FIDH advierte que propuestas de Abelardo de la Espriella podrían poner en riesgo derechos humanos en Colombia

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) manifestó una fuerte preocupación por varias propuestas y antecedentes atribuidos al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, argumentando que algunas de sus iniciativas podrían representar riesgos para la democracia, los derechos humanos y el Estado social de derecho en Colombia. El pronunciamiento se produjo pocos días antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 y señala que ciertas propuestas merecen especial atención por sus posibles consecuencias sobre las instituciones y las garantías ciudadanas.

Uno de los principales puntos de preocupación es la intención de replicar el llamado modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Este modelo incluye la construcción de megacárceles y la agilización de procesos de captura y detención. Según la FIDH, experiencias similares han generado denuncias por detenciones arbitrarias, especialmente contra jóvenes y personas de bajos recursos, sin que necesariamente se logre desmontar las organizaciones criminales responsables de la violencia. La organización considera que estas medidas podrían afectar garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

La federación también expresó inquietud frente a las propuestas de recuperar el control territorial mediante el uso intensivo de la fuerza militar y reactivar bombardeos aéreos contra grupos armados ilegales. Desde su perspectiva, este tipo de estrategias podrían ocasionar consecuencias humanitarias graves y entrar en conflicto con principios del derecho internacional humanitario, particularmente aquellos relacionados con la protección de la población civil durante los conflictos armados.

Otro aspecto central de las críticas está relacionado con la intención de desmontar o reformar profundamente varias instituciones creadas para la implementación del Acuerdo de Paz. Entre ellas se encuentran la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La FIDH sostiene que eliminar o fusionar estas entidades podría debilitar la implementación de los acuerdos de paz, reducir la protección de personas en riesgo y afectar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Asimismo, la organización mostró preocupación por propuestas que contemplarían la salida de Colombia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la FIDH, una decisión de este tipo podría limitar el acceso de las víctimas a mecanismos internacionales de protección cuando la justicia nacional no sea suficiente, además de disminuir la capacidad diplomática y la presencia internacional del país.

En materia de libertad de prensa, la organización recordó que un juzgado ordenó al candidato retractarse por declaraciones dirigidas contra una periodista, al considerar que constituían violencia basada en género y vulneraban derechos fundamentales. También mencionó diversas acciones judiciales impulsadas por De la Espriella contra periodistas que han investigado asuntos relacionados con él. Entre los casos citados aparece la demanda por difamación presentada en 2018 contra el periodista Daniel Coronell, la cual posteriormente fue retirada. Para la FIDH, este tipo de acciones pueden generar efectos intimidatorios sobre el ejercicio independiente del periodismo.

El comunicado también hace referencia a varias investigaciones periodísticas recientes. Una investigación de la revista Cambio señaló que entre 2014 y 2015 el candidato habría recibido más de 370.000 dólares provenientes de empresas vinculadas a Alex Saab, quien ha enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con lavado de activos. Además, se menciona una investigación del medio Vorágine sobre la compra de un predio en el departamento del Cesar relacionado con familiares de Hugues Rodríguez Fuentes, un conocido narcotraficante y paramilitar.

La FIDH aclara que debe respetarse plenamente la presunción de inocencia y que los abogados no pueden ser responsabilizados automáticamente por las actuaciones de sus clientes. Sin embargo, considera que la acumulación de cuestionamientos públicos y periodísticos hace necesario que el candidato ofrezca explicaciones claras ante la opinión pública.

Además, la organización menciona una denuncia penal relacionada con un contrato firmado en 2018 entre Saludvida EPS y la firma De la Espriella Lawyers, en operaciones que, según la denuncia citada, habrían involucrado más de 146.000 millones de pesos.

Finalmente, la FIDH contextualiza estas preocupaciones dentro de una tendencia global que, según la organización, refleja el avance de proyectos políticos que podrían representar retrocesos en materia de derechos fundamentales. Por ello, hizo un llamado a la sociedad civil colombiana para mantenerse atenta y vigilante frente a propuestas que, aunque se presenten como soluciones de seguridad o eficiencia estatal, puedan terminar afectando libertades, garantías democráticas y derechos adquiridos durante las últimas décadas.

En síntesis: la FIDH advierte que varias propuestas atribuidas a Abelardo de la Espriella —como las megacárceles, los bombardeos, la eliminación de instituciones surgidas del Acuerdo de Paz y la salida de organismos internacionales de derechos humanos— podrían debilitar los mecanismos de protección de derechos, afectar a las víctimas del conflicto, reducir controles democráticos y generar riesgos para el Estado social de derecho. También señala preocupaciones relacionadas con la libertad de prensa y diversos cuestionamientos surgidos de investigaciones periodísticas, aunque recuerda que toda persona conserva el derecho a la presunción de inocencia.