Contexto general de la decisión
El Gobierno nacional declaró insubsistente a Diego Andrés Salcedo Monsalve como presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), en una decisión formalizada mediante decreto firmado en la Casa de Nariño el 26 de junio de 2026.
La medida implica su salida inmediata del cargo, apenas poco más de un mes después de haber asumido la dirección de la entidad, lo que evidencia la alta inestabilidad institucional que atraviesa este organismo clave del Estado colombiano.
En su reemplazo, el Ministerio de Hacienda designó como presidenta encargada a Rosa Dory Chaparro, quien ya había ocupado esa posición de manera interina en meses anteriores.
¿Qué es la Fiduprevisora y por qué es tan importante?
La Fiduprevisora es una entidad estatal encargada de administrar grandes recursos públicos, especialmente los del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que financia la salud, pensiones y prestaciones sociales de los docentes en Colombia.
Su rol es estratégico, ya que impacta directamente a cientos de miles de maestros y sus familias. En los últimos años, la entidad ha estado en el centro de múltiples controversias por problemas en la prestación del servicio de salud y presuntas irregularidades en el manejo de recursos.
Una salida en medio de tensiones internas y polémicas
La salida de Salcedo no ocurre en un vacío. Se da en medio de un ambiente de fuerte conflictividad dentro de la Fiduprevisora, marcado por:
- Cambios internos abruptos en cargos directivos
- Denuncias de posibles redes de corrupción dentro del Fomag
- Tensiones políticas por el control de la entidad
De hecho, el mismo día de su salida se conoció que Salcedo había despedido a una alta funcionaria, lo que incrementó el ruido interno.
Además, figuras cercanas a la entidad han señalado la existencia de estructuras irregulares que afectarían la gestión de los recursos del magisterio.
La crisis estructural detrás del caso
La Fiduprevisora atraviesa una crisis más profunda que trasciende este cambio de presidencia. Entre los factores más relevantes se encuentran:
1. Problemas en el sistema de salud del magisterio
Desde 2024, el modelo cambió y la fiduciaria asumió directamente la contratación de servicios médicos, lo que generó fallas operativas, retrasos y quejas masivas de usuarios.
2. Denuncias de corrupción
El propio presidente Gustavo Petro ha advertido sobre posibles desfalcos millonarios en el Fomag y ordenó auditorías para esclarecer los hechos.
3. Cuestionamientos a nombramientos
Desde su llegada, Salcedo fue criticado por sectores sindicales y veedurías que dudaban de su experiencia específica en el sector fiduciario.
¿Quién era Diego Salcedo?
Salcedo es abogado, con maestría en Derecho y experiencia en el sector público, especialmente en áreas jurídicas y administrativas.
Antes de asumir la presidencia de la Fiduprevisora en mayo de 2026, se desempeñó como asesor en entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.
Su llegada al cargo se dio en medio de la crisis institucional, con el objetivo de recuperar la confianza y mejorar la gestión, aunque su permanencia fue breve.
Implicaciones políticas y administrativas
La declaratoria de insubsistencia, figura que permite retirar a un funcionario de libre nombramiento sin necesidad de justificar públicamente la decisión, deja varias lecturas:
- Refuerza la percepción de inestabilidad en la entidad
- Evidencia tensiones políticas internas en el Gobierno
- Muestra la urgencia de reestructurar el manejo del Fomag
Además, la Fiduprevisora ha sido señalada históricamente como un espacio de disputa política entre distintos sectores, lo que añade complejidad a su gobernanza.
¿Qué sigue?
Con la designación de Rosa Dory Chaparro como encargada, el Gobierno busca garantizar la continuidad administrativa mientras define un nuevo liderazgo.
Sin embargo, los retos estructurales siguen vigentes:
- Mejorar la atención en salud del magisterio
- Aclarar denuncias de corrupción
- Recuperar la confianza institucional
El caso de Salcedo se suma así a una cadena de cambios y controversias que reflejan la crisis de gobernabilidad en una de las entidades más sensibles del sistema público colombiano.