Cuando el impuesto pasa el límite: contrabando de cigarrillos podría generar más de $900 mil millones anuales a redes criminales

Un estudio académico revela que, en contextos con altos niveles de contrabando como el colombiano, incrementos significativos en el impuesto al consumo de cigarrillo pueden tener efectos contrarios a los esperados: menor recaudo fiscal, un crecimiento acelerado del mercado ilegal y mayores ingresos para organizaciones criminales.

El estudio“Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado”, elaborado por el economista Daniel Mejía, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá, analiza de forma integrada los efectos de la política tributaria sobre salud pública, finanzas territoriales y seguridad, tres dimensiones que usualmente se discuten por separado.

“En presencia de un mercado ilegal significativo y capacidades limitadas de control del contrabando, subir los impuestos a los cigarrillos legales no es una política efectiva, ni en materia de salud pública ni en términos de recaudo fiscal”, señala Mejía en el estudio.

Cuando el impuesto sube, el contrabando responde

La evidencia presentada para Colombia muestra que el contrabando de cigarrillos dejó de ser un fenómeno marginal. Las estimaciones más recientes indican que el mercado ilegal supera el 35% del consumo total, con niveles aún mayores en regiones como la Costa Atlántica, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Tolima, y con pérdidas fiscales superiores al billón de pesos para los departamentos.

El estudio construye y calibra un modelo económico que permite medir, de forma simultánea, cómo un cambio en el impuesto al cigarrillo afecta el consumo total, la participación del mercado ilegal, el recaudo fiscal y las rentas ilegales percibidas por organizaciones criminales. Los resultados son contundentes: existe un umbral del impuesto a partir del cual aumentar la tarifa reduce el recaudo, sin lograr una disminución proporcional del consumo total, mientras impulsa el contrabando y fortalece financieramente a los grupos criminales que controlan este mercado ilegal.

Más impuestos, menos recaudo y más ingresos criminales

Según las simulaciones del modelo, llevar el impuesto específico por cajetilla a niveles muy altos podría reducir el recaudo fiscal hasta en 75%, mientras la participación del mercado ilegal podría superar el 90% del mercado total, replicando experiencias observadas en otros países de la región como Ecuador.

En paralelo, las rentas ilegales asociadas al contrabando aumentarían de forma sustancial:

“Parte del espacio fiscal que los entes territoriales pierden no desaparece; se transforma en rentas ilegales para las organizaciones criminales”, destaca el estudio.

En un ejemplo concreto con la tarifa que se estableció en el decreto tributario de la emergencia económica de diciembre de 2025: “si el impuesto específico aumentara a un nivel de COP $ 11.200 por cajetilla, las rentas ilegales que perciben los grupos criminales aumentarían de manera sustancial, pasando de un nivel cercano a los $395 mil millones estimados bajo el nivel actual del impuesto, hasta un nivel superior a los $900 mil millones”, advierte Mejía.

Este efecto tiene implicaciones directas en seguridad, pues un mayor diferencial de precios entre cigarrillos legales e ilegales incrementa la rentabilidad del contrabando y, con ello, los ingresos de las redes criminales organizadas.

Implicaciones y recomendaciones de política pública

El documento plantea una advertencia central para el diseño de política pública: los impuestos al tabaco no pueden diseñarse como si el mercado fuera 100% de consumo legal. Ignorar el “canal ilegal” puede derivar en una triple pérdida: menos recaudo, menores recursos en salud pública y mayor fortalecimiento del crimen organizado.

En ese sentido, se recomienda evitar aumentos bruscos del impuesto; ver la política tributaria y el control al contrabando como complementarias; fortalecer las capacidades de control, persecución patrimonial y coordinación entre niveles de gobierno; considerar los costos en seguridad por alzas tributarias desarticuladas; proteger las finanzas territoriales dependientes del impuesto al cigarrillo y reforzar medidas de salud pública cuando el impuesto pierde eficacia ante el mercado ilegal.

“Subir los impuestos a los cigarrillos puede ser deseable desde un punto de vista de salud pública, pero sólo es sostenible si se hace sin empujar el sistema hacia la parte descendente del recaudo y si se reduce simultáneamente la rentabilidad del negocio ilegal”, concluye Mejía.