Las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía en Colombia alertan que el país se acerca a una situación crítica debido a una deuda acumulada del Gobierno nacional por el no pago de subsidios. Según los gremios, las compañías completan once meses sin recibir los recursos que el Estado debe girar para cubrir los subsidios de energía destinados a los estratos 1, 2 y 3.
Una deuda que estrangula al sector
La deuda total, que supera los 6 billones de pesos, incluye:
- Cerca de 2,3 billones correspondientes exclusivamente a subsidios atrasados.
- Sumas adicionales por opción tarifaria, deudas de entidades oficiales y otros saldos que no han sido pagados.
Varias empresas aseguran que estos atrasos representan entre dos y cuatro años de sus ingresos brutos, lo que ha erosionado gravemente su liquidez.
Riesgo real de apagones
Las distribuidoras advierten que, al no recibir los pagos, se está comprometiendo su capacidad para:
- Comprar energía a los generadores.
- Adquirir combustible en el caso de las plantas térmicas.
- Realizar mantenimiento adecuado de redes.
- Garantizar la continuidad del servicio.
La falta de flujo de caja aumenta el riesgo de cortes de energía y apagones, especialmente en zonas donde el sistema es más frágil.
Un modelo de subsidios cuestionado
En medio de la crisis, los gremios han señalado que el sistema de subsidios basado en estratos está desactualizado y mal focalizado. Personas con ingresos altos continúan recibiendo subsidios, mientras hogares vulnerables no siempre son cobijados. Por eso, piden una reforma que permita dirigir los recursos exclusivamente a quienes realmente los necesitan.
Un contexto fiscal complicado
El Gobierno ha tenido dificultades de recaudo y ha realizado recortes presupuestales en distintos sectores, lo que ha retrasado pagos a empresas públicas y privadas. En meses recientes incluso se han producido órdenes judiciales de embargo contra cuentas del Estado debido a estas deudas.
Aunque el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado mecanismos para normalizar los pagos, las empresas aseguran que las medidas aún no son suficientes para frenar el deterioro financiero que amenaza la operación del sistema eléctrico.
Qué puede pasar si no se resuelve pronto
Si el Gobierno no realiza los giros pendientes, las consecuencias podrían ser:
- Cortes de energía o apagones regionales o nacionales.
- Incremento de tarifas para compensar la falta de subsidios.
- Parálisis de inversiones en infraestructura eléctrica.
- Mayor desigualdad en acceso al servicio en zonas vulnerables.