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Nueva EPS perdió $4,8 billones en 2024 y reportó $22,5 billones en pasivospor Juan David Pérez Martínezhace 14 horasLa Nueva EPS radicó y certificó sus estados financieros de 2023 y 2024 ante la Superintendencia de Salud. Lo hizo después recibir un ultimátum de esa entidad, que también le exige la información financiera del 2025.Presentar la información contable, dice el agente interventor Jorge Iván Ospina, marca la ruta hacia la recuperación de la EPS con el mayor número de afiliados del país (11,5 millones) y aleja la posibilidad de liquidarla, la última carta del gobierno Petro para el sistema de salud. La Nueva EPS está intervenida por la Supersalud desde abril del 2024 y la ausencia de tener estado financieros certificados impedía validar la veracidad de su información contable.En los próximos 15 días se presentarán los estados financieros de 2025 y los del primer semestre de este año estarán listos a finales de este mes, según señaló la administración de la EPS.Los datos:En 2023, Nueva EPS registró ingresos ordinarios por unos 18,8 billones de pesos, y el costo de la prestación de servicios fue de 24,4 billones. Los gastos administrativos costaron 0,9 billones. Es decir, hubo pérdidas por 6,5 billones en 2023.En 2024 registró ingresos por 22,2 billones de pesos. El costo de la prestación de servicios fue de $26,4 billones y los gastos administrativos, 0,5 billones. Hubo pérdidas por 4,81 billones en 2024, menos que el año anterior.El patrimonio es negativo en 11,92 billones. Sus pasivos totales alcanzaron 22,5 billones y los activos, 10,6 billones al cierre de 2024. La EPS identificó un rezago histórico de cerca de 10 millones de facturas acumuladas desde 2008 que no habían sido revisadas, conciliadas ni reconocidas. Ese acumulado, según la EPS, impactó su estado financiero e incrementó los pasivos registrados. Petro dice que la mitad de la deuda es del Estado. Ordenó al ministro de Hacienda reconocer la deuda que le corresponde al Ejecutivo y volverla “deuda pública nacional” y pagarla como un “proyecto estratégico de la nación”.“Si pagamos en vigencias futuras durante un lustro esa deuda a la Nueva EPS y no viene una nueva administración corrupta, será un gran aporte para el mejoramiento de la salud de los colombianos en todo el país”, escribió Petro, reconociendo que asumir la mitad de los pasivos de la entidad incrementará la deuda nacional.

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La Silla VacíaLa Silla VacíaIniciar sesiónPublicado enRed de la EducaciónViviane Morales y el MinEducación: la educación necesita expertos, no milagrospor Mariana Sanz de Santamaríahace 12 horasMariana Sanz de Santamaría, creadora de la ONG Poderosas.Mariana Sanz de Santamaría, abogada, creadora de la ONG Poderosas.Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.No hay subsidios, carreteras, seguridad, crecimiento económico, metro o militarización que logren el desarrollo de un país tanto como la educación. No es algo que deba sustentar, es una verdad suficientemente demostrada. Nada puede cerrar las brechas de desigualdad ni garantizar el avance social y económico de una sociedad como lo hace la educación.La crisis de la educación en Colombia, honestamente, sí necesita de un milagro para ser solventada. Los resultados electorales nos prometen, en efecto, una “Patria Milagro”. Esta figura retórica da a entender que, como mínimo, dimensiona el reto y, asimismo, promete que ese milagro se alcanzará con rigor técnico, liderazgo, experiencia y una trayectoria robusta. Pero el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación es una amenaza para la educación colombiana. No tiene el perfil técnico que el sector exige y sus posiciones ideológicas sobre familia, sexualidad y religión agravan exactamente los problemas que más urgencia tienen. La crisis en datosHoy, si juntamos aleatoriamente a diez niños y niñas menores de diez años de colegios públicos, cinco de ellos no podrían entender un texto simple. Es decir, poder leer esta columna y entenderla —o a la edad adulta leer cualquier texto y entenderlo— lo podrá hacer la mitad de la población. Cerrar el rezago que viene de que un niño a los diez años no haya aprendido a leer y escribir bien implicaría una inversión y un acompañamiento nada menor y, por lo tanto, improbable de lograr. El 71 % de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel mínimo en matemáticas, según la Ocde, y el promedio nacional de las pruebas Saber 11 apenas se ubica en 254,2 puntos, es decir, un 50,84 % de respuestas correctas, según el Icfes. Los resultados de estas pruebas también muestran que la diferencia entre zonas urbanas y rurales aumentó a 26,1 puntos. Además, los datos muestran una brecha preocupante de 9 puntos en las pruebas Pisa 2022 y una brecha global histórica de 9,1 puntos a favor de los hombres en las pruebas Saber 11 de 2024, especialmente en áreas Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).El sistema educativo tiene una complejidad enorme en términos de inclusión y diversidad: el 59% de los colegios atiende a niños y niñas migrantes, el 24% a población indígena y el 72% a estudiantes con discapacidades documentadas según el Índice Welbin de 2024. Esto exige una pedagogía, una metodología y una infraestructura adecuadas para que esta riqueza sea precisamente eso y no un obstáculo para el aprendizaje.En infraestructura básica, el 79,5% de los colegios en la ruralidad no tiene internet y existe un déficit crítico de servicios básicos importante: el 11,7% de las sedes carece de acueducto y el 17,8 % no tiene energía eléctrica. En la ruralidad, la situación es extrema: el 71% de los colegios rurales no tiene agua potable para el consumo o la preparación de alimentos, de acuerdo con datos del Dane para 2025.Ahora, uno de los desafíos más latentes en la niñez y juventud es el bienestar socioemocional y salud mental. Como nunca antes los datos revelan una preocupante realidad que exige atención: según un estudio de Unicef de 2025, el 44,7% de los niños, niñas y adolescentes sufre afectaciones de salud mental graves. Esto se debe a múltiples causas, sobre todo la exposición a pantallas, redes sociales y la falta de redes de apoyo. De acuerdo con el Índice Welbin, solo el 56% de los colegios cumple con los estándares de bienestar socioemocional. Mientras los colegios privados tienen un orientador por cada 296 estudiantes, en el sector oficial la cifra promedio es de un orientador escolar por cada 557 estudiantes, llegando en algunos casos a 1.532 estudiantes por profesional.Todo esto sin abordar la crisis del Icetex, ni el bajo tránsito inmediato a la educación superior que hoy es menos de la mitad, (el 43,1% en 2023) y que el 46% de los jóvenes (cerca de 2 millones) no tiene acceso a este nivel educativo, ni la desfinanciación general, ni las necesidades en educación inicial y primera infancia, las tensiones políticas con el magisterio, los retos en evaluación y gobernanza, el déficit en ejecución del presupuesto en infraestructura, pues es más que evidente la alarmante necesidad de un perfil excepcional para liderar el Ministerio de Educación.El nombramiento de Viviane Morales podría llevar a retrocesosDe Viviane Morales resaltan su largo recorrido en el sector público y su carrera política, sus estudios y, si se quiere, sus impecables estándares morales y éticos. Eso puede ser verdad, pero a esta crisis no le sirve este perfil. No tiene experiencia como docente, ni como académica, ni cuenta con la formación integral para enfrentar los retos de la educación en Colombia. Jamás ha trabajado en el sector educativo, que es un sector complejo. Su trayectoria y las causas que ha defendido de manera reiterada, pública y con el aplauso de ciertos sectores políticos —como la defensa del modelo tradicional de familia, la oposición a la adopción igualitaria y a la educación integral en sexualidad, así como la penalización de los derechos sexuales y reproductivos— están lejos de ser soluciones para la crisis que vivimos; por el contrario, la ahondarían.Si ella lleva, como promete hacerlo, la gestión pública y ejecutiva —tan importante y determinante— del Ministerio de Educación con las propuestas que ha abanderado durante toda su carrera, tendríamos un problema. Y hacerlo no solo es preocupante, sino inconstitucional.Es tal la magnitud de la crisis en educación que la promesa de “la revisión de competencias en ética y valores” y “erradicar las ideologías en el aula” es lo que menos se necesita. Al contrario, implicaría retroceder en lo poco que hay de educación integral en sexualidad, por ejemplo, y sumaría a la crisis que ya se vive. Anualmente, hay una tasa de abandono escolar de aproximadamente el 34%. Las causas principales de esta deserción son la violencia por orden público, el trabajo infantil temprano, la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente. Además, el 46 % de los casos de violencia de género y sexual reportados en el país ocurre en población en edad escolar, registra el Índice Welbin y el Icbf.Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 71,6% de las niñas comienza su vida sexual antes de los 18 años sin haber recibido educación integral en sexualidad. Este porcentaje ha aumentado cerca de un 10% en los últimos diez años. Asimismo, el acceso a la información sobre sexualidad ha bajado un 10% en tan solo un año.A pesar de que la tasa de natalidad ha bajado globalmente, el embarazo infantil y adolescente no lo ha hecho en la misma medida, mucho menos en los sectores más vulnerables. El 16,4% de los nacimientos fueron de madres adolescentes entre 15 y 19 años, la segunda tasa más alta de Latinoamérica.El 55 % de las personas de la comunidad Lgbtiq+ reportó haber tenido pensamientos suicidas a lo largo de su vida y una de cada cuatro (25 %) intentó quitarse la vida por ser discriminada, según Colombia Diversa. Una realidad que afecta gravemente su asistencia escolar e incluso causa su deserción.Una revisión de 27 estudios en 13 países demostró que la educación integral en sexualidad(EIS) logra una postergación del inicio sexual en el 50% de los casos, reduce la frecuencia sexual en un 47% y disminuye el número de parejas en un 50%. El mismo informe señaló un aumento del 33% en el uso del condón. En programas específicos como “Ni ogros ni princesas” en España, el uso del preservativo en la última relación fue significativamente mayor en el grupo que recibió esta educación (81% frente a un 73%).En esta misma línea, las intervenciones educativas disminuyeron en un 25% las probabilidades de tener múltiples parejas y en un 34% las de iniciar relaciones sexuales desprotegidas, según un estudio de Flacso en Argentina. Además, la misma investigación indica que los jóvenes que se sienten seguros de saber cómo actuar ante la violencia, gracias a la EIS, tienen un 64% menos de probabilidad de enfrentarla y un 74,5% menos de riesgo de haber experimentado Violencia Basada en Género (VBG) en el último año.En Argentina, el acceso a la EIS permitió que el 47,8% de los adolescentes identificara situaciones de violencia propias y un 50,6% en sus amistades. En escuelas con EIS inclusiva, los planes de suicidio se redujeron en un 20% y disminuyó el acoso escolar.A nivel local, el programa educativo de la Fundación “Poderosas Colombia”, por ejemplo, logró reducir el embarazo adolescente en la isla de Barú en un 77%, de un año para otro. En promedio, en más de 500 adolescentes y jóvenes de ocho comunidades del país ha logrado aumentar el conocimiento sobre cómo prevenir un embarazo del 49% al 79%. Esto según el Índice de Poder de Decidir, un instrumento de evaluación construido junto a Cifras y Conceptos.La verdad es que, a pesar de que la Educación Integral en Sexualidad en Colombia es obligatoria por ley desde 1993 y está respaldada por múltiples leyes, sentencias de la Corte Constitucional e incluso estándares y tratados internacionales (por su inmenso impacto en el proyecto de vida, salud y bienestar del estudiantado), en los últimos dos años un 69,7% de los colegios no capacitó a su equipo docente en educación para la sexualidad ni en derechos sexuales y reproductivos. De hecho, solo el 33% de los colegios en Colombia cumple con los estándares idóneos en esta materia y en igualdad de género, se registró en el Índice Welbin para 2024.Según el ordenamiento jurídico colombiano, la EIS debe ser un proyecto pedagógico transversal a lo largo de la trayectoria escolar y formar parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de todos los colegios, con especial énfasis en la prevención de la violencia sexual, del embarazo adolescente y de la discriminación hacia la comunidad Lgbti+. Pero eso no es una realidad.En Colombia no hay adoctrinamientoNo es una realidad que en Colombia haya adoctrinamiento, imposición de la “ideología de género”, marxismo o comunismo en las aulas. Es más, en el país no existe un currículo nacional homogéneo: priman la autonomía institucional y la libertad de cátedra. El Ministerio de Educación emite directrices generales que orientan los procesos curriculares en las áreas fundamentales, pero cada colegio tiene autonomía para construir su propio PEI. Los Estándares Básicos de Competencias (EBC) son criterios públicos que definen qué deben saber y saber hacer los estudiantes en un conjunto de grados para nivelar la calidad educativa, mientras que los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) aterrizan y complementan dichos EBC.Entonces, la propuesta de Morales de “sacar a Marx de las aulas y meter a Dios” no solo parte de una premisa falsa, sino que vulnera un principio básico del sistema educativo y del Estado Social de Derecho que es Colombia como un Estado laico. Incluso, vulnera la Ley de Libertad de Cultos que ella misma promovió (Ley Estatutaria 133 de 1994).El proyecto político de Patria Milagro habla mucho de reducir los costos del Estado. Si ese es realmente el objetivo, la inversión en EIS —y no la oposición a ella— es la mejor decisión costo beneficio posible: la inversión en prevención, pilar fundamental de la EIS, genera retornos masivos a corto y largo plazo. Estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) indican que por cada dólar invertido en la prevención del embarazo adolescente se obtiene un retorno de entre 15 y 40 dólares, dependiendo del país.Por el contrario, no hacerlo o prohibirlo tiene un costo altísimo: en 15 países de América Latina y el Caribe, el embarazo adolescente representa un costo de oportunidad total anual de 15.357 millones de dólares, lo que equivale, en promedio, al 1% del PIB combinado de esos países. El 88,2% de este costo recae sobre las mujeres (13.538 millones de dólares) debido a la brecha en ingresos laborales, el desempleo y la deserción educativa. Los Estados pierden anualmente 1.818 millones de dólares entre gastos directos en salud y la recaudación de impuestos no percibida por la menor productividad de las madres jóvenes. Evidentemente, esto no aportaría mucho a la promesa de prosperidad económica de De la Espriella.Podemos tomar como ejemplo el caso de Argentina. El presidente Milei, en la misma línea de Viviane Morales, fue recortando el ya limitado presupuesto que tenía la EIS desde 2024, y para 2025 no le asignó nada, sumado a los recortes en los servicios de salud sexual y reproductiva. El efecto es casi inmediato: al desplome en la entrega de anticonceptivos se suma una caída del 100% en la distribución de medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como el misoprostol y la mifepristona (pasando de 106.737 tratamientos en 2023 a ninguno en 2024). Los especialistas ya han advertido que, sin herramientas para prevenir el embarazo y sin acceso a medicamentos para el aborto legal, los embarazos no intencionales se convertirán, inevitablemente, en maternidades forzadas. Esto truncará el proyecto de vida y la educación de las adolescentes. Las organizaciones de la sociedad civil ya han alertado que los casos han aumentado significativamente; según datos de los Centros Comunitarios de Salud Sexual de AHF Argentina, se registró un aumento del 51,5% en los diagnósticos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre enero y septiembre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023, según Amnistía Internacional.Entonces queda la defensa de la familia tradicional. Los estudiantes que atiende el sistema educativo, por más católicos, cristianos, evangélicos o ateos que sean, crecen muchas veces en familias monoparentales. Exactamente el 24,3% de los hogares responde a esta estructura de acuerdo con cifras recientes del Dane, y de estos, más de 4,7 millones están encabezados por madres solteras. Esta realidad exige un enfoque diferencial en el sistema educativo y un refuerzo en la atención a estos estudiantes.Promover una idea de familia que no refleja la realidad del país y liderar desde convicciones religiosas personales entraría en conflicto directo con la urgente necesidad de implementar políticas de género activas y neutralizar los sesgos que limitan el potencial de las estudiantes.En lugar de invertir el capital político, tiempo y desgaste en una causa obsoleta, el Ministerio de Educación debería enfocarse en ampliar la cobertura y calidad de la educación inicial para cerrar brechas desde la primera infancia, y en actualizar los estándares de competencias para dotar a los estudiantes de verdaderas habilidades, en una estrategia nacional de nivelación académica para recuperar los aprendizajes perdidos, implementar sistemas de analítica predictiva para frenar la deserción escolar con enfoque de género, hacer obligatoria la educación media (grados 10º y 11º) para garantizar trayectorias completas, y articular un modelo de orientación socio-ocupacional que conecte a los jóvenes con el mundo laboral. Estas son las verdaderas y millonarias inversiones que pueden resolver la catástrofe que enfrentamos, no la imposición de convicciones personales. Sobran las razones para preocuparnos por el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación. Es una amenaza, un riesgo, un retroceso y una decisión desacertada para un país que ha estado, a pesar de su hegemonía conservadora, a la vanguardia de los derechos y las libertades que empiezan, sobre todo, en las aulas.La Silla VacíaLa Silla VacíaIniciar sesiónPublicado enRed de la EducaciónViviane Morales y el MinEducación: la educación necesita expertos, no milagrospor Mariana Sanz de Santamaríahace 12 horasMariana Sanz de Santamaría, creadora de la ONG Poderosas.Mariana Sanz de Santamaría, abogada, creadora de la ONG Poderosas.Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.No hay subsidios, carreteras, seguridad, crecimiento económico, metro o militarización que logren el desarrollo de un país tanto como la educación. No es algo que deba sustentar, es una verdad suficientemente demostrada. Nada puede cerrar las brechas de desigualdad ni garantizar el avance social y económico de una sociedad como lo hace la educación.La crisis de la educación en Colombia, honestamente, sí necesita de un milagro para ser solventada. Los resultados electorales nos prometen, en efecto, una “Patria Milagro”. Esta figura retórica da a entender que, como mínimo, dimensiona el reto y, asimismo, promete que ese milagro se alcanzará con rigor técnico, liderazgo, experiencia y una trayectoria robusta. Pero el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación es una amenaza para la educación colombiana. No tiene el perfil técnico que el sector exige y sus posiciones ideológicas sobre familia, sexualidad y religión agravan exactamente los problemas que más urgencia tienen. La crisis en datosHoy, si juntamos aleatoriamente a diez niños y niñas menores de diez años de colegios públicos, cinco de ellos no podrían entender un texto simple. Es decir, poder leer esta columna y entenderla —o a la edad adulta leer cualquier texto y entenderlo— lo podrá hacer la mitad de la población. Cerrar el rezago que viene de que un niño a los diez años no haya aprendido a leer y escribir bien implicaría una inversión y un acompañamiento nada menor y, por lo tanto, improbable de lograr. El 71 % de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel mínimo en matemáticas, según la Ocde, y el promedio nacional de las pruebas Saber 11 apenas se ubica en 254,2 puntos, es decir, un 50,84 % de respuestas correctas, según el Icfes. Los resultados de estas pruebas también muestran que la diferencia entre zonas urbanas y rurales aumentó a 26,1 puntos. Además, los datos muestran una brecha preocupante de 9 puntos en las pruebas Pisa 2022 y una brecha global histórica de 9,1 puntos a favor de los hombres en las pruebas Saber 11 de 2024, especialmente en áreas Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).El sistema educativo tiene una complejidad enorme en términos de inclusión y diversidad: el 59% de los colegios atiende a niños y niñas migrantes, el 24% a población indígena y el 72% a estudiantes con discapacidades documentadas según el Índice Welbin de 2024. Esto exige una pedagogía, una metodología y una infraestructura adecuadas para que esta riqueza sea precisamente eso y no un obstáculo para el aprendizaje.En infraestructura básica, el 79,5% de los colegios en la ruralidad no tiene internet y existe un déficit crítico de servicios básicos importante: el 11,7% de las sedes carece de acueducto y el 17,8 % no tiene energía eléctrica. En la ruralidad, la situación es extrema: el 71% de los colegios rurales no tiene agua potable para el consumo o la preparación de alimentos, de acuerdo con datos del Dane para 2025.Ahora, uno de los desafíos más latentes en la niñez y juventud es el bienestar socioemocional y salud mental. Como nunca antes los datos revelan una preocupante realidad que exige atención: según un estudio de Unicef de 2025, el 44,7% de los niños, niñas y adolescentes sufre afectaciones de salud mental graves. Esto se debe a múltiples causas, sobre todo la exposición a pantallas, redes sociales y la falta de redes de apoyo. De acuerdo con el Índice Welbin, solo el 56% de los colegios cumple con los estándares de bienestar socioemocional. Mientras los colegios privados tienen un orientador por cada 296 estudiantes, en el sector oficial la cifra promedio es de un orientador escolar por cada 557 estudiantes, llegando en algunos casos a 1.532 estudiantes por profesional.Todo esto sin abordar la crisis del Icetex, ni el bajo tránsito inmediato a la educación superior que hoy es menos de la mitad, (el 43,1% en 2023) y que el 46% de los jóvenes (cerca de 2 millones) no tiene acceso a este nivel educativo, ni la desfinanciación general, ni las necesidades en educación inicial y primera infancia, las tensiones políticas con el magisterio, los retos en evaluación y gobernanza, el déficit en ejecución del presupuesto en infraestructura, pues es más que evidente la alarmante necesidad de un perfil excepcional para liderar el Ministerio de Educación.El nombramiento de Viviane Morales podría llevar a retrocesosDe Viviane Morales resaltan su largo recorrido en el sector público y su carrera política, sus estudios y, si se quiere, sus impecables estándares morales y éticos. Eso puede ser verdad, pero a esta crisis no le sirve este perfil. No tiene experiencia como docente, ni como académica, ni cuenta con la formación integral para enfrentar los retos de la educación en Colombia. Jamás ha trabajado en el sector educativo, que es un sector complejo. Su trayectoria y las causas que ha defendido de manera reiterada, pública y con el aplauso de ciertos sectores políticos —como la defensa del modelo tradicional de familia, la oposición a la adopción igualitaria y a la educación integral en sexualidad, así como la penalización de los derechos sexuales y reproductivos— están lejos de ser soluciones para la crisis que vivimos; por el contrario, la ahondarían.Si ella lleva, como promete hacerlo, la gestión pública y ejecutiva —tan importante y determinante— del Ministerio de Educación con las propuestas que ha abanderado durante toda su carrera, tendríamos un problema. Y hacerlo no solo es preocupante, sino inconstitucional.Es tal la magnitud de la crisis en educación que la promesa de “la revisión de competencias en ética y valores” y “erradicar las ideologías en el aula” es lo que menos se necesita. Al contrario, implicaría retroceder en lo poco que hay de educación integral en sexualidad, por ejemplo, y sumaría a la crisis que ya se vive. Anualmente, hay una tasa de abandono escolar de aproximadamente el 34%. Las causas principales de esta deserción son la violencia por orden público, el trabajo infantil temprano, la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente. Además, el 46 % de los casos de violencia de género y sexual reportados en el país ocurre en población en edad escolar, registra el Índice Welbin y el Icbf.Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 71,6% de las niñas comienza su vida sexual antes de los 18 años sin haber recibido educación integral en sexualidad. Este porcentaje ha aumentado cerca de un 10% en los últimos diez años. Asimismo, el acceso a la información sobre sexualidad ha bajado un 10% en tan solo un año.A pesar de que la tasa de natalidad ha bajado globalmente, el embarazo infantil y adolescente no lo ha hecho en la misma medida, mucho menos en los sectores más vulnerables. El 16,4% de los nacimientos fueron de madres adolescentes entre 15 y 19 años, la segunda tasa más alta de Latinoamérica.El 55 % de las personas de la comunidad Lgbtiq+ reportó haber tenido pensamientos suicidas a lo largo de su vida y una de cada cuatro (25 %) intentó quitarse la vida por ser discriminada, según Colombia Diversa. Una realidad que afecta gravemente su asistencia escolar e incluso causa su deserción.Una revisión de 27 estudios en 13 países demostró que la educación integral en sexualidad(EIS) logra una postergación del inicio sexual en el 50% de los casos, reduce la frecuencia sexual en un 47% y disminuye el número de parejas en un 50%. El mismo informe señaló un aumento del 33% en el uso del condón. En programas específicos como “Ni ogros ni princesas” en España, el uso del preservativo en la última relación fue significativamente mayor en el grupo que recibió esta educación (81% frente a un 73%).En esta misma línea, las intervenciones educativas disminuyeron en un 25% las probabilidades de tener múltiples parejas y en un 34% las de iniciar relaciones sexuales desprotegidas, según un estudio de Flacso en Argentina. Además, la misma investigación indica que los jóvenes que se sienten seguros de saber cómo actuar ante la violencia, gracias a la EIS, tienen un 64% menos de probabilidad de enfrentarla y un 74,5% menos de riesgo de haber experimentado Violencia Basada en Género (VBG) en el último año.En Argentina, el acceso a la EIS permitió que el 47,8% de los adolescentes identificara situaciones de violencia propias y un 50,6% en sus amistades. En escuelas con EIS inclusiva, los planes de suicidio se redujeron en un 20% y disminuyó el acoso escolar.A nivel local, el programa educativo de la Fundación “Poderosas Colombia”, por ejemplo, logró reducir el embarazo adolescente en la isla de Barú en un 77%, de un año para otro. En promedio, en más de 500 adolescentes y jóvenes de ocho comunidades del país ha logrado aumentar el conocimiento sobre cómo prevenir un embarazo del 49% al 79%. Esto según el Índice de Poder de Decidir, un instrumento de evaluación construido junto a Cifras y Conceptos.La verdad es que, a pesar de que la Educación Integral en Sexualidad en Colombia es obligatoria por ley desde 1993 y está respaldada por múltiples leyes, sentencias de la Corte Constitucional e incluso estándares y tratados internacionales (por su inmenso impacto en el proyecto de vida, salud y bienestar del estudiantado), en los últimos dos años un 69,7% de los colegios no capacitó a su equipo docente en educación para la sexualidad ni en derechos sexuales y reproductivos. De hecho, solo el 33% de los colegios en Colombia cumple con los estándares idóneos en esta materia y en igualdad de género, se registró en el Índice Welbin para 2024.Según el ordenamiento jurídico colombiano, la EIS debe ser un proyecto pedagógico transversal a lo largo de la trayectoria escolar y formar parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de todos los colegios, con especial énfasis en la prevención de la violencia sexual, del embarazo adolescente y de la discriminación hacia la comunidad Lgbti+. Pero eso no es una realidad.En Colombia no hay adoctrinamientoNo es una realidad que en Colombia haya adoctrinamiento, imposición de la “ideología de género”, marxismo o comunismo en las aulas. Es más, en el país no existe un currículo nacional homogéneo: priman la autonomía institucional y la libertad de cátedra. El Ministerio de Educación emite directrices generales que orientan los procesos curriculares en las áreas fundamentales, pero cada colegio tiene autonomía para construir su propio PEI. Los Estándares Básicos de Competencias (EBC) son criterios públicos que definen qué deben saber y saber hacer los estudiantes en un conjunto de grados para nivelar la calidad educativa, mientras que los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) aterrizan y complementan dichos EBC.Entonces, la propuesta de Morales de “sacar a Marx de las aulas y meter a Dios” no solo parte de una premisa falsa, sino que vulnera un principio básico del sistema educativo y del Estado Social de Derecho que es Colombia como un Estado laico. Incluso, vulnera la Ley de Libertad de Cultos que ella misma promovió (Ley Estatutaria 133 de 1994).El proyecto político de Patria Milagro habla mucho de reducir los costos del Estado. Si ese es realmente el objetivo, la inversión en EIS —y no la oposición a ella— es la mejor decisión costo beneficio posible: la inversión en prevención, pilar fundamental de la EIS, genera retornos masivos a corto y largo plazo. Estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) indican que por cada dólar invertido en la prevención del embarazo adolescente se obtiene un retorno de entre 15 y 40 dólares, dependiendo del país.Por el contrario, no hacerlo o prohibirlo tiene un costo altísimo: en 15 países de América Latina y el Caribe, el embarazo adolescente representa un costo de oportunidad total anual de 15.357 millones de dólares, lo que equivale, en promedio, al 1% del PIB combinado de esos países. El 88,2% de este costo recae sobre las mujeres (13.538 millones de dólares) debido a la brecha en ingresos laborales, el desempleo y la deserción educativa. Los Estados pierden anualmente 1.818 millones de dólares entre gastos directos en salud y la recaudación de impuestos no percibida por la menor productividad de las madres jóvenes. Evidentemente, esto no aportaría mucho a la promesa de prosperidad económica de De la Espriella.Podemos tomar como ejemplo el caso de Argentina. El presidente Milei, en la misma línea de Viviane Morales, fue recortando el ya limitado presupuesto que tenía la EIS desde 2024, y para 2025 no le asignó nada, sumado a los recortes en los servicios de salud sexual y reproductiva. El efecto es casi inmediato: al desplome en la entrega de anticonceptivos se suma una caída del 100% en la distribución de medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como el misoprostol y la mifepristona (pasando de 106.737 tratamientos en 2023 a ninguno en 2024). Los especialistas ya han advertido que, sin herramientas para prevenir el embarazo y sin acceso a medicamentos para el aborto legal, los embarazos no intencionales se convertirán, inevitablemente, en maternidades forzadas. Esto truncará el proyecto de vida y la educación de las adolescentes. Las organizaciones de la sociedad civil ya han alertado que los casos han aumentado significativamente; según datos de los Centros Comunitarios de Salud Sexual de AHF Argentina, se registró un aumento del 51,5% en los diagnósticos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre enero y septiembre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023, según Amnistía Internacional.Entonces queda la defensa de la familia tradicional. Los estudiantes que atiende el sistema educativo, por más católicos, cristianos, evangélicos o ateos que sean, crecen muchas veces en familias monoparentales. Exactamente el 24,3% de los hogares responde a esta estructura de acuerdo con cifras recientes del Dane, y de estos, más de 4,7 millones están encabezados por madres solteras. Esta realidad exige un enfoque diferencial en el sistema educativo y un refuerzo en la atención a estos estudiantes.Promover una idea de familia que no refleja la realidad del país y liderar desde convicciones religiosas personales entraría en conflicto directo con la urgente necesidad de implementar políticas de género activas y neutralizar los sesgos que limitan el potencial de las estudiantes.En lugar de invertir el capital político, tiempo y desgaste en una causa obsoleta, el Ministerio de Educación debería enfocarse en ampliar la cobertura y calidad de la educación inicial para cerrar brechas desde la primera infancia, y en actualizar los estándares de competencias para dotar a los estudiantes de verdaderas habilidades, en una estrategia nacional de nivelación académica para recuperar los aprendizajes perdidos, implementar sistemas de analítica predictiva para frenar la deserción escolar con enfoque de género, hacer obligatoria la educación media (grados 10º y 11º) para garantizar trayectorias completas, y articular un modelo de orientación socio-ocupacional que conecte a los jóvenes con el mundo laboral. Estas son las verdaderas y millonarias inversiones que pueden resolver la catástrofe que enfrentamos, no la imposición de convicciones personales. Sobran las razones para preocuparnos por el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación. Es una amenaza, un riesgo, un retroceso y una decisión desacertada para un país que ha estado, a pesar de su hegemonía conservadora, a la vanguardia de los derechos y las libertades que empiezan, sobre todo, en las aulas.

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