Gobierno del Cambio registra fuerte caída en los cultivos de hoja de coca: reducción fue del 56,9 %, según la Policía

El presidente Gustavo Petro destacó una fuerte reducción en el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia durante los últimos tres años, periodo que coincide con su administración. Según el más reciente informe del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (Siima), presentado por la Policía Nacional con corte a agosto de 2025, el crecimiento de estos cultivos se redujo en 56,9%, un dato que el Gobierno calificó como un resultado clave de su política antidrogas.

La información fue expuesta durante una sesión del Consejo de Ministros realizada en la Casa de Nariño, donde el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, explicó que el Siima ofrece una medición más precisa y frecuente que el sistema utilizado tradicionalmente por Naciones Unidas, el Simci. Mientras este último elaboraba reportes anuales, el Siima produce informes cada cuatro meses, lo que —según la Policía— permite un seguimiento más cercano y realista de la dinámica de los cultivos ilícitos en el territorio.

El presidente Petro fue aún más crítico con el Simci, al afirmar que en 2023 se aplicó una metodología equivocada que distorsionó los datos y que dichos errores no fueron corregidos. En ese contexto, instruyó a la Policía Nacional para que los informes del Siima se elaboren de manera mensual, con el fin de contar con información aún más actualizada para la toma de decisiones y para la interlocución internacional.

El Mandatario subrayó que el análisis sobre cultivos ilícitos no debe centrarse únicamente en la cantidad de hectáreas sembradas, sino en la productividad real de cocaína. A su juicio, el indicador verdaderamente relevante es cuánta cocaína se produce efectivamente y no la capacidad potencial de producción, insistiendo en que Colombia no es el país más productivo de cocaína del mundo, como suele afirmarse en algunos escenarios internacionales.

Durante la presentación del informe, el general Rincón reveló otros datos relevantes. Indicó que los llamados cultivos retomados, es decir, áreas donde la coca se siembra de manera permanente, pasaron de 30.851 hectáreas en 2022 a 15.159 hectáreas en 2025, lo que representa una reducción significativa durante el actual Gobierno. Petro resaltó este dato como una prueba adicional de que, en su administración, se ha logrado frenar la expansión sostenida de la coca.

El informe también señaló que, de un total de 216.169 hectáreas que mantienen detección continua de hoja de coca, 56.639 hectáreas corresponden a áreas abandonadas o no productivas, ubicadas principalmente en regiones como Catatumbo, Caquetá, Guaviare y los Llanos Orientales. Según la Policía, estos terrenos representan una oportunidad estratégica para que el Estado recupere el control y promueva la sustitución de cultivos ilícitos por actividades agrícolas legales.

Petro insistió en que estos resultados deben ser conocidos en Estados Unidos, especialmente en el marco del diálogo bilateral en materia antidrogas. Reiteró que fue durante su Gobierno cuando “se desplomó” el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y que esa información es clave para contrarrestar narrativas que presentan un panorama opuesto.

Otro punto abordado en el Consejo de Ministros fue el relacionado con el dinero incautado al narcotráfico. Al comparar los primeros 1.278 días de los últimos tres gobiernos, esta administración registró un incremento del 1.287% en la incautación de divisas ilegales, alcanzando un monto de 1.873 millones de dólares. Frente a este dato, el Presidente planteó una inquietud directa sobre el destino de esos recursos y pidió a los ministros de Hacienda y Justicia coordinar acciones con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer dónde está ese dinero.

En conjunto, el Gobierno presentó estas cifras como evidencia de un cambio de enfoque en la política antidrogas: mayor precisión en la medición, énfasis en resultados reales, reducción de cultivos permanentes, recuperación de tierras abandonadas y un golpe más fuerte a las finanzas del narcotráfico. Según el Ejecutivo, estos elementos configuran una estrategia que busca no solo controlar el fenómeno, sino sentar bases más sólidas para la sustitución productiva y el desarrollo rural.