Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer quiénes estaban al frente del establecimiento clandestino donde fue intervenida Adriana Manotas, la mujer que perdió la vida luego de someterse a un procedimiento estético en Bogotá. El caso ha generado preocupación por el funcionamiento de este tipo de lugares sin los permisos exigidos por la ley.
Las indagaciones buscan establecer la identidad de los propietarios, administradores y demás personas involucradas en la operación del centro, así como determinar si existían antecedentes relacionados con la prestación irregular de servicios médicos o estéticos.
Según la información recopilada por los organismos de control, el establecimiento funcionaba sin la habilitación requerida para realizar procedimientos invasivos y, al parecer, desarrollaba actividades diferentes a las registradas oficialmente ante las autoridades competentes.
Los investigadores también analizan la documentación del inmueble, los registros mercantiles y las responsabilidades de quienes promovían los tratamientos ofrecidos en el lugar. Como parte del proceso, se revisan testimonios, videos de seguridad y otros elementos probatorios que permitan reconstruir lo ocurrido antes, durante y después del procedimiento practicado a la paciente.
Adriana Manotas presentó complicaciones poco después de la intervención y fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente falleció. Su muerte motivó la apertura de una investigación penal para determinar si existieron negligencias o actuaciones que puedan constituir delitos.
Las autoridades distritales reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que cualquier clínica o centro de estética cuente con la autorización de la Secretaría de Salud y que los procedimientos sean realizados por profesionales debidamente habilitados. Asimismo, anunciaron que continuarán realizando inspecciones para detectar establecimientos que operen al margen de la normativa.
Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía y las autoridades sanitarias buscan establecer todas las responsabilidades en este caso, que ha vuelto a poner en evidencia los riesgos de acudir a establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos sin cumplir los requisitos legales.