Denuncian a vicepresidente de Ecopetrol por contrato de USD 2.000 millones en plena Ley de Garantías

La Red de Veedurías puso bajo sospecha una contratación de Ecopetrol por cerca de USD 2.000 millones en Barrancabermeja y atribuyó, con base en denuncias recibidas por la organización, la responsabilidad al vicepresidente Felipe Trujillo.

El señalamiento combina tres ejes: la intención de firmar en plena Ley de Garantías, la duración inusual del negocio y alertas sobre presuntos movimientos económicos irregulares y vínculos indebidos con contratistas.

El dato que la organización presentó como más llamativo no fue solo el monto, sino el plazo previsto: el contrato se proyectaría por cinco años, con posibilidad de extenderse a ocho, para el mantenimiento de plantas de producción y refinerías de la LBCC en Barrancabermeja y para un plan de abastecimiento integral.

Según el planteo de la red, esa estructura temporal refuerza las dudas sobre la oportunidad y el alcance de la adjudicación.

La organización agregó que las denuncias habrían llegado de personas que se presentan como trabajadores de la petrolera estatal y que también fueron remitidas a la línea de ética de la compañía.

«Esa información incluiría alertas sobre altas cifras de movimientos en efectivo que, según la organización, se habrían mantenido ocultas en la Unidad de Información y Análisis Financiero»

Pablo Bustos, titular de la Red de Veedurías, llevó el caso ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

La entidad decidió activar sus mecanismos de denuncia pública por considerar que los hechos deben ser examinados por autoridades de control y judiciales.

La denuncia pone el foco en el momento de la adjudicación y en la extensión del contrato

En su pronunciamiento sobre la estatal, Bustos definió el eje de la alerta con una imputación directa de responsabilidad política y administrativa.

«La Red de Veedurías presenta una alerta pública respecto de Ecopetrol y, particularmente, en esta ocasión, respecto de una posible millonaria contratación en Barrancabermeja, a quien se atribuiría, conforme a denuncias recibidas por la Red de Veedurías, la responsabilidad al vicepresidente Downstream, Felipe Trujillo”, afirmó.

El abogado también detalló el objeto del negocio y el plazo contemplado en las denuncias recibidas por la organización.

«Esos recursos tendrían como propósito hacer el mantenimiento de las plantas de producción y refinerías de la LBCC en Barrancabermeja»

Además, un plan de abastecimiento que lo curioso es que se estarían proyectando inicialmente para cinco años con la posibilidad de extenderlo a ocho explicó.

La organización ubicó esas sospechas en una coyuntura específica: la vigencia de la Ley de Garantías, que se extiende hasta el 21 de junio de 2026 por la existencia de segunda vuelta presidencial en Colombia. A ese factor sumó la cercanía de un nuevo gobierno corporativo en la petrolera.

Recibió reportes de trabajadores y activó denuncias ante autoridades

La denuncia pública también se apoya en el origen de la información. “Se trata de denuncias que inclusive han sido recibidas a través de trabajadores anónimos que han sido contestes y preocupados por la situación contractual de la entidad”, señaló Bustos.

En ese marco, el veedor explicó por qué decidió escalar el caso ante organismos de control. “Hemos defendido a Ecopetrol, pero cuando se deben prender las alarmas también activamos los protocolos de denuncia; nos han llegado los anónimos de quienes se presentan como trabajadores y es nuestro deber advertir los hechos ante las autoridades pertinentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar y a la opinión pública”, añadió.

La organización sostuvo que Ecopetrol enfrenta una coyuntura que exige mayor vigilancia sobre sus procesos internos. “Ecopetrol merece transparencia y más en la coyuntura electoral actual. Por tanto, la Red de Veedurías hace y presenta esta alerta”, concluyó.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta de Trujillo López, vicepresidente de refinación y procesos industriales de Ecopetrol, frente a los señalamientos expuestos por Bustos. El caso se suma al deterioro reputacional que afronta la empresa por los cuestionamientos que rodean a su presidente, Ricardo Roa, por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias.