El nuevo director administrativo asegura que la Caja debe recuperar la confianza de empresarios, trabajadores y afiliados. Su apuesta comienza por sanear obligaciones, resolver los pendientes de la IPS y fortalecer los controles de contratación.
Comfamiliar Nariño atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La Caja de Compensación Familiar permanece bajo intervención administrativa total de la Superintendencia del Subsidio Familiar, mientras una investigación penal de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación ya alcanza a nueve personas judicializadas.
En medio de este escenario, Juan Carlos Villota Toro asumió la dirección administrativa con una tarea que va mucho más allá de administrar una entidad intervenida: intentar recuperar la confianza de una institución que, según reconoció durante una rueda de prensa, también ha resultado afectada en su imagen por las actuaciones que son materia de investigación.
Villota fue designado por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante la Resolución 0544 del 15 de julio de 2026, en reemplazo de Diego Raúl Blanco Pérez. Su llegada se produjo mientras continuaba la intervención administrativa que comenzó en abril de 2022.
Un funcionario que conoce la Caja desde adentro
A diferencia de otros directores que han pasado por Comfamiliar durante la intervención, Villota Toro tiene un elemento particular: ya había trabajado dentro de la institución como subdirector de Educación.
Su trayectoria también incluye experiencia en el sector público. Documentos de la Alcaldía de Pasto registran que fue director administrativo de Plazas de Mercado y posteriormente secretario de Gobierno municipal. En 2011, además, estuvo encargado temporalmente de las funciones de alcalde de Pasto durante la ausencia del titular.
Ese recorrido, que combina administración pública y conocimiento previo de Comfamiliar, es uno de los argumentos con los que llega a enfrentar una crisis que no comenzó con su administración.
Durante la rueda de prensa, Villota manifestó que participó en el proceso de selección y que, según explicó, fueron más de 100 las personas que hicieron parte de la convocatoria, afirmando además que era el único nariñense entre los aspirantes seleccionados.
Una investigación que sigue avanzando
El contexto en el que recibe la Caja es particularmente delicado.
La Fiscalía investiga un presunto entramado de corrupción relacionado con la contratación de Comfamiliar. En agosto fueron judicializadas inicialmente cuatro personas, entre ellas Olga Alicia Vásquez Martínez, quien se desempeñaba como subdirectora de Servicios, además de Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará.
Según la Fiscalía, entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se habrían direccionado ocho contratos por $9.804.893.500, mediante procesos contractuales presuntamente simulados. De ese monto se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, equivalentes al 30 % del valor contratado.
Posteriormente, la investigación avanzó con la judicialización del exdirector administrativo Diego Raúl Blanco Pérez y cuatro contratistas más. Con esta segunda fase, el número de personas vinculadas judicialmente al proceso llegó a nueve.
La investigación, sin embargo, continúa y la responsabilidad penal individual deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
“La Caja no puede ser confundida con las personas”
Uno de los mensajes centrales de Villota durante la rueda de prensa fue precisamente separar a Comfamiliar como institución de las actuaciones individuales que están siendo investigadas.
El director sostuvo que la Caja también es una afectada por la situación y planteó la necesidad de que empresarios, trabajadores y afiliados ayuden a recuperar su credibilidad.
La posición supone un desafío comunicativo considerable. Comfamiliar no solo necesita resolver problemas financieros y administrativos. También necesita demostrar que los controles funcionan y que los procesos de contratación pueden recuperar la confianza de quienes aportan y de quienes utilizan sus servicios.
La Fiscalía ha señalado que en los contratos investigados se habrían utilizado invitaciones diseñadas para favorecer a determinados contratistas, además de fraccionamiento contractual, presuntas comisiones sobre anticipos y cuentas con posibles sobrecostos.
Por eso, la recuperación de la confianza no dependerá únicamente del discurso de la nueva administración. Tendrá que estar acompañada de mecanismos verificables de transparencia.
Techos Colombia, una de las cuentas pendientes
Uno de los asuntos financieros más complejos que enfrenta la administración está relacionado con la Unión Temporal Techos Colombia y una obligación con el Banco de Occidente.
Los estados financieros de la Unión Temporal registran que al 31 de diciembre de 2025 la obligación ascendía a más de $35.000 millones, de los cuales $13.891 millones correspondían a capital y $ 22.000 millones a intereses corrientes, intereses de mora y otros costos asociados al proceso judicial. El mismo documento señala que posteriormente continuaron reconociéndose costos financieros.
Los antecedentes de la deuda también aparecen en documentos de la propia Comfamiliar. En un informe relacionado con el proceso de intervención se registró la existencia de gestiones para alcanzar un acuerdo con el Banco de Occidente y se señaló que varios proyectos de Techos Colombia permanecían suspendidos o pendientes de liquidación.
Durante la rueda de prensa de este viernes, Villota aseguró que la obligación ha crecido considerablemente por los intereses y que actualmente se encuentra en un nivel muy superior al capital originalmente desembolsado. También mencionó que inició una negociación con el Banco de Occidente.
El segundo frente: la antigua IPS
Otro de los puntos que Villota considera determinantes para avanzar hacia el levantamiento de la intervención está relacionado con la antigua IPS.
Según explicó, la administración trabaja sobre aproximadamente 4.000 historias clínicas que deben ser organizadas y documentadas técnicamente. Su propósito es contratar personal especializado para elaborar las fichas técnicas correspondientes y posteriormente acudir ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para avanzar en el proceso administrativo relacionado con esos archivos.
Villota aseguró además que no existen actualmente obligaciones pendientes con acreedores de la IPS y que este es uno de los asuntos que la administración espera resolver para avanzar en el levantamiento de uno de los puntos de la intervención.
Contratación, el punto donde se juega buena parte de la credibilidad
La contratación será probablemente una de las áreas en las que más tendrá que demostrar resultados la nueva administración.
Durante la rueda de prensa, Villota aseguró que se fortalecerán los controles y que, para determinados procesos, se buscará garantizar la participación de varias ofertas con el propósito de comparar propuestas y escoger la alternativa más conveniente para la Caja.
También habló de la necesidad de verificar la existencia real de las empresas, su trayectoria y realizar visitas que permitan establecer que los potenciales contratistas tienen capacidad efectiva para cumplir con los servicios ofrecidos.
La discusión no es menor.
La investigación de la Fiscalía precisamente señala que los contratos que están bajo investigación habrían sido estructurados mediante mecanismos que limitaron la pluralidad de oferentes y favorecieron a determinados contratistas.
Por eso, una verdadera transformación en materia de contratación deberá poder medirse en aspectos concretos: pluralidad de oferentes, trazabilidad de las decisiones, publicación oportuna de la información, evaluación objetiva de las propuestas, verificación de los contratistas y seguimiento a la ejecución contractual.
El reto de devolver la Caja a empresarios y trabajadores
Villota plantea que el objetivo final es superar los puntos que dieron origen a la intervención y entregar nuevamente la administración de Comfamiliar a los empresarios y trabajadores del departamento.
Pero la intervención no se levanta por voluntad del director. Es la Superintendencia del Subsidio Familiar la que debe determinar si están dadas las condiciones para modificar o levantar la medida.
La propia resolución que designó a Villota establece su responsabilidad de trabajar de manera articulada con el Agente Especial de Intervención y avanzar en el plan de mejoramiento institucional.
Por eso, el desafío es doble: resolver problemas financieros y administrativos acumulados durante años y, al mismo tiempo, demostrar ante el organismo de control que la Caja cuenta nuevamente con las condiciones de gobierno, transparencia y estabilidad necesarias para recuperar su autonomía.
Una oportunidad, pero también una prueba
Juan Carlos Villota no llega a una Caja normal.
Llega a una institución intervenida desde 2022, con problemas financieros pendientes, procesos administrativos por resolver y una investigación penal que ha puesto bajo escrutinio parte de su contratación.
Pero llega también con una ventaja que él mismo pone sobre la mesa: conoce a Comfamiliar desde adentro y tiene experiencia en la administración pública.
Su mayor desafío será convertir ese conocimiento en resultados verificables.
La negociación de las obligaciones financieras, la solución de los pendientes de la IPS, el fortalecimiento de la contratación y la recuperación de la confianza serán las primeras pruebas.
Porque después de cuatro años de intervención, Comfamiliar no necesita solamente otro cambio de director. Necesita demostrar que puede volver a administrarse con reglas claras, controles efectivos y rendición de cuentas.
Y en una institución que pertenece al sistema de subsidio familiar y administra recursos destinados a sus afiliados, recuperar la confianza será probablemente tan importante como recuperar las finanzas.