sus disposiciones empiecen a aplicarse inmediatamente en los olivares españoles. Los Estados miembros tienen hasta el 17 de diciembre de 2028 para transponer la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales. Las reglas de la directiva están previstas para aplicarse a partir de esa fecha.
Esto significa que España tendrá que adaptar su marco normativo y establecer los mecanismos necesarios para cumplir los nuevos requisitos europeos.
La transformación será progresiva. La normativa contempla, por ejemplo, evaluaciones periódicas de la salud de los suelos y establece que la primera evaluación completa deberá realizarse a más tardar el 17 de diciembre de 2031.
También habrá mayor atención a los terrenos contaminados
La directiva va más allá de la agricultura y establece un sistema basado en el riesgo para localizar, investigar y gestionar terrenos potencialmente contaminados.
A más tardar el 17 de diciembre de 2029, los Estados miembros deberán disponer de un sistema para identificar e investigar lugares potencialmente contaminados y establecer medidas de reducción del riesgo cuando existan peligros inaceptables.
Además, la normativa establece que los países deberán crear un registro público en línea de terrenos contaminados y potencialmente contaminados.
La intención es disponer de una visión mucho más completa del estado del territorio europeo y evitar que la contaminación del suelo permanezca sin identificar durante largos periodos.
El desafío para los agricultores españoles
Para los agricultores, la nueva normativa puede representar tanto un reto como una oportunidad.
El principal desafío será adaptar determinadas prácticas de producción a un sistema en el que la salud del suelo tendrá cada vez más importancia. Esto puede traducirse en una mayor necesidad de registrar información, realizar mediciones y adoptar medidas destinadas a prevenir la degradación.
En el caso de los productos fitosanitarios, los agricultores españoles ya están sujetos a reglas que obligan a utilizar productos autorizados y respetar las condiciones establecidas para cada tratamiento. El Ministerio de Agricultura también dispone de guías específicas de Gestión Integrada de Plagas para el olivar.
La nueva legislación europea añade una perspectiva diferente: no solamente importa que un producto esté autorizado, sino también comprender y vigilar de manera sistemática la condición del suelo sobre el que se desarrolla la actividad agrícola.
Una transición hacia una agricultura más sostenible
La protección del suelo se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales de la agricultura europea. La degradación puede reducir la productividad, aumentar la erosión y afectar la capacidad del terreno para almacenar carbono, retener agua y sostener biodiversidad.
Por esta razón, la Unión Europea estableció el objetivo a largo plazo de contar con suelos saludables y resilientes para 2050. La directiva pretende proporcionar a los Estados miembros herramientas comunes para conocer mejor el estado de sus terrenos y actuar sobre aquellos que presenten problemas.
En España, el impacto será especialmente relevante para sectores agrícolas de gran importancia económica, entre ellos el olivar. Sin embargo, el cambio no debe interpretarse como una prohibición inmediata de los plaguicidas utilizados en este cultivo.
La realidad es más amplia: España tendrá que avanzar hacia una vigilancia sistemática de la salud del suelo, reforzar la identificación de contaminantes y continuar promoviendo un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Un cambio que será gradual, pero de largo alcance
La nueva normativa europea marca un cambio en la manera de entender la protección del suelo. El terreno agrícola deja de considerarse únicamente como un recurso productivo y pasa a recibir una atención específica como parte fundamental de los ecosistemas.
Para el olivar español, esto puede traducirse durante los próximos años en una mayor importancia de las prácticas destinadas a evitar la erosión, conservar la materia orgánica, proteger la biodiversidad del suelo y utilizar los productos fitosanitarios de manera responsable.
España dispone ya de una estructura normativa para el uso sostenible de estos productos, pero deberá adaptar su legislación para cumplir la nueva directiva europea antes de diciembre de 2028.
Así, más que una prohibición inmediata de plaguicidas agresivos, la nueva política representa un paso hacia un modelo en el que la salud del suelo deberá medirse, vigilarse y protegerse de forma mucho más sistemática.