Una historia de más de cien años terminó con un documento que cambió la vida de una familia campesina en El Cocuy.
Durante generaciones, los integrantes de la familia Olivares vivieron, trabajaron y cultivaron una tierra que consideraban propia. Sin embargo, legalmente no tenían ningún documento que acreditara su propiedad.
El predio pasó de abuelos a padres e hijos durante décadas sin contar con escrituras oficiales. La ausencia de títulos mantuvo a la familia en una constante incertidumbre jurídica.
Aunque habitaban la tierra desde hace más de un siglo, existía el temor de perderla. La situación refleja una problemática que afecta a miles de campesinos del norte de Boyacá.
En municipios como Güicán, Chita, Panqueba, Guacamayas, La Uvita y Soatá la situación es similar. Muchas familias trabajan predios heredados sin respaldo jurídico formal.
Sin escrituras legales, los campesinos enfrentan múltiples barreras. No pueden acceder fácilmente a créditos bancarios.
También tienen dificultades para ingresar a programas estatales de apoyo al agro.Los subsidios productivos se vuelven más difíciles de obtener.
Incluso los procesos de herencia terminan convirtiéndose en conflictos familiares y legales. La situación comenzó a cambiar con la intervención de la Agencia Nacional de Tierras.
La entidad inició un proceso de reconstrucción documental para rastrear el origen del predio. Funcionarios revisaron archivos históricos de más de cien años.
También analizaron documentos notariales y registros antiguos. El objetivo era demostrar la trazabilidad jurídica del terreno. Tras meses de trabajo, la familia recibió oficialmente el título de propiedad.
Para ellos el documento representa tranquilidad y estabilidad.Ahora tienen la certeza de que nadie podrá quitarles el fruto de décadas de trabajo.
De acuerdo con cifras conocidas durante este proceso, hasta el 80 por ciento de los predios rurales en esta región siguen en informalidad. Esto significa que miles de familias continúan sin garantías legales sobre sus tierras.
La estrategia de formalización en Boyacá ya ha beneficiado a más de 2.000 familias. Sin embargo, todavía existe una deuda histórica con el campo colombiano.
Expertos aseguran que formalizar la tierra fortalece la economía rural. También mejora el acceso a créditos y programas productivos. Para la familia Olivares, este documento cerró una incertidumbre heredada por generaciones.