Directivos de Lili Pink mantienen colaboración con la justicia colombiana tras cambios en su representación

Lili Pink anunció la finalización de la gestión del abogado penalista Iván Cancino tras su nombramiento como Ministro de Justicia, designando a un nuevo equipo jurídico en medio de un proceso judicial por presunto lavado de activos y contrabando en Colombia.

La comunicación, emitida el 16 de julio de 2026, se enmarca en la audiencia de imputación de cargos que involucra a la reconocida cadena de ropa femenina.

El comunicado de Lili Pink informa que, tras la salida de Cancino debido a su reciente designación ministerial, la representación jurídica de la empresa y sus directivos queda en manos de Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya. El texto subraya que la defensa técnica continuará con normalidad frente a las actuaciones judiciales en curso.

La compañía también respondió a versiones difundidas sobre la situación de David Abadi y Max Abadi, fundadores y principales directivos. De acuerdo con el documento, ambos residen fuera de Colombia desde antes del inicio de la investigación y mantienen su disposición de colaborar con las autoridades, participando en los procedimientos legales correspondientes.

Las operaciones de Lili Pink siguen desarrollándose con normalidad, según el pronunciamiento, que resalta la prioridad por la estabilidad de sus colaboradores y el mantenimiento de las relaciones con sus diferentes grupos de interés.

El contexto de este comunicado se da luego de que las autoridades colombianas ejecutaran un amplio operativo judicial contra la cadena, que incluyó la ocupación de más de 400 locales, decenas de inmuebles y la incautación de vehículos y sociedades.

La Fiscalía General de la Nación señaló la existencia de una presunta red transnacional de lavado de activos y contrabando, identificando a Max Marvin Abadi y David Abadi como presuntos líderes de un entramado que habría movido más de 730.000 millones de pesos a través de empresas fachada y operaciones internacionales, según información oficial.

Las investigaciones también documentaron enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, así como aprehensiones y decomisos de mercancía que superan los 54.000 millones.

El documento destaca que desde 2022, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detectó operaciones atípicas relacionadas con Lili Pink, lo que impulsó la creación de un grupo especial de investigación. Las indagaciones incluyeron análisis de solicitudes de devolución de IVA, importaciones ficticias y un incremento inusual en la facturación, elementos que alimentaron las sospechas de fraude fiscal y financiero.

En medio de este escenario judicial, Lili Pink reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, solicitando que el proceso se desarrolle bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso. La compañía subrayó su disposición para colaborar con la administración de justicia, e instó a que la cobertura mediática y la opinión pública respeten los derechos y garantías fundamentales de las personas investigadas.