El Salvador excarcela a dos activistas arrestados tras una protesta campesina

Amnistía Internacional (AI) expresó este miércoles su satisfacción por la liberación del abogado Alejandro Henríquez y del dirigente comunitario José Ángel Pérez, quienes permanecían detenidos desde mayo en El Salvador tras participar en una manifestación pacífica contra el desalojo de campesinos.

Ambos fueron arrestados el 13 de mayo y procesados por los delitos de desórdenes públicos y “resistencia agresiva”, cargos que, según organizaciones de derechos humanos, se utilizaron para criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta. La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, celebró que hayan recuperado la libertad, aunque subrayó que “nunca debieron ser privados de ella ni sometidos a un proceso penal por manifestarse pacíficamente”.

La organización recordó que el uso de figuras penales de este tipo contradice los estándares internacionales sobre libertad de expresión y de reunión. La protesta en la que participaron Henríquez, ambientalista, y Pérez, pastor evangélico, tenía como objetivo solicitar al presidente Nayib Bukele su intervención para evitar el desalojo de cientos de familias campesinas en una zona rural del país.

Durante una audiencia especial celebrada este miércoles, una jueza resolvió imponer a ambos una condena de tres años bajo un régimen de reglas de conducta, lo que permitió su salida de prisión, según informaron sus abogados. No obstante, deberán cumplir restricciones, entre ellas la prohibición de participar en actividades relacionadas con los cargos imputados y la obligación de presentarse periódicamente ante un tribunal de vigilancia penitenciaria.

Amnistía Internacional señaló que, aunque la decisión permitió su excarcelación, no repara las vulneraciones a los derechos humanos cometidas desde el inicio del proceso ni elimina el carácter arbitrario de la detención. Asimismo, la organización aprovechó para reiterar su preocupación por la situación de otros defensores de derechos humanos y voces críticas en El Salvador que, según denunció, continúan enfrentando procesos judiciales y privaciones de libertad por ejercer sus derechos fundamentales.