Escobar invita a De la Espriella a conocer Nariño y defiende los resultados de los procesos de paz

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario nacional lanzara una advertencia a gobernadores y alcaldes sobre la posibilidad de mantener negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con grupos armados al margen de la ley.

La respuesta del mandatario nariñense se produjo después de las declaraciones del presidente durante una cumbre de mandatarios regionales en Mompox, Bolívar, donde De la Espriella fue enfático en señalar que ningún gobernador o alcalde puede adelantar por cuenta propia negociaciones con estructuras armadas.

El mensaje presidencial incluyó una referencia directa al gobernador de Nariño, en medio de las diferencias que han surgido entre la visión del Gobierno nacional sobre la política de paz y la postura de autoridades regionales que han defendido los resultados obtenidos mediante procesos de diálogo y desescalamiento de la violencia en sus territorios.

La advertencia del presidente a los mandatarios regionales

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella sostuvo que los mandatarios locales no tienen autorización para establecer negociaciones paralelas con organizaciones armadas y advirtió que no tolerará acuerdos o contactos clandestinos que estén por fuera de las competencias constitucionales y legales.

La posición hace parte del cambio de rumbo que ha comenzado a implementar el Gobierno nacional frente a la política de “paz total” impulsada durante la administración anterior. Desde su llegada a la Presidencia, De la Espriella ha insistido en que las organizaciones armadas que quieran abandonar la violencia deberán hacerlo dentro del marco de la Constitución, la ley y los mecanismos de sometimiento a la justicia, mientras que quienes continúen involucrados en actividades como narcotráfico, terrorismo o crimen organizado enfrentarán la capacidad del Estado.

La advertencia generó especial atención en Nariño debido a que el departamento ha sido escenario de diferentes iniciativas y procesos relacionados con la búsqueda de reducción de la violencia, en una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados y economías ilegales.

“No hay nada por debajo de la mesa”: la respuesta de Luis Alfonso Escobar

Luis Alfonso Escobar rechazó que desde la Gobernación de Nariño se estén adelantando negociaciones clandestinas con grupos ilegales y aseguró que las acciones desarrolladas desde su administración han estado orientadas hacia una estrategia de paz territorial.

El gobernador invitó al presidente De la Espriella a conocer directamente las acciones que se han desarrollado en el departamento y los resultados que, según la administración regional, han permitido avanzar en procesos de desescalamiento de la violencia y transición hacia escenarios de legalidad.

Escobar también ha defendido públicamente la necesidad de evaluar las políticas de paz a partir de sus resultados concretos en las regiones y no únicamente desde las decisiones adoptadas en Bogotá. En intervenciones anteriores, el mandatario ha advertido que Colombia no debería pasar de una política de “paz total” a un escenario que él describe como una posible “guerra total”, insistiendo en que las decisiones nacionales deben tener en cuenta la realidad de los territorios más afectados por el conflicto armado.

Nariño defiende los resultados de la paz territorial

La respuesta del gobernador ocurre pocos días después de que el Gobierno nacional tomara decisiones para cerrar varias mesas de diálogo que funcionaban dentro de la política de paz del gobierno anterior.

Uno de los procesos que generó preocupación en Nariño fue el relacionado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La Gobernación defendió públicamente algunos de los resultados obtenidos durante ese proceso y pidió que las decisiones sobre su continuidad fueran evaluadas teniendo en cuenta los avances registrados en el territorio.

Según información divulgada por la propia Gobernación de Nariño, durante el proceso fueron destruidas más de 14 toneladas de material de guerra entregado por integrantes de esa estructura en Nariño y Putumayo. Además, la administración departamental reportó que 99 integrantes ingresaron en junio de 2026 a una Zona de Ubicación Temporal para comenzar su tránsito hacia la vida civil.

También se había establecido una meta de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca entre Nariño y Putumayo, de las cuales 15.000 correspondían al territorio nariñense. Para Escobar, estos resultados deben ser considerados antes de concluir que los procesos de diálogo no produjeron efectos en las comunidades.

El choque entre la paz territorial y la nueva política del Gobierno

El debate entre De la Espriella y el gobernador de Nariño refleja una discusión más amplia sobre el futuro de la política de paz en Colombia.

Mientras el presidente ha comenzado a desmontar varias de las mesas de negociación creadas bajo la política de paz total, argumentando que algunos grupos no demostraron una voluntad real de abandonar las armas, autoridades regionales como Luis Alfonso Escobar han insistido en que el análisis debe incluir los resultados específicos obtenidos en zonas donde la presencia estatal y la violencia armada tienen características particulares.

La discusión, por tanto, no se limita a determinar si una mesa de diálogo debe continuar o cerrarse. También involucra el papel que deben desempeñar los gobernadores y alcaldes en territorios afectados por el conflicto, los límites legales de su participación y la manera en que el Gobierno nacional coordinará las estrategias de seguridad y construcción de paz con las autoridades regionales.

El mensaje de Escobar: diálogo con el Gobierno, pero sin negociaciones clandestinas

En su respuesta, el gobernador de Nariño buscó marcar una diferencia entre la defensa de las estrategias de paz territorial y la acusación de mantener contactos secretos o negociaciones paralelas con organizaciones armadas.

Escobar ha sostenido que su administración no ha adelantado negociaciones clandestinas y que cualquier acción relacionada con la construcción de paz debe desarrollarse dentro de las competencias institucionales. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de escuchar a las comunidades y analizar las consecuencias que pueden tener las decisiones nacionales en departamentos como Nariño.

La postura del gobernador apunta a mantener una interlocución con el Gobierno nacional y, al mismo tiempo, defender los procesos que, según la administración departamental, han contribuido a reducir riesgos y abrir oportunidades para comunidades que han vivido durante décadas en medio del conflicto.

Un departamento clave para el futuro de la política de paz

Nariño ocupa un lugar estratégico dentro de la discusión nacional sobre seguridad y paz debido a sus complejas condiciones territoriales. Su ubicación fronteriza, la presencia de economías ilegales y la actuación de diferentes estructuras armadas han convertido al departamento en uno de los escenarios donde cualquier modificación de la política nacional puede tener consecuencias directas sobre las comunidades.

Por eso, la confrontación política entre el presidente y el gobernador trasciende un simple intercambio de declaraciones. El debate plantea interrogantes sobre cómo se desarrollará la relación entre la Casa de Nariño y los gobiernos departamentales que defienden enfoques distintos frente a la negociación con actores armados.

Por ahora, Luis Alfonso Escobar ha dejado clara su posición: niega que la Gobernación de Nariño esté desarrollando negociaciones ocultas y defiende los resultados que, según su administración, se han alcanzado mediante estrategias de paz territorial. Del otro lado, Abelardo de la Espriella ha reiterado que no permitirá que autoridades locales adelanten contactos o acuerdos con organizaciones ilegales por fuera de la institucionalidad.

La diferencia de posiciones anticipa que el debate sobre el futuro de los procesos de paz seguirá siendo uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno nacional y algunos mandatarios regionales durante los próximos meses.