Gobierno nacional suspende proceso de empalme hasta que existan «garantías técnicas, serías y respetuosas»

El Gobierno nacional anunció la suspensión temporal de las mesas de trabajo del proceso de empalme con la administración entrante, argumentando que actualmente no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar con este procedimiento. La decisión fue comunicada el 7 de julio de 2026 por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien además actúa como coordinador del Comité Nacional de Empalme.

Según explicó el ministro, la suspensión se mantendrá hasta que se restablezcan las garantías necesarias para desarrollar un proceso basado en el respeto mutuo, la institucionalidad y el cumplimiento de la Constitución y la ley. El Gobierno considera que las recientes declaraciones de Carlos Alonso Lucio, integrante del comité de empalme del gobierno entrante, afectaron el ambiente de cooperación que debe caracterizar esta etapa de transición.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ejecutivo solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación durante las jornadas de empalme. Para ello, envió una comunicación oficial al procurador Gregorio Eljach Pacheco, con el propósito de que el Ministerio Público supervise el proceso y contribuya a garantizar la transparencia, la objetividad y el cumplimiento de las normas.

Desde la Casa de Nariño, Ávila afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro siempre ha entendido el empalme como un ejercicio de Estado y no como un escenario de confrontación política. Explicó que el objetivo principal de este mecanismo es asegurar la continuidad de la administración pública mediante la entrega organizada de información, documentos e informes a la administración que asumirá el poder. En ese sentido, insistió en que el empalme debe mantenerse como un proceso estrictamente institucional y no recibir otras interpretaciones o denominaciones.

El ministro sostuvo que las declaraciones de Carlos Alonso Lucio desnaturalizan el propósito del empalme porque, según el Gobierno, incluyen acusaciones y señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y su equipo. Ávila aseguró que el Ejecutivo había intentado mantener una actitud de respeto y altura democrática, pero afirmó que, en respuesta, recibió agravios, descalificaciones e irrespetos que hicieron imposible continuar con las reuniones conjuntas.

Además de suspender las mesas de trabajo, el Gobierno informó que presentó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, al considerar que sus declaraciones afectan la honra y el buen nombre del presidente y de su administración. Esta acción judicial se suma al anuncio previo del presidente Petro sobre la intención de emprender acciones legales frente a lo que considera calumnias e injurias en su contra y contra su familia.

Durante su intervención, Ávila enfatizó que el proceso de empalme no puede convertirse en una investigación judicial, un juicio político o una plataforma para realizar acusaciones contra el Gobierno saliente. Reiteró que su función es facilitar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones, garantizando que el nuevo gobierno reciba toda la información necesaria para asumir sus funciones.

A pesar de la suspensión de las sesiones conjuntas, el Gobierno aclaró que no dejará de entregar la información oficial. Cada ministerio y departamento administrativo continuará elaborando y publicando sus informes de gestión, además de suministrar la documentación correspondiente para que exista continuidad en la administración del Estado. Según el ministro, estas acciones seguirán las instrucciones del presidente Gustavo Petro y buscan asegurar que la ciudadanía conozca los resultados obtenidos durante el cuatrienio.

En conclusión, el Gobierno decidió detener temporalmente las reuniones de empalme debido al deterioro del ambiente institucional provocado, según su versión, por las declaraciones de un integrante del equipo de transición del gobierno entrante. Sin embargo, manifestó que mantiene su compromiso con la entrega de información y con una transición democrática, siempre que se restablezcan las condiciones de respeto, objetividad y cooperación entre ambas administraciones.