Las razones detrás de la orden de desalojo a granja en barrio de Bogotá: IDRD explica su decisión

La orden de desalojo contra la Granja La Marielita, ubicada en el ecobarrio La Esmeralda, en la localidad de Teusaquillo, ha generado una fuerte polémica en la capital. La medida fue emitida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que argumenta incumplimientos normativos y riesgos para la salud pública, mientras la comunidad defiende el carácter social, educativo y ambiental del espacio.

De acuerdo con el IDRD, tras varias visitas técnicas se evidenció que la granja cuenta con un cerramiento artesanal no autorizado, además de promover la interacción directa de estudiantes y visitantes con animales sin los permisos ambientales ni los requisitos técnicos exigidos por la ley. La entidad también señaló la ausencia de conceptos de uso del suelo y licencias ambientales para desarrollar este tipo de actividades dentro de un parque distrital .

Otro de los puntos clave es la falta de supervisión veterinaria profesional, situación que, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), representa riesgos sanitarios y epidemiológicos, al tratarse de una granja de exhibición con más de 100 animales, entre ellos conejos, gallinas, gansos, patos y cobayas. Además, el IDRD recordó que no existe una norma que autorice actividades pecuarias dentro de parques públicos de la ciudad .

Por su parte, la comunidad del barrio La Esmeralda rechaza la medida y asegura que la granja funciona desde hace más de 20 años como un espacio educativo, ambiental y de protección animal, sin fines comerciales. La senadora animalista Esmeralda Hernández denunció que el desalojo pondría en riesgo a más de 110 animales rescatados y afectaría programas de educación ambiental dirigidos a niños, jóvenes y universidades .

Según la orden, la Fundación Sociocultural Emmanuel, encargada del cuidado del lugar, tiene plazo hasta el 10 de marzo para restituir el espacio público. Mientras tanto, la comunidad adelanta mesas de diálogo y acciones jurídicas para frenar el desalojo.

El caso ha abierto un intenso debate en redes sociales y espacios públicos sobre el uso del suelo, la protección animal, el derecho al espacio público y la necesidad de regular este tipo de iniciativas comunitarias dentro de la ciudad.