JEP primera sentencia para doce exmilitares del Batallón de Popa por 135 casos de ‘Falsos positivos’

La JEP determinó que 12 exmilitares del Batallón La Popa, fueron responsables de dos patrones macrocriminales para la presentación de civiles como bajas en combate entre 2002 y 2005.

Los exmilitares aceptaron la responsabilidad por 135 falsos positivos en hechos registrados en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

A cada uno de los exmilitares del Batallón La Popa y que comparecieron en el caso 03 se les impuso sanciones propias.

La Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dictó la primera sentencia restaurativa en el marco del caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Fueron responsables por estos crímenes 5 oficiales, 4 suboficiales y 3 soldados que pertenecieron al Batallón de Artillería La Popa en Valledupar, ellos según la JEP fueron los «máximos responsables de asesinar a 135 civiles entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira».

Los exmilitares fueron sentenciados entre 5 y 8 años.

ONU de Derechos Humanos en caso de los falsos positivos:

Esta sentencia contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas.

«La articulación y la incorporación de los saberes propios y el diálogo con los sistemas propios de justicia étnicos en el marco de la justicia transicional resultan esenciales para la dignificación y restauración de sus derechos», dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Sé que muchas víctimas enfrentaron abusos y estigmatización -añadió- buscando la restauración del buen nombre y la honra de sus seres queridos. Pese a este ambiente hostil persistieron en su lucha».

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera las palabras del Alto Comisionado Volker Türk al Gobierno de Colombia para que se fortalezca la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y se tomen todas las medidas necesarias legales, presupuestales, administrativas y de seguridad que garanticen la implementación efectiva de la sanción para que puedan garantizar la contribución a la reparación de las víctimas y la seguridad jurídica de los máximos responsables.

En la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, hay un incremento de la violencia con graves afectaciones para los pueblos indígenas, y comunidades afrodescendientes y campesinas que demandan redoblar esfuerzos institucionales para las garantías de sus derechos y la no repetición.

«La Oficina ratifica su pleno compromiso y disponibilidad para continuar acompañando a las víctimas y a la Jurisdicción Especial para la Paz para favorecer la rendición de cuentas de los graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto»

JEP identificó dos patrones criminales

Esta es la primera de cinco sentencias que serán emitidas por el tribunal de paz en relación con el caso 03, por los falsos positivos presentados en Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y Meta.

En esta investigación, la JEP encontró estos dos patrones macrocriminales:

• Personas presentadas como bajas en combate con connivencia entre la fuerza pública y el bloque norte de las AUC.
• Personas en condición de vulnerabilidad capturadas arbitrariamente por miembros del Batallón La Popa, con el fin de ser presentadas como bajas en combate.

A qué se comprometen los exmilitares:

• Esta sanción se divide en dos parte, una primera será «reparador» y la segunda «restaurador», que incluye trabajos y obras sociales; y las restricciones de derechos y libertades a los comparecientes.
• Los proyectos sancionatorios contra los exmilitares incluyen un proyecto de memorialización para la costa Caribe, en el cual se construirá un mausoleo con 700 osarios en el cementerio Ecce Homo, en Valledupar.
• Las jornadas de trabajo serán de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 12 del mediodía, y entre 2 y 5 p.m.
• Mientras se realizan estos trabajos, los comparecientes deberán residir en el casco urbano de Valledupar, en una casa dispuesta por la SAE y cuyos gastos serán cubiertos por el Ministerio de Defensa.