Luis Hernando Salamanca, vicepresidente Fecospec/foto: archivo particular.
La cárcel de alta y mediana seguridad El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita, enfrenta una compleja situación tras el inicio de una protesta indefinida por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes rechazan la captura de cinco dragoneantes señalados de presuntamente colaborar con una red de extorsión que operaba desde el interior del establecimiento penitenciario.
La jornada de protesta derivó en restricciones en varios servicios del penal, incluyendo la recepción de nuevos internos trasladados desde otras regiones y estaciones de Policía, así como limitaciones temporales al ingreso de visitantes, abogados y diligencias judiciales.
Hacinamiento
Representantes sindicales del cuerpo de custodia aseguraron que las capturas desconocen las condiciones en las que desempeñan sus funciones y atribuyen parte de la problemática a la falta de personal, infraestructura y herramientas tecnológicas para garantizar un control efectivo dentro del centro penitenciario.
Según cifras entregadas por los propios funcionarios, el establecimiento presenta un hacinamiento cercano al 46,4 %, al albergar aproximadamente 4.100 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad para cerca de 2.800 internos. Los sindicatos del sector solicitaron la intervención de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para revisar las condiciones laborales y de seguridad de los guardianes penitenciarios.
Investigación
Las capturas se produjeron en el marco de la denominada operación Zafiro, adelantada por las autoridades para desarticular la estructura delincuencial conocida como «Los Fantasmas», señalada de coordinar actividades de extorsión desde el interior del penal. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, esta organización obtenía recursos mediante extorsiones y estafas realizadas tanto a ciudadanos en el exterior como a internos del establecimiento penitenciario.
Las autoridades sostienen que algunos funcionarios habrían facilitado el ingreso de teléfonos celulares y omitido controles de seguridad a cambio de beneficios económicos, hechos que actualmente son materia de investigación y deberán ser esclarecidos por la justicia. Mientras avanzan los procesos judiciales, la Gobernación de Boyacá anunció la instalación de inhibidores de señal telefónica en los centros penitenciarios de El Barne y Cómbita, medida con la que se busca reducir las extorsiones originadas desde las cárceles del departamento y fortalecer los mecanismos de control y seguridad.