En medio del debate por la reforma pensional, el presidente Petro llamó “arconte” al magistrado Ibáñez.

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, y expresó su inconformidad con el tiempo que ha tomado el estudio del proyecto. El mandatario cuestionó que, pese a haber sido aprobada por el Congreso de la República, la iniciativa lleva cinco meses sin avances en el alto tribunal bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Durante su intervención, Petro calificó a Ibáñez como un “arconte”, término que, según la antigua Grecia, hacía referencia a los magistrados principales que reemplazaban el poder de los reyes. La expresión fue interpretada como una crítica simbólica hacia lo que el presidente considera una excesiva concentración de poder o una demora injustificada en la toma de decisiones por parte de la Corte.

El mandatario ha manifestado reiteradamente su preocupación por el estancamiento del proceso, argumentando que la falta de una pronta decisión impide avanzar en la implementación del nuevo sistema de protección social para la vejez, una de las reformas sociales más importantes de su gobierno. Según Petro, la reforma permitiría beneficiar a más de tres millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, brindándoles un ingreso básico mensual y reduciendo los índices de pobreza extrema en el país.

El presidente ha defendido la reforma pensional como un acto de justicia social y equidad, especialmente orientado a mujeres y adultos mayores sin pensión. Para el jefe de Estado, el objetivo principal es construir un sistema solidario, donde todos los trabajadores puedan acceder a una pensión digna y donde el Estado garantice un ingreso mínimo a quienes no pudieron cotizar lo suficiente.

El proyecto de ley, aprobado en el Congreso, propone un sistema de pilares que combina el ahorro individual, la solidaridad intergeneracional y un bono pensional mensual de 225.000 pesos para quienes no tienen pensión. Además, plantea una reorganización de los recursos administrados por los fondos privados y el fortalecimiento del Pilar Solidario, enfocado en mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en pobreza.

En este contexto, Petro ha subrayado la necesidad de que la Corte Constitucional actúe con celeridad, advirtiendo que la demora en el fallo afecta directamente a las personas mayores que esperan los beneficios de la nueva ley. El mandatario sostiene que la lentitud del proceso puede interpretarse como una forma de obstrucción a las transformaciones sociales que su gobierno busca implementar.

En paralelo, el Gobierno anunció que, a partir de octubre de 2025, se pondrá en marcha el nuevo esquema de Colombia Mayor, que contempla un aumento del subsidio mensual: las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años pasarán de recibir $80.000 a $230.000. Esta medida hace parte de la transición hacia el Pilar Solidario, con el que se busca alcanzar una cobertura de tres millones de beneficiarios en los próximos años.

Con sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro no solo busca presionar la revisión judicial de la reforma, sino también reafirmar su compromiso con la protección de la vejez y la reducción de la desigualdad. Su referencia al magistrado Ibáñez como “arconte” simboliza, en palabras del mandatario, la necesidad de liberarse de estructuras de poder que impiden los cambios sociales y de avanzar hacia un Estado más justo y democrático.