El desmonte de la paz total se ha convertido en uno de los cambios más profundos impulsados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la política de seguridad y negociación que caracterizó a la administración anterior. El nuevo Ejecutivo ha tomado distancia de la estrategia que buscaba mantener conversaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales, bajo la idea de reducir la violencia mediante acuerdos de paz, sometimiento a la justicia o espacios sociojurídicos.
Sin embargo, desmontar esa política no es un proceso que pueda resolverse con una sola decisión presidencial. La denominada paz total involucró distintos mecanismos, actores armados y marcos jurídicos, por lo que el cierre de cada proceso tiene implicaciones políticas, militares, jurídicas y territoriales diferentes.
La pregunta ahora es qué tan avanzado está el Gobierno de De la Espriella en ese propósito y, sobre todo, qué mesas o procesos de negociación continúan pendientes de una decisión definitiva.
El cambio de rumbo frente a la política anterior
La política de paz total fue concebida como una estrategia para abrir caminos de diálogo con los principales actores armados y criminales del país. Su alcance incluía procesos de negociación política con organizaciones consideradas grupos armados organizados y, paralelamente, mecanismos de sometimiento o conversaciones sociojurídicas con estructuras de carácter criminal.
Esto llevó a la apertura de diferentes canales de diálogo, cada uno con características propias. No todas las mesas avanzaron al mismo ritmo y varias atravesaron profundas crisis, suspensiones, rupturas de ceses al fuego y desacuerdos sobre las condiciones para continuar.
El Gobierno de De la Espriella ha planteado una ruptura con esa visión general. La prioridad de su administración se ha orientado hacia una política de seguridad más centrada en la acción del Estado y en la reducción de los espacios de negociación con organizaciones que continúen ejerciendo violencia contra la población y las instituciones.
Pero cerrar una política no significa necesariamente que todas las estructuras desaparezcan de inmediato del escenario nacional. El cierre de una mesa de diálogo y la derrota militar o desarticulación de un grupo armado son procesos completamente distintos.
ELN: una de las mesas más importantes del panorama pendiente
Uno de los procesos que mayor atención genera es el relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Ejército de Liberación Nacional
El diálogo con el ELN fue durante años uno de los principales procesos de negociación armada en Colombia. La organización cuenta con presencia en diferentes regiones y su conflicto con el Estado tiene una dimensión histórica que supera varias décadas.
Precisamente por esa razón, cualquier decisión sobre esa mesa tiene un peso especial dentro del desmonte de la paz total.
Cerrar definitivamente un proceso de esta magnitud implica resolver qué ocurrirá con los canales de comunicación existentes, los protocolos construidos durante las negociaciones y las medidas adoptadas durante las diferentes etapas del diálogo.
Además, el Gobierno debe enfrentar una realidad territorial compleja: incluso si la negociación política desaparece, los problemas de seguridad en las zonas donde el ELN tiene presencia no desaparecen automáticamente.
La situación del ELN se convierte, por tanto, en uno de los principales puntos para determinar hasta dónde llegará el cambio de política del Gobierno de De la Espriella.
Las disidencias de las FARC: un escenario fragmentado
Otro de los grandes desafíos está relacionado con las disidencias y estructuras surgidas después del proceso de paz con las antiguas FARC.
A diferencia de una organización completamente unificada, el panorama de las disidencias se caracteriza por divisiones internas, facciones con diferentes niveles de control territorial y estructuras que incluso han entrado en confrontación entre sí.
Entre los procesos abiertos durante la política de paz total estuvieron conversaciones con sectores identificados dentro del llamado Estado Mayor Central, aunque la fragmentación de estas organizaciones hizo que los diálogos enfrentaran constantes dificultades.
Estado Mayor Central
El principal problema para cualquier Gobierno ha sido determinar con quién se está negociando realmente y quién tiene la capacidad de representar a las estructuras presentes en el territorio.
Las divisiones internas provocaron que diferentes sectores siguieran caminos distintos. Algunas facciones permanecieron vinculadas a procesos de diálogo, mientras otras rompieron con las negociaciones o incrementaron las confrontaciones armadas.
Para el Gobierno de De la Espriella, esto significa que el cierre de una sola mesa no necesariamente representa el final de todos los contactos relacionados con las disidencias.
La administración debe definir qué ocurrirá con cada uno de los procesos heredados y si los canales existentes serán cerrados formalmente, suspendidos o reemplazados por otros mecanismos.
Segunda Marquetalia: otra negociación que entra en el balance
La Segunda Marquetalia también forma parte del complejo mapa de procesos desarrollados en el marco de la paz total.
Segunda Marquetalia
Esta organización surgió de antiguos integrantes de las FARC que regresaron a las armas después de haber participado inicialmente en el proceso de paz firmado en 2016.
El Gobierno anterior abrió un canal de diálogo con esta estructura, en un proceso que enfrentó dificultades desde sus primeras etapas debido a los cuestionamientos sobre la representatividad de sus negociadores, la situación de sus principales dirigentes y la dinámica de violencia en las regiones donde opera el grupo.
Dentro de la estrategia de desmonte de la paz total, el futuro de este proceso también resulta determinante.
Una eventual terminación definitiva tendría que establecer qué sucede con los compromisos adquiridos durante las conversaciones y con las estructuras que eventualmente participaron en ellas.
Además, la experiencia de los últimos años ha demostrado que los procesos con grupos fragmentados pueden continuar generando consecuencias incluso después de que una mesa principal deja de funcionar.
El caso del Clan del Golfo y los diálogos sociojurídicos
El panorama cambia cuando se habla del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Clan del Golfo
A diferencia de los grupos con los que se planteaban negociaciones políticas, el Gobierno anterior exploró mecanismos de conversación y sometimiento a la justicia con estructuras criminales.
El debate jurídico siempre fue uno de los principales obstáculos de estos procesos. La discusión no giraba únicamente alrededor de la voluntad política del Gobierno, sino también sobre las herramientas legales necesarias para establecer beneficios, condiciones de sometimiento, entrega de armas, desmantelamiento de estructuras y garantías para las víctimas.
Por ello, el cierre de estos espacios no depende únicamente de una decisión política.
El Gobierno de De la Espriella debe definir si mantiene algún mecanismo de comunicación para facilitar sometimientos individuales o colectivos dentro del marco jurídico existente o si, por el contrario, elimina por completo la estrategia de acercamientos heredada de la paz total.
Este es uno de los puntos más complejos porque la persecución militar y judicial de una organización no impide que algunos de sus integrantes puedan buscar mecanismos individuales para someterse a la justicia.
También quedan pendientes otros procesos y acercamientos
El mapa de la paz total nunca estuvo compuesto exclusivamente por las grandes mesas conocidas públicamente.
Durante la administración anterior existieron acercamientos, autorizaciones exploratorias y discusiones sobre posibles diálogos con otras estructuras armadas y criminales.
Algunos de esos procesos avanzaron muy poco, otros quedaron congelados y varios dependían de desarrollos jurídicos que nunca llegaron a consolidarse completamente.
Por eso, el Gobierno de De la Espriella enfrenta una tarea adicional: identificar y cerrar formalmente todos los canales institucionales que continúen abiertos, incluso aquellos que no llegaron a convertirse en una mesa formal de negociación.
La diferencia es importante.
Una cosa es anunciar políticamente el final de una estrategia y otra muy distinta es revisar los decretos, resoluciones, protocolos, delegaciones oficiales y mecanismos administrativos que permitieron la existencia de esos espacios.
¿Qué significa realmente “cerrar” una mesa?
Uno de los principales debates alrededor del desmonte de la paz total es qué debe entenderse como el cierre definitivo de un proceso.
Existen varios escenarios posibles.
El primero es la terminación formal, en la que ambas partes anuncian que las conversaciones no continuarán y se cierran oficialmente los mecanismos creados para negociar.
El segundo es una suspensión indefinida. En este caso, la mesa deja de reunirse, pero no existe necesariamente una declaración definitiva que impida retomarla en el futuro.
También existe la posibilidad de que algunos canales sean reemplazados por mecanismos completamente diferentes, como conversaciones relacionadas exclusivamente con entregas, sometimientos individuales o asuntos humanitarios.
Por eso, cuando el Gobierno anuncie el cierre de una determinada negociación, será importante conocer exactamente qué instrumento jurídico o político se está eliminando y qué mecanismos podrían continuar funcionando.
El principal desafío será el impacto en las regiones
El éxito o fracaso de esta nueva estrategia no dependerá únicamente de cuántas mesas sean cerradas.
El verdadero examen estará en los territorios.
Durante los últimos años, diferentes regiones del país han sufrido confrontaciones entre grupos armados, disputas por economías ilegales y ataques contra la población civil.
En algunas zonas, la existencia de una negociación coincidió con ceses al fuego o con mecanismos de comunicación que buscaban reducir determinados niveles de violencia. En otras, las conversaciones coexistieron con fuertes enfrentamientos y un deterioro de la seguridad.
El Gobierno de De la Espriella tendrá que demostrar que el cierre de los diálogos viene acompañado de una capacidad estatal suficiente para evitar que los vacíos dejados por un proceso de negociación sean aprovechados por otros grupos.
Esto implica reforzar la presencia de la Fuerza Pública, mejorar la inteligencia, proteger a las comunidades y garantizar que las instituciones civiles puedan llegar a territorios históricamente afectados por el conflicto.
Una política de seguridad que ahora deberá mostrar resultados
El desmonte de la paz total representa mucho más que el final de una política específica.
También supone un cambio en la manera en que el Estado colombiano enfrenta el conflicto armado y las organizaciones criminales.
La administración de De la Espriella deberá demostrar que su estrategia puede traducirse en resultados concretos: reducción de homicidios, secuestros, extorsiones, desplazamientos y ataques contra la población.
Al mismo tiempo, tendrá que manejar un desafío político y jurídico complejo. Colombia continúa teniendo obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la búsqueda de soluciones para poblaciones atrapadas en medio del conflicto.
Por eso, una política de seguridad más ofensiva no elimina la necesidad de mantener canales institucionales para asuntos humanitarios, liberación de personas secuestradas, protección de comunidades o sometimiento a la justicia.
¿Qué falta por cerrar?
En términos generales, el mapa pendiente del Gobierno incluye los principales procesos o canales heredados relacionados con:
- El diálogo con el ELN.
- Los diferentes procesos y estructuras vinculadas a las disidencias de las antiguas FARC.
- Los canales relacionados con la Segunda Marquetalia.
- Los mecanismos de acercamiento o sometimiento vinculados al Clan del Golfo y otras organizaciones criminales.
- Los contactos exploratorios y mecanismos institucionales que hubieran quedado abiertos sin convertirse necesariamente en mesas formales.
Sin embargo, el nivel de avance y la situación jurídica de cada uno de estos procesos puede ser diferente. No todas las conversaciones se encuentran en el mismo estado y algunas podrían haber sido suspendidas, fragmentadas o modificadas antes de una eventual decisión definitiva del Gobierno.
La pregunta central, por tanto, no es solamente cuántas mesas ha cerrado De la Espriella, sino qué tipo de relación mantendrá el Estado con los actores armados que todavía existen después del cierre de esos espacios.
El desmonte de la paz total apenas se medirá con el paso del tiempo
Cerrar mesas de negociación puede convertirse en una decisión relativamente rápida desde el punto de vista político. Resolver las consecuencias del conflicto armado, en cambio, es una tarea mucho más compleja.
El Gobierno de De la Espriella ha iniciado un cambio de rumbo frente a la política de paz total, pero el resultado de esa transformación dependerá de lo que ocurra después de cada cierre.
Si las organizaciones armadas mantienen o incrementan su capacidad territorial, el desafío para el Estado será mayor. Si, por el contrario, la nueva estrategia logra debilitar sus estructuras y reducir la violencia contra la población, el Gobierno podrá presentar el abandono de la paz total como uno de los principales cambios de su administración.
Por ahora, el panorama sigue siendo complejo. Las negociaciones con los principales actores armados y los mecanismos sociojurídicos heredados no representan un bloque único, sino una red de procesos con diferentes niveles de avance, legitimidad y viabilidad.
El desmonte de la paz total de De la Espriella, en consecuencia, no se resolverá simplemente contando mesas cerradas. La verdadera dimensión de su política se conocerá cuando quede claro cuáles procesos han terminado formalmente, cuáles mecanismos continúan abiertos y, especialmente, qué está ocurriendo en los territorios donde la violencia no se detiene con la firma —o la ruptura— de una negociación.