Avalúo catastral: IGAC da luz verde a cambios territoriales en los incrementos

En medio de una creciente tensión social por el aumento del impuesto predial en varias regiones del país, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió una nueva medida que busca flexibilizar la aplicación de los incrementos en los avalúos catastrales. Se trata de la Resolución 0384 de 2026, mediante la cual la entidad autorizó a sus directores territoriales para ajustar los porcentajes de alza del avalúo catastral en cada región.

La decisión se produce en un contexto marcado por protestas campesinas, bloqueos de vías y fuertes críticas a la actualización catastral implementada a finales de 2025, la cual ha generado incrementos significativos en el impuesto predial en cientos de municipios del país.

¿Qué establece la nueva resolución del IGAC?

La Resolución 0384 adiciona un nuevo parágrafo a la normativa vigente (Resolución 2057 de 2025), permitiendo que las direcciones territoriales del IGAC modifiquen los porcentajes de incremento del avalúo catastral mediante actos administrativos de carácter general.

Según la entidad, esta medida tiene como objetivo garantizar:

• La coherencia técnica de los avalúos
• La correcta incorporación de los datos en la base catastral
• La adaptación de los incrementos a las realidades regionales

Además, los ajustes deberán estar sustentados en criterios técnicos ligados a la Ley 2294 de 2023 y a la consistencia de la información dentro del Sistema Nacional Catastral.

Otro punto clave es que cualquier modificación deberá aplicarse de forma general y uniforme en las zonas intervenidas, evitando decisiones arbitrarias o individuales.

Contexto: protestas y controversia por el predial

La medida no surge en el vacío. Desde inicios de abril de 2026, diversas regiones del país han sido escenario de protestas lideradas por campesinos y propietarios rurales, quienes denuncian aumentos excesivos en el impuesto predial derivados de los nuevos avalúos.

En algunos casos, los incrementos han sido reportados como desproporcionados, alcanzando cifras de hasta 500% o incluso superiores, lo que ha generado bloqueos y pérdidas económicas significativas.

El epicentro de la crisis ha sido el departamento de Santander, donde las manifestaciones obligaron al Gobierno a abrir mesas de diálogo y revisar la aplicación de la normativa catastral.

¿Por qué aumentaron los avalúos?

El ajuste de los avalúos catastrales hace parte del proceso de implementación del catastro multipropósito, una política pública que busca actualizar los valores de los predios para acercarlos a su valor real de mercado.

Durante años, muchos predios en Colombia estuvieron subvalorados, lo que generaba inequidades en el cobro del impuesto predial. Sin embargo, la actualización masiva generó un choque económico en sectores rurales y urbanos vulnerables.

El IGAC ha insistido en que el avalúo catastral no es lo mismo que el impuesto predial, ya que este último depende de decisiones de los municipios, como tarifas y beneficios tributarios.

Reacciones políticas y medidas adicionales

La controversia ha llegado al ámbito político. Desde el Congreso se han solicitado debates de control político para explicar los incrementos, mientras que el Gobierno Nacional ha presionado a alcaldes y gobernadores para mitigar el impacto del impuesto en la población.

Incluso, el presidente ha advertido posibles sanciones a mandatarios locales que no adopten medidas para reducir la carga tributaria en los sectores más afectados.

¿Qué implica esta decisión para los ciudadanos?

La autorización a los directores territoriales representa un intento de descentralizar y flexibilizar la política catastral, permitiendo ajustes más acordes con las condiciones locales.

En la práctica, esto podría traducirse en:

• Reducción de incrementos excesivos en algunas regiones
• Revisión técnica de avalúos cuestionados
• Mayor participación de autoridades locales en el proceso

No obstante, expertos advierten que el impacto real dependerá de cómo se implementen estos ajustes y de la coordinación con los gobiernos municipales, que son los encargados de definir el impuesto predial.