La juez décima de Familia asumió la decisión final sobre el cumplimiento del fallo. En ese contexto, el 22 de abril de 2026 resolvió no imponer sanciones. Esta determinación descarta el desacato en el proceso. Además, evidencia un análisis riguroso de las actuaciones. Por consiguiente, se fortalece la credibilidad institucional. De esta manera, se brinda mayor claridad jurídica. Así, se consolida la confianza ciudadana.
En su pronunciamiento, la funcionaria concluyó que no hubo negligencia. Asimismo, descartó cualquier intención de incumplimiento. Por el contrario, destacó el avance técnico alcanzado. Esto demuestra un desarrollo adecuado del proceso. Además, se evidencia compromiso por parte de los responsables. En consecuencia, se valida la gestión realizada. Así, se garantiza la transparencia institucional.
Desde la administración, Ana Catalina Castro afirmó que se ha actuado con legalidad. Además, resaltó la transparencia en cada una de las acciones. En este sentido, se han implementado estrategias efectivas. De igual forma, se ha promovido la participación comunitaria. Por ende, se fortalece la confianza institucional. Asimismo, se consolida el proceso. Esto favorece su avance.
Por último, se informó que más de mil millones de pesos respaldan esta fase. Estos recursos se han destinado a asesorías, logística y encuentros comunitarios. Además, permiten fortalecer el desarrollo del proceso. En consecuencia, se garantiza una ejecución adecuada. De esta manera, se optimizan los resultados. También se impulsa la participación ciudadana. Así, se asegura el cumplimiento del fallo.