La mayor EPS del país deja un complejo panorama financiero tras más de un año de intervención estatal
La publicación de los estados financieros correspondientes a 2024 confirmó la profundidad de la crisis que atraviesa la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia. Los documentos oficiales muestran que la EPS terminó el año con pasivos cercanos a los $22,5 billones, pérdidas netas de $4,8 billones y un patrimonio negativo que supera los $11 billones, cifras que reflejan un deterioro financiero sin precedentes para una entidad que atiende a más de 11 millones de afiliados.
Los resultados reavivaron el debate político sobre la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente al sistema de salud y, especialmente, sobre el balance de la intervención administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024.
¿Qué muestran las cifras oficiales?
De acuerdo con los estados financieros divulgados por la administración intervenida, la Nueva EPS registró durante 2024:
- Ingresos aproximados por $22,2 billones.
- Costos en la prestación de servicios de salud cercanos a $26,4 billones.
- Una pérdida neta anual de $4,8 billones.
- Activos cercanos a $10,6 billones.
- Pasivos que ascienden a aproximadamente $22,5 billones.
- Un patrimonio negativo superior a $11,9 billones.
En términos contables, esto significa que las obligaciones de la EPS superan ampliamente el valor de sus activos, una situación que evidencia un severo desequilibrio financiero.
¿Por qué fue intervenida Nueva EPS?
La Superintendencia Nacional de Salud intervino la entidad en abril de 2024 luego de identificar múltiples incumplimientos relacionados con indicadores financieros, reservas técnicas, pago a prestadores y capacidad para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud.
Posteriormente, el Gobierno aseguró haber encontrado inconsistencias contables significativas durante el proceso de revisión de la entidad. En una alocución presidencial, Gustavo Petro afirmó que existían miles de facturas que no habían sido reflejadas correctamente en los balances anteriores, lo que habría incrementado considerablemente el valor real de los pasivos de la EPS.
Según la versión del Ejecutivo, la nueva contabilidad permitió evidenciar obligaciones que anteriormente no figuraban de manera adecuada en los estados financieros.
El origen de la controversia
Las cifras publicadas han dado lugar a interpretaciones distintas entre el Gobierno, exdirectivos de la entidad y diferentes expertos del sector salud.
El Gobierno sostiene que buena parte del deterioro financiero corresponde a problemas acumulados durante administraciones anteriores y que la intervención permitió transparentar la situación real de la entidad.
Por otro lado, diversos analistas, exfuncionarios y representantes del sector salud consideran que, aunque la EPS ya enfrentaba dificultades estructurales antes de la intervención, su situación también se agravó durante el período en que estuvo bajo administración estatal, debido a problemas de liquidez, retrasos en los pagos y diferencias sobre el financiamiento del sistema mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El impacto sobre millones de afiliados
La Nueva EPS continúa siendo la aseguradora con mayor número de usuarios del país, con alrededor de 11,5 millones de afiliados.
La crisis financiera ha tenido repercusiones en distintos frentes:
- Retrasos en pagos a hospitales y clínicas.
- Problemas en el suministro de medicamentos.
- Incremento de quejas por parte de usuarios.
- Riesgos para la continuidad de algunos servicios especializados.
- Mayor presión sobre la red hospitalaria nacional.
Diversas instituciones prestadoras de salud han advertido sobre las dificultades que enfrentan debido a las obligaciones pendientes de la EPS, mientras algunos proveedores han limitado servicios por falta de pago.
La posición del Gobierno Petro
El Gobierno nacional ha insistido en que la crisis del sistema de salud no se originó durante la actual administración.
En varias intervenciones públicas, el presidente Gustavo Petro ha señalado que las deudas corresponden principalmente a obligaciones privadas de las EPS y ha defendido que el Estado continúa girando los recursos que le corresponden dentro del sistema de salud. Asimismo, ha sostenido que la intervención buscó evitar un deterioro mayor y garantizar la continuidad de la atención a millones de usuarios.
El Ejecutivo también afirma que la revisión contable permitió conocer con mayor precisión la magnitud de las obligaciones acumuladas.
Las críticas a la intervención
Los resultados financieros de 2024 también han generado cuestionamientos sobre la efectividad de la intervención.
Diversos sectores consideran que, más de un año después del inicio de la medida, la situación financiera continúa deteriorándose y que persisten problemas relacionados con el acceso a medicamentos, la atención médica y el pago oportuno a clínicas y hospitales.
Expertos consultados por distintos medios han señalado que el sistema enfrenta problemas estructurales de financiación que van más allá de la administración de una sola EPS, incluyendo el valor de la UPC, el crecimiento de los costos médicos y las obligaciones acumuladas durante varios años.
¿Qué viene para Nueva EPS?
El futuro de la entidad dependerá de las decisiones que adopten las autoridades sanitarias y económicas en los próximos meses.
Entre los principales desafíos se encuentran:
- Recuperar el equilibrio financiero.
- Garantizar el pago a hospitales y clínicas.
- Mantener la atención de más de 11 millones de afiliados.
- Cumplir los indicadores regulatorios exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud.
- Restablecer la confianza de pacientes, proveedores y prestadores del sistema.
La evolución de estos indicadores será determinante para establecer si la intervención logra estabilizar la entidad o si serán necesarias nuevas medidas administrativas.
Conclusión
Los estados financieros de 2024 evidencian que la Nueva EPS enfrenta una de las situaciones económicas más complejas de su historia reciente. Con pasivos superiores a los $22 billones, pérdidas cercanas a $4,8 billones y un patrimonio negativo, la entidad continúa siendo uno de los principales focos del debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano.
Mientras el Gobierno atribuye gran parte del deterioro a problemas heredados y defiende la intervención como un mecanismo de transparencia y recuperación, críticos y expertos sostienen que los resultados muestran que la crisis persiste y que aún no existen soluciones definitivas para garantizar la sostenibilidad financiera de la mayor EPS del país.