Gobierno lanzó el Conpes de $10,1 billones para víctimas de desplazamiento forzado

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó oficialmente el Conpes 4180, denominado Política Nacional de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado, una hoja de ruta aprobada el 30 de diciembre de 2025 que contempla una inversión total de 10,1 billones de pesos. Esta política busca atender una de las principales deudas históricas del Estado colombiano con las personas afectadas por el conflicto armado interno.

El eje central del Conpes es pasar de un enfoque asistencial a uno de estabilización socioeconómica, con el objetivo de que al menos el 75% de las víctimas del desplazamiento forzado supere la situación de vulnerabilidad y sea reconocida como sujeto activo del desarrollo económico, social y político del país. Para lograrlo, la política contempla 66 acciones concretas orientadas al acceso efectivo a derechos fundamentales como vivienda, educación, salud y empleo, además del impulso al autoempleo, la economía popular y los medios de vida sostenibles.

Desde el Gobierno se enfatizó que esta política no se limita a la atención humanitaria inmediata, sino que apunta a soluciones duraderas, entendidas como procesos que permiten a las víctimas reconstruir sus proyectos de vida mediante el retorno, la reubicación o la integración local, siempre bajo condiciones de seguridad, dignidad y bienestar.

Coordinación institucional y alcance nacional

El DNP explicó que el Conpes 4180 articula el trabajo de 24 entidades del orden nacional y territorial, lo que busca evitar esfuerzos aislados y garantizar una respuesta integral y coordinada del Estado. En el diagnóstico presentado, se reiteró que Colombia registra más de 9 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado, una cifra que refleja la magnitud del reto.

La directora del DNP, Natalia Molina Posso, afirmó que esta política pretende consolidarse como una política de Estado, orientada no solo a la reparación, sino también a las garantías de no repetición. Según señaló, el país mantiene una deuda histórica con las víctimas, y su reconocimiento y reparación no pueden depender de acciones fragmentadas ni de voluntades temporales.

Respaldo internacional y acompañamiento de la ONU

El Gobierno también destacó el respaldo internacional a esta estrategia. Colombia es uno de los 15 países beneficiarios del Fondo de Soluciones Duraderas de Naciones Unidas, lo que representa un apoyo clave para la implementación de estrategias de largo plazo frente al desplazamiento interno.

En ese marco, Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia, señaló que la agencia acompaña técnicamente la implementación del Conpes junto con otras dependencias del sistema de Naciones Unidas. Lepri calificó este momento como histórico, al considerar que abre la puerta para ofrecer oportunidades reales a millones de personas desplazadas, permitiéndoles integrarse a sus comunidades, recuperar un hogar y reconstruir sus proyectos de vida.

Rol de la Unidad para las Víctimas

Por su parte, la directora de la Unidad para las Víctimas, Alix Dunieka Aguilar Tirado, aseguró que la entidad fortalecerá la articulación interinstitucional para atender los daños ocasionados por el desplazamiento forzado. Subrayó que las soluciones duraderas van más allá del retorno o la reubicación, e incluyen acceso efectivo a derechos, oportunidades económicas reales y garantías de no repetición, elementos indispensables para reconstruir la vida en condiciones de seguridad y dignidad.

Proceso participativo en la formulación

Planeación Nacional informó que la formulación del Conpes 4180 inició en noviembre de 2024 y se desarrolló mediante un proceso participativo liderado por el DNP, Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas. En este ejercicio participaron más de 2.500 liderazgos de organizaciones de víctimas, representantes de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos, a través de encuentros pedagógicos virtuales y territoriales.

Conclusión

Con la puesta en marcha del Conpes 4180, el Gobierno nacional dejó definida una política pública integral, con recursos, acciones claras y coordinación institucional, orientada a avanzar en soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzado. Aunque el desafío sigue siendo enorme, el documento establece una hoja de ruta ambiciosa para enfrentar una de las consecuencias más profundas del conflicto armado en Colombia y saldar, al menos en parte, una deuda histórica que durante décadas ha resultado difícil de superar.